SEGURIDAD SOCIAL

Los cambios cosméticos en el borrador de las pensiones impiden un acuerdo unánime de los expertos

El Gobierno y la patronal del seguro dan sus pautas para la reforma de las pensiones

La semana de prórroga que los 12 expertos designados por el Gobierno se dieron para intentar alcanzar un acuerdo unánime sobre el factor de sostenibilidad –la base para una nueva reforma de las pensiones– no ha dado fruto. El borrador que hoy discutirá el comité de sabios en su última reunión no ofrece cambios sustanciales sobre el anterior. Por lo que es previsible que se mantenga el rechazo inicial de tres de ellos: el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga; el director del gabinete económico de CCOO, Miguel Ángel García Díaz, y el catedrático de la Complutense José Luis Tortuero.

Según las fuentes consultadas, el texto sólo ha “suavizado” el lenguaje y modificado “cuestiones de forma”. Pero la esencia no cambia: el factor de sostenibilidad recortará las pensiones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. Un diseño que rechazan los tres expertos citados.

A su juicio, la segunda fórmula excede de lo que es un factor de sostenibilidad puro. Y la aplicación del primero debería respetar los plazos fijados en la Ley 27/2011, la última reforma de las pensiones: a partir de 2027. La mayoría de los expertos, por el contrario, prefiere que ambas fórmulas entren en vigor con carácter inmediato. En 2014 el mecanismo de ajuste según los ingresos y gastos del sistema, y ese mismo año también, pero sin que sea efectivo hasta 2019, el relacionado con la esperanza de vida.

Desaparece el tope de crecimiento

El único cambio destacable, explican las fuentes, es la supresión en este último borrador del techo que se había establecido para revalorizar las pensiones según los ingresos y gastos de la Seguridad Social cuando regrese el crecimiento económico. La idea era poner un tope para que no se actualizaran por encima del IPC cuando la economía recupere el tono. Finalmente, tampoco se ha tocado la fórmula de este segundo factor, que a algunos de los expertos les parecía demasiado complicada.

En cualquier caso, la introducción del factor se traducirá en una caída de las pensiones reales. De hecho, el texto admite que el factor de sostenibilidad tal y como ha sido diseñado tendrá un impacto "significativo" sobre la tasa de sustitución, el cociente entre el último salario cobrado por el trabajador y la pensión que percibe al jubilarse. "Aunque se revalorice en términos reales, perderá en términos relativos respecto a los salarios", explican las fuentes.

Y es ahí donde no entran los tres expertos discrepantes. Creen que debe garantizarse la suficiencia de la pensión y que con el Fondo de Reserva –63.469 millones de euros– se pueden cubrir los problemas derivados de la coyuntura económica, de la falta de cotizantes producida por el aumento del paro. También defienden que el Estado aumente los ingresos del sistema, una opción que rechaza el Gobierno, sólo comprometido con la reducción del gasto.

Ahora, el Pacto de Toledo, patronal y sindicatos

El informe que hoy entregue el comité será remitido “automáticamente” a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sin revisión alguna por parte del Gobierno, según adelantó esta semana el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Lo hará con una semana de retraso sobre el calendario previsto. También recibirán el documento la patronal y los sindicatos, reunidos en otra mesa de negociación con el Ministerio de Empleo, que se encarga de diseñar un nuevo mecanismo para calcular la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El anterior acaba de ser anulado por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno quiere contar con el acuerdo de los grupos parlamentarios y los agentes sociales a fin de poner en marcha la reforma de las pensiones que le exige Bruselas para antes de finalizar el año. De ahí que el propio Tomás Burgos destacara el interés del Ejecutivo en que el documento de los expertos “incorpore las máximas sensibilidades posibles”. También fue la petición que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hizo a los sabios el día de su primera reunión: un texto unánime. Los cambios introducidos durante esta semana en el borrador del informe intentaban sumar al acuerdo a los sabios discrepantes. No parece que lo hayan conseguido.

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