IU anuncia acciones para "erradicar la vergonzosa situación" que permite a las grandes empresas eludir las sanciones de la CNMC

Izquierda Unida prepara, a través de su responsable federal de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, actuaciones políticas que luego traducirá en una batería de iniciativas parlamentarias para "erradicar la vergonzosa situación" que permite a las grandes empresas eludir —en la mayoría de los casos— o retrasar en los tribunales las sanciones económicas que les impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas irregulares.

Así lo indicó este miércoles la formación a través de un comunicado, en el que expuso que, en sus cuatro años de funcionamiento, la CNMC apenas habría logrado cobrar un 3% del importe de las sanciones que impone: 29,8 millones de euros de los 983 que pretendía recaudar. "Es imprescindible actuar en materia legislativa y modificar de manera sustancial la actuación de un regulador que no está cumpliendo con los objetivos que tiene encomendados", sostuvo Sánchez Mato.

El dirigente federal de IU detalló que, aunque las razones de los rechazos de las sanciones "no son generalizables", para su partido "sí" existiría "un patrón claro en todos los casos": "Una regulación ya de por sí laxa que beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la mayoría social, acompañada de una interpretación de la normativa que permite, en la práctica, patente de corso a quienes tienen toda la capacidad de influir de manera decisiva en las leyes, en los organismos reguladores, en cómo se preparan los expedientes de sanción y hasta en la administración de justicia".

Además, para Sánchez Mato no solo "resulta escandaloso" el escaso porcentaje de recaudación, también la dilatación de los procesos de cobro que, según los propios cálculos de la CNMC, se demorarían "entre 8 y 10 años". "Las grandes compañías y multinacionales son las que tienen la sartén por el mango de la justicia", manifestó.

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Del mismo modo, advirtió de que las empresas recurren "sistemáticamente" las sanciones a la Audiencia Nacional, que, explicó, "suele suspender provisionalmente el pago en más del 80% de las ocasiones", para que después se inicie "un largo periplo judicial que, si culmina en un fallo contrario de esta instancia a la sanción, lleva al recurso al Tribunal Supremo, con una nueva dilatación temporal".

Pero la judicialización de las sanciones, señaló, "no solo" suele favorecer a las grandes empresas afectadas "para dilatar el pago de las multas": "En el último mes la Audiencia Nacional ha emitido fallos en 36 casos que revisan o suspenden las decisiones de la CNMC por errores casi siempre formales. Ello acarrea más de 170 millones de euros en multas que quedan en el aire o que se perderán definitivamente", mantuvo.

Entre los casos más significativos, la formación recordó la anulación, conocida este martes, de la sanción de 120 millones de euros contra Telefónica Móviles, Vodafone y Orange por abuso de su posición al aplicar precios excesivos a los servicios de mensajes cortos (SMS y MMS), así como el rechazo, debido a un defecto de forma, de la multa de 22,5 millones de euros impuesta a Repsol por infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos en las relaciones con sus estaciones de servicios.