LOS ABUSOS DE LAS GRANDES EMPRESAS

Los 45 millones de Pallete avivan el debate sobre si se deben imponer topes a los despidos de altos ejecutivos

El expresidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Los relevos en la alta dirección de las empresas siempre suelen ir acompañados de altísimas indemnizaciones. En Telefónica, el caso más reciente, José María Álvarez-Pallete recibirá alrededor de 45 millones tras dejar la compañía. El suyo no es un caso excepcional, César Alierta, el predecesor de Pallete, recibió 54,2 millones cuando salió de la compañía; Pablo Isla cobró en 2022 un finiquito de 26,9 millones de euros al dejar Inditex; Francisco González obtuvo más de 100 millones por su salida del banco BBVA en 2018; Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco Santander, se embolsó 108 millones. Sus retribuciones incluyen planes de pensiones, compensaciones por pactos de no competencia, acciones, primas sobre la producción, etc.

Las cifras son astronómicas y tras conocerse el acuerdo de Telefónica, algunas voces como la del portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han pedido que se limiten estas retribuciones por ser “escandalosas”

En el caso de José María Álvarez-Pallete, el informe de remuneraciones del consejo recoge que el presidente mantiene las condiciones bajo las que se había cesado a su predecesor. En este caso, la indemnización puede alcanzar cuatro anualidades de compensación, que sumarían 23,3 millones. Por otro lado, el directivo también tendría un paquete de acciones por más de 9 millones y un plan de retribución de algo más de 12 millones. En total, el dinero que recibirá a su salida de la compañía de telecomunicaciones asciende a 45 millones. Además, el documento recoge un pacto de no concurrencia, es decir, en el caso de los consejeros ejecutivos, no permite que tras su salida de la empresa presten sus servicios a otras compañías “idénticas o similares”, ya sean nacionales o internacionales en un plazo de dos años tras la finalización del contrato.

El personal de alta dirección constituye una relación laboral especial en España, es decir, por las peculiaridades del puesto que desempeñan, son contratos a los que se aplica una normativa propia, recogida en el Real Decreto 1382/1985. En el texto legal se explica que “la relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán en el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe”, es decir, que las cláusulas se adaptan a las estrategias de cada compañía. Además, se contemplan cláusulas de exclusividad y un plazo de preaviso de 3 meses en caso de que alguna de las partes quiera extinguir la relación laboral.

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Por otro lado, en el caso de los directivos, las empresas en cuestión no está obligada a alegar causa alguna para el despido y los finiquitos son especialmente complejos, ya que puede haber pactadas cláusulas particulares. En el caso de un trabajador normal, si se observan los datos relativos a 2022 publicados por el Ministerio de Trabajo, la indemnización media por despido que recibieron los 528.413 empleados despedidos durante ese periodo se estima en 8.251 euros.

Consecuencias en la cotización

Las salidas de los directivos son más sensibles en el caso de empresas cotizadas y suelen provocar alteraciones en bolsa. “El relevo en la presidencia, con la llegada de Marc Murtra añade incertidumbre, especialmente en un momento en el que el mercado sigue evaluando la capacidad para equilibrar la reducción de deuda con la generación de valor para los accionistas”, señala Javier Molina, analista senior para la plataforma de inversión eToro. En el caso de Telefónica, tras conocerse la noticia, la empresa retrocedió en el Ibex 35 en torno a un 2,7% durante el lunes. Indra, en cambio, asciende en el selectivo un 2,9% y firma el mejor resultado del día, tras cederle su presidente actual, Marc Murtra, a Telefónica y poner en su lugar a Ángel Escribano. De todas formas, apunta el analista de eToro, es importante “no dejarse llevar por el ruido del mercado y centrarse en cómo Telefónica afronta un futuro lleno de incertidumbres”. 

En relación con esto, fuentes de la vicepresidencia segunda, que ostenta Yolanda Díaz, señalan que la prioridad “no ha de ser el valor de cotización de la acción en bolsa, sino asegurar el acceso universal vertebrando el territorio y asegurando que empresas y ciudadanos disponen de acceso a servicios de calidad con precios asequibles” y ponen el acento en la importancia de la participación pública en la compañía, que ostenta la SEPI. Además, las cantidades astronómicas que se manejan en estos acuerdos han provocado reacciones en otros representantes de Sumar. “Estas indemnizaciones están en el origen muchas veces de la brecha y del aumento de desigualdad de renta en nuestro país, y operan además como un incentivo a la mala gestión en las empresas”, ha dicho en rueda de prensa Ernest Urtasun. En este sentido, el grupo parlamentario Sumar ha propuesto limitar estas compensaciones por ley, aunque no ha detallado como se llevaría a cabo.

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