Mercados

El Gobierno ignora a los órganos supervisores de los mercados al reformar sectores clave

La CNMV sancionará a nueve grupos financieros por la venta de preferentes

Las últimas reformas aprobadas por el Gobierno en sectores clave, desde la energía al sistema financiero, revelan que los órganos encargados de supervisar el funcionamiento de los mercados han perdido peso. Con la reforma de la ley concursal, el Ministerio de Economía ha ignorado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha comprometido al Banco de España; con la reforma del mercado eléctrico, el Ministerio de Industria ha obligado a tomar partido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (que anuló en horas la subasta trimestral de diciembre) y con la decisión de facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña, ha puesto en un brete al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Consejo ha relevado a dos inpectores para facilitar el proceso, según fuentes internas del organismo. Oficialmente, el CSN sostiene que los relevos se ajustan escrupulosamente a la normativa del consejo.

La procesión va por dentro. Basta con preguntar en la CNMV o en el Banco de España para detectar que el ninguneo del Gobierno ha incomodado. "Preocupación", "intervenciones poco afortunadas por parte del ministerio (de Economía) y "malestar" son expresiones que afloran a poco que se rasque en la valoración oficial.

La última reforma que ha comprometido la imagen de independencia de los supervisores ha sido la que afecta a la ley concursal (Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Comercial). En virtud del decreto, la conversión de deuda en capital en una empresa por parte de los acreedores no supondrá, como hasta ahora, la obligación de lanzar una oferta de compra (OPA) al superar un porcentaje del 30%. La CNMV había advertido de esa obligación hacía apenas unas semanas alertada por la acción de los fondos llamados "buitre" en el tejido empresarial necesitado de crédito.

Encargo al Banco de España

Al explicar la norma, el Ministerio de Economía, "encargó" al Banco de España que gestionara en la banca la transformación de créditos "dudosos" en "viables" dentro del proceso de refinanción, con el consiguiente impacto en las provisiones. El encargo se entendió, con razón, como una injerencia en las funciones del Banco de España, cuya autonomía está garantizada por ley desde el año 1994.

Aunque el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha alabado la reforma de la ley concursal, en la entidad se admite que el Ministerio de Economía no estuvo afortunado a la hora explicar el papel reservado al regulador financiero en la reforma. Sencillamente, quedó la idea de que el ministerio daba órdenes a la institución, Una mala imagen.

En la CNMV, la merma de competencias que supone la reforma de la ley concursal no se entiende como tal. "Lo que preocupa a la comisión" sostiene un portavoz "es la protección del pequeño inversor en decisiones (en alusión a los procesos de recapitalización) muy complejas". La CNMV, en todo caso, sí manifestó al Ministerio de Economía su preocupación en el proceso de elaboración de la nueva norma, según sostienen otras fuentes del organismo.

Pero donde más se está notando el efecto llamado "captura del regulador""captura del regulador" que preocupa incluso en Bruselas, es en el sector energético. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es un buen ejemplo.

Decisión criticada

El presidente del CSN, Fernando Martí, en una decisión muy criticada internamente, ha decidido relevar a los dos inspectores que han supervisado durante años la central nuclear de Santa María de Garoña: Inmaculada Córdoba, jefa de servicio durante casi 20 años y Alfredo Mozas, inspector residente.

La decisión del relevo, sostienen fuentes del organismo, está directamente relacionada con el proceso de reapertura de la central y la extensión de su vida útil más allá de 40 años que impulsa el Gobierno. El portavoz oficial del Consejo lo niega. Los relevos, sostiene, se ajustan a la normativa. En un caso, el de Mozas, el relevo era obligado por plazo (10 años en el cargo) y en el otro, el relevo siguió el cauce habitual y fue aprobado sin oposición.

Con todo, la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quedó en entredicho en 2013, al debatir los informes que debían facilitar la reapertura. En julio, con un voto particular en contra (el de la consejera y ex ministra socialista Cristina Narbona) se abrió la puerta a la reapertura de la central, la más antigua de España (1971). Narbona había denunciado previamente que Industria había efectuado "una presión intolerable" sobre el CSN y sus técnicos, para imponer una decisión de carácter político.

El difícil equilibrio entre decisiones técnicas e interés político se está poniendo a prueba también en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMV) el superregulador que agrupó, entre otros organismos, a la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Respuesta inmediata

La nueva CNMC ha respondido casi de forma inmediata a las peticiones de actuación en el mercado eléctrico por parte del Ministerio de Industria (anuló la subasta eléctrica Cesur de diciembre) mientras mantiene al ralentí la resolución de expedientes a las petroleras.expedientes

Las últimas declaraciones del presidente de la CNMV, José María Marín Quemada, han soliviantado al sector de las energías renovables. En opinión de asociaciones como Anpier o APPA, Marín Quemada ha asumido las tesis del Ministerio de Industria al asegurar públicamente, en un acto informativo, que los productores de renovables deben ser conscientes de que las inversiones que realizaron con rentabilidades "del 25%" también están sometidas a "riesgo regulatorio".

"Hay personas que tomaron decisiones empresariales con un boletín oficial sin entender que existe una cosa que es el riesgo regulatorio", afirmó Marín Quemada.

Frente a las declaraciones del presidente de la CNMC, APPA recuerda que "la CNMC es un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido a control parlamentario". 

El debate en torno a la independencia del superregulador viene de atrás. De antes incluso que su nuevo presidente mostrara públicamente su apoyo a las decisiones del Gobierno. En julio de 2013, antes de que se constituyera el nuevo organismo, la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) alertó de que su estructura podía compormer su independencia.  "Hay una serie de factores que debilitan la capacidad e independencia del órgano instructor" sostenía la CNC. Entre ellos mencionaba la disminución de subdirecciones y la duración de los procesos.

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