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LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

España cuadriplicó en 2016 sus inversiones en paraísos fiscales

Un banco en el paraíso fiscal de Bahamas.

España invierte en paraísos fiscales uno de cada cuatro euros. Es un 27% más del dinero que destina a América Latina y el Caribe, según los datos del Ministerio de Economía correspondientes a 2016. Pero, además de por su volumen, la inversión española en estos países con baja o nula tributación y opacidad fiscal es significativa por su dinamismo: sólo en 2016 se ha multiplicado por cuatro, mientras que la inversión total de España en el exterior sólo ha crecido un 20%. Esto es, en el último año medró 15 veces más.

En sentido inverso, también es sustancioso el capital que entra en España utilizando paraísos fiscales. Un 54% de las inversiones recibidas en 2016 fueron canalizadas a través de 15 centros offshore en 2016, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía que utiliza la ONG Oxfam Intermón en su último informe, El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad.

El estudio señala como los 15 paraísos fiscales “más agresivos” a Bermudas, Caimán, Singapur, Curaçao, Hong Kong, Bahamas, Barbados y Mauricio, además de los situados en Europa: Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Jersey y el territorio británico de ultramar de las Islas Vírgenes, así como Suiza –que no es un Estado miembro de la UE–. Oxfam destaca que sólo cuatro de estos territorios –Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Caimán y Mauricio– figuran en la lista española de paraísos fiscales que, según denuncia, “se ha ido vaciando peligrosamente en pocos años”. Es decir, las inversiones españolas dirigidas a los restantes 11 países escapan de cualquier escrutinio por parte del Ministerio de Hacienda.

No obstante, el aumento de los flujos de capital hacia paraísos fiscales es una tendencia global. El informe de Oxfam destaca que desde 2008 han crecido un 45%, más del doble de lo que ha medrado la economía mundial en ese periodo. Desde 2001, la inversión internacional en territorios offshore se ha cuadriplicado. Según explican sus autores, este flujo de dinero forma parte de una “economía ficticia”. Una buena prueba, señalan, es el hecho de que las islas Caimán recibieran en 2016 cinco veces más inversiones extranjeras que China, que posee un PIB 3.500 veces mayor. O que a las islas Bermudas lleguen capitales por un importe 4,5 veces superior al percibido por Argentina, México y Brasil juntos, según revelan las bases de datos del FMI. La razón es que los paraísos fiscales se utilizan cada vez más como “países puente” de la inversión.

Por ejemplo, Holanda se ha convertido en el segundo inversor en América Latina y el Caribe, e incluso resulta ser el primero en Brasil, con un 20% de la inversión directa extranjera en ese país.

Los agujeros negros europeos

Holanda, uno de los Estados fundadores de la UE, no aparece en ninguna lista de paraísos fiscales –en la elaborada por la OCDE sólo figuran dos países: Nauru y Niue, dos islas del Pacífico sur–. Pero lleva años en el centro del escrutinio de expertos fiscales, ONG e incluso gobiernos por la laxitud de su sistema tributario. Oxfam asegura que más de la mitad de las empresas del índice Fortune 500 –las mayores compañías de EEUU– tienen al menos una filial en Holanda. Según un informe de la Universidad de Amsterdam también citado por la ONG, el 23% de la inversión mundial dirigida a un paraíso fiscal se canaliza a través de Holanda. Y termina en Chipre o en Bermudas.

Otro tanto ocurre con Irlanda, puente habitual del dinero de empresas estadounidenses y japonesas hacia Luxemburgo. O con Reino Unido, que sirve de trasbordo para las inversiones destinadas a Hong Kong, Jersey, Guernsey o Bermudas.

Ambos países han terminado en el disparadero de las mismas autoridades de la UE, tras desvelarse los acuerdos que firmaron con la multinacional Apple, en el caso irlandés, y con decenas de empresas en el luxemburgués. Mientras Bruselas exige a Dublín que reclame a la empresa de Tim Cook el pago de 13.000 millones de euros por los impuestos no abonados desde 1991, los tax rulings o acuerdos secretos que el Gobierno del Gran Ducado firmó con 350 multinacionales entre 2002 y 2010 quedaron al descubierto con los documentos de Luxleaks, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En ese periodo estaba al frente del Ejecutivo luxemburgués el ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Las empresas pagan menos impuestos, las familias más

En su informe, Oxfam denuncia que a través de estos “grandes agujeros negros de la fiscalidad internacional”, como llama a los paraísos fiscales, se escapan miles de millones de euros. Las grandes empresas y las grandes fortunas los utilizan para desviar beneficios y capitales que deberían tributar en los países donde se originan. Así, mientras las ganancias de las principales empresas del mundo se han más que triplicado en términos reales durante los últimos 30 años –de dos billones de dólares a 7,2 billones–, los tipos nominales en el impuesto de sociedades, sólo en los países del G20, los más ricos, han caído del 40% al 30%. Y la recaudación: los ingresos por los tributos sobre los beneficios empresariales han pasado de equivaler el 3,6% del PIB mundial en 2007 al 2,8% en 2014, según los datos de la OCDE.

Lo mismo ha sucedido en España. Los ingresos  por el impuesto de sociedades han descendido entre 2007 y 2016 en 23.145 millones de euros. La brecha de recaudación de España respecto a los países de la zona euro es de 6,3 puntos porcentuales. La culpa debe atribuirse a la crisis, que hundió a las empresas en pérdidas, pero también a las reformas fiscales que se han sucedido cuando la economía recuperó el crecimiento. Oxfam recuerda que los tipos nominales del impuesto de sociedades se han reducido en 10 puntos durante la última década.

El resultado ha sido que los ingresos por este impuesto a las empresas han perdido peso en la recaudación fiscal total. También en el resto de Europa. Como consecuencia, la carga tributaria se ha desplazado a los impuestos que gravan el trabajo y el consumo, alerta el informe. Si en 2007 el esfuerzo fiscal de las familias era del 73,88%, en 2016 ascendía al 83,3%, casi 10 puntos más, según calcula Oxfam a partir de las cifras de los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, el esfuerzo fiscal de las empresas ha caído del 22,34% hace 10 años al 11,64% en 2016, se ha reducido casi 11 puntos. Por lo que al IVA se refiere, el tipo general ha aumentado cinco puntos desde 2007.

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Fracaso en la redistribución de la renta

Los impuestos son uno de los mecanismos de redistribución de la renta que poseen los Estados. Pero en el caso español, su capacidad se ha visto limitada a la vista de los datos. De ahí que, resalta el informe, España sea el segundo país de la UE, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad desde 2008donde más ha crecido la desigualdad desde 2008, 20 veces más que la media europea. La recuperación macroeconómica no se ha trasladado a las economías familiares. En parte, dice Oxfam, por culpa de un “sistema fiscal injusto y lleno de agujeros”. Los impuestos españoles son ocho puntos menos eficientes que la media europea a la hora de reducir la desigualdad de mercado. Tan sólo Letonia, Bulgaria, Estonia, Rumanía y Lituania lo hacen peor. En cambio, Dinamarca, Finlandia y Suecia han recortado a la mitad la desigualdad gracias a sus sistemas fiscales. Portugal, que sufre la desigualdad bruta más alta de la UE, ha encogido la brecha más de un 40% haciendo uso de sus mecanismos impositivos.

La merma de recursos que suponen la evasión fiscal y la elusión –la ingeniería tributaria– a través de centros offshore y países con bajos impuestos impide a los Estados financiar políticas que redunden en una mayor equidad. Para pagar la renta básica universal, explica Oxfam, se calcula que harían falta unos 12.000 millones de euros, la mitad de los casi 24.000 millones que ha dejado de ingresar Hacienda por el impuesto de sociedades desde 2007. Con los 100.000 millones de dólares en impuestos que los países en desarrollo pierden cada año a través de paraísos fiscales, se podría prestar asistencia sanitaria a seis millones de personas y escolarizar a 124 millones de niños.

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