Sumar presiona al PSOE para que los caseros que pongan precios abusivos pierdan todos los beneficios fiscales

Si el precio del alquiler de viviendas en España escaló más de un 10% en 2023 y arrendar una en diciembre costó 12,1 euros por metro cuadrado, según un informe del portal Idealista, 2024 no ha empezado con ese coste a la baja. En enero subió un 5,1% respecto al mismo mes de 2023 y un 1% en relación al mes anterior, situando su precio en 11,78 euros el metro cuadrado, lo que representó la cuantía más elevada desde 2006, a la luz de los datos del índice inmobiliario Fotocasa. El mercado inmobiliario no da tregua. El alza alcanzó a todas las comunidades y en cinco de ellas se superaron los precios máximos del alquiler por metro cuadrado al mes, fueron en concreto Madrid, donde se anotaron 17,63 euros; Cataluña, con 16,14; Valencia, territorio en el que se llegó a los 11,67 euros; Navarra, con 11,37; y Asturias, región en la que se registraron 9,51 euros.

En ese contexto, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha instado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a publicar "ya" el índice de precios de referencia de alquiler y que sirva para limitar la subida de grandes propietarios y "fondos buitre".

"Vamos tarde y hay que reconocerlo, se debe publicar ya", ha urgido Vidal desde la cámara baja, para afirmar luego que, aunque el PP "bloquee" la Ley de Vivienda que se aprobó en mayo del pasado ejercicio a nivel autonómico, hay administraciones que "quieren aplicar ese índice" para hacer frente al problema del acceso a una casa en España.

Desde Sumar recuerdan que el indicador está vinculado tanto a la nueva ley, como al acuerdo de gobierno suscrito entre esa formación y el PSOE, en el que se recogían hasta catorce medidas asociadas a la Vivienda, entre ellas la obligación de definir el índice “con carácter inmediato” para determinar zonas tensionadas por los altos precios. Su portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso, Carlos Martín Urriza, asevera a infoLibre que Sumar pretende que se haga público "el alquiler también, porque el índice sólo va a dar una variación”. “Nos gustaría -se explica- que se expresase en términos de alquiler medio para que lo entienda la gente y que se publique por barrios, al menos en las zonas tensionadas de las grandes ciudades, aunque haya un índice general por provincias o por comunidades autónomas. No es lo mismo en Madrid, por ejemplo, el barrio de Aluche que el de Salamanca”, mantiene. 

La vivienda es uno de los conceptos que la formación que lidera Yolanda Díaz está utilizando para marcar discurso propio y para presionar al PSOE. Por lo expresado por Martín Urriza, no parece que las tensiones en torno a ese asunto vayan a evaporarse pronto. El anterior Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez arrancó actuaciones sobre el índice de precios antes de la escisión del antiguo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en dos: el área de Transportes que encabeza Óscar Puente y la de Vivienda y Agenda Urbana dirigida por Isabel Rodríguez. La cartera de esta última trabaja ahora para llegar a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, que ya tenía su propio indicador, para complementar los recursos de ambas administraciones. De hecho, Cataluña ya intentó regular los precios de los alquileres a través de una ley del Parlament, pero el Tribunal Constitucional tumbó parte de su articulado. Además, la Generalitat identificó 140 municipios como zonas tensionadas en 2023. Fuentes del ministerio apuntan que están afinándose los últimos flecos técnicos y creen que es posible alcanzar el pacto entre ambas administraciones, por lo que no se “plantean otras opciones”. En cualquier caso, garantizan que el índice de precios de referencia de alquiler se lanzará en febrero, dado que es “el compromiso de la ministra”. Si bien, será común para toda España, según lo trasladado por las fuentes consultadas, exceptuando el País Vasco y Navarra, que al ser territorios forales contarán con el suyo propio cada una.

¿Contribuirá su publicación a bajar los precios del alquiler? “El índice sin hacer nada más será como el observatorio de márgenes -empresariales-", reconoce Martín Urriza, para encadenar que aquél “es sólo un instrumento de política económica” que Sumar demanda “para establecer precios máximos de referencia por zonas, conociendo el alquiler que se está pagando”. Pero su intención no acaba ahí: “Si los caseros los colocan por encima, planteamos eliminar las bonificaciones fiscales que se reciben. Tanto en el IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- como las Socimi –sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria– tienen regímenes de deducciones fiscales por los alquileres y queremos que las bonificaciones se reserven sólo a quienes sitúen su alquiler en el mismo nivel o por debajo de esos precios de referencia”, deja claro.

Alquileres de temporada y de renta antigua, también en el rádar de Sumar

Más allá de la herramienta reclamada con urgencia, Aina Vidal ha apremiado al Ejecutivo para que regule los alquileres de temporada, al entender que son "la puerta de entrada" para vulnerar la Ley de Vivienda. Le ha pedido, asimismo, que vigile más los alquileres de renta antigua, que muchos administradores de fincas han aprovechado, según la portavoz adjunta de Sumar, "para estafar" a los inquilinos y aumentarles la renta más de un 20% en varios casos. De ahí que Vidal considere que Vivienda deba "tomar cartas sobre el asunto" y emitir una circular que informe a inquilinos y a administradores de fincas de que el máximo que se puede acrecentar el alquiler es un 2%, de acuerdo a lo recogido por Ep. Aunque ese tope estuvo en vigor en 2022 y durante todo 2023, ya que la subida de los alquileres se actualizó con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), cuyo valor máximo legal no puede superar el 2% por medidas impulsadas por el Gobierno; pero eso ha cambiado. En 2024, arrendador y arrendatario podrán negociar el incremento a aplicar en la renta anual, pero si no hay pacto, el encarecimiento no podrá ser mayor del 3%, conforme a lo reflejado en la ley. La formación de Díaz trasladará al ministerio todos los puntos desgranados a través de una batería de preguntas parlamentarias.

De su lado, Rodríguez, ha asegurado en el Senado que el Ejecutivo explora toda la competencia con la que cuenta para que los recursos y las promociones públicas no acaben enriqueciendo a "unos pocos" y se "regalen a los fondos buitre". Ha destacado igualmente que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha permitido acordar la construcción o rehabilitación de 22.242 viviendas energéticamente eficientes con ayuntamientos y comunidades autónomas.