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INVESTIGACIÓN

El negocio de la banca con empresas cómplices de la deforestación del Amazonas: 8.500 millones desde 2013

Los incendios intencionados están acabando con miles de hectáreas en la Amazonia.

Los bancos españoles destinaron un total de 8.762,26 millones de dólares –8.481,74 millones de euros– a financiar a empresas relacionadas con la deforestación del Amazonas entre 2013 y septiembre de 2022. Es la mitad de los 17.516,28 millones que la banca europea dedicó a este fin, según la investigación coordinada por el digital francés Disclose y el brasileño Repórter Brasil, y publicada por infoLibre en España, Die Welt en Alemania y L'Espresso en Italia. Las españolas son, de hecho, las entidades financieras europeas que más han ayudado a este tipo de empresas, por delante de las holandesas, que aportaron a actividades ligadas a la destrucción de la Amazonía 7.270 millones de dólares en la última década.

La investigación ha utilizado la base datos elaborada por Forests & Finance, una iniciativa de organizaciones activistas y de investigación como Rainforest Action Network, TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, Sahabat Alam Malaysia y Friends of the Earth US. Los datos se han elaborado a partir del análisis de 13.279 transacciones financieras de 230 bancos radicados en 17 países europeos. A su vez, las operaciones se han recopilado de las bases de datos financieros de Bloomberg, Refinitiv, Thomson Emaxx, TradeFinanceAnalytics e IJGlobal. Se trata de créditos, así como de suscripciones y tenencia de acciones y bonos de un total de 300 empresas que intervienen en las cadenas de suministro del aceite de palma, la soja y el ganado vacuno, los más implicados en la deforestación del Amazonas.

El peso de la banca española en la financiación de estas explotaciones agrícolas se explica por la presencia del Banco Santander en Brasil. Es el tercer banco privado del país, tras Itaú Unibanco y Bradesco, y el primero entre los extranjeros. Cuenta con un 13% de cuota de mercado, una red de 2.903 oficinas y 57,7 millones de clientes. Su beneficio alcanzó los 2.027 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, un 15,3% más que en el mismo periodo de 2021, según consta en el último informe de resultados de la entidad presidida por Ana Botín.

De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, entre 2013 y 2022 el Santander llevó a cabo operaciones por importe de 8.616,65 millones de dólares con empresas involucradas en la deforestación del Amazonas, el 98,3% de las realizadas por las entidades españolas. Lo que le convierte en el banco europeo que más dinero destinó a este fin. El segundo es el holandés Rabobank, con 5.159 millones.

La mayor parte de la actividad financiera del Santander corresponde a préstamos a empresas, 7.303,96 millones de dólares. Las operaciones de suscripción de bonos de esas mismas compañías en las que intervino el banco sumaron 1.133,58 millones y 158,28 millones más las de suscripción de acciones. A líneas de crédito renovables el banco de Ana Botín destinó 16,48 millones de dólares. Estas son líneas de crédito que suscribe una empresa cuando emite bonos porque es una de las condiciones que le imponen las agencias de calificación crediticia para mantener su rating. Sólo se hacen efectivas si los mercados de capital cierran. En ese caso, su importe se destina a necesidades generales y de refinanciación.

Además, Santander posee 4,33 millones de dólares en acciones de estas empresas agrícolas y una cantidad muy pequeña en bonos.

Créditos a bajo interés

De la cuantía referida a los préstamos, la mayor partida son los relacionados con el enorme programa de financiación agrícola de Brasil, que también es el principal receptor de fondos desde Europa. Creado en los años 60, el Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) permite a las explotaciones agrícolas obtener créditos a tipos de interés subvencionados. El coste de estos programas públicos de apoyo a la agricultura se sitúa en un 0,35% del PIB, más de 4.000 millones de euros, según cálculos del Banco Mundial.

El dinero prestado gracias el SNCR es público, pero los bancos privados intermedian en la concesión de los créditos a cambio de una comisión. Y su reparto adolece de graves distorsiones. Por un lado, según las investigaciones de Disclose y Repórter Brasil, la mayor parte de estos créditos van a parar a explotaciones de soja y de vacuno. Por otro, según una investigación de Chain Reaction Research, las explotaciones más pequeñas sólo reciben cerca del 13% de los préstamos concedidos. El Banco Mundial reveló también que un pequeño número de grandes explotaciones reciben la mayor parte de la financiación, mientras que el 85% de los agricultores brasileños no tiene acceso al crédito. Además, los bancos privados, que representan el 36% del crédito rural, conceden sus préstamos a las explotaciones agrícolas de menor riesgo.

Para entender la importancia de estas operaciones financieras, basta con recordar que Brasil es el tercer productor mundial de productos agrícolas, sólo por detrás de la UE y Estados Unidos. El sector agroalimentario representa una quinta parte del PIB brasileño, da trabajo a 15 millones de personas y proporciona casi la mitad de las exportaciones brasileñas. Está dominado por un pequeño número de explotaciones muy grandes, principalmente en el centro-oeste y el sur del país, mientras que las pequeñas explotaciones dominan el noreste y representan sólo una pequeña parte de la producción.

De los 13.043,9 millones de dólares que la banca europea gestionó para el SNCR entre 2013 y este año, 6.970,8 millones pasaron por las oficinas del Santander. El 54,3%. Aunque directamente a pequeñas explotaciones el banco concedió préstamos por un total de 102,47 millones de dólares entre 2013 y septiembre de 2022, estos sólo representan el 26% de los 394,18 millones que los bancos europeos aprobaron para las empresas agrícolas de menor tamaño.

Entre las grandes compañías con las que más trabajan en Brasil la banca europea en general y el Santander en particular se encuentran algunas de las mayores multinacionales agrícolas, así como primeras empresas locales. Como Marfrig, cuyo volumen de operaciones con el Santander ascendió a 729,69 millones de dólares en la década analizada, la mayor parte 626,18 millonesen emisiones de deuda. Marfrig es la segunda empresa alimentaria más importante de Brasil. Y una de las que han sido denunciadas por proveerse de carne de vacuno procedente de explotaciones que utilizan mano de obra esclava. De una de ellas, situada en São Miguel do Araguaia, en el estado de Goiás, fueron rescatados 15 trabajadores en enero de 2018. El mismo empresario fue multado después por el Gobierno brasileño por deforestar ilegalmente 10.800 hectáreas. La historia de deforestación y trabajo esclavo se repite en otros tres de sus proveedores de carne de vacuno de Mato Grosso. Un cuarto fue uno de los responsables del colosal incendio que arrasó 111.783 hectáreas –una superficie equivalente a la ciudad de Río de Janeiro– en Pantanal, también en Mato Grosso, en 2020.

Para JBS, la principal compañía agrícola brasileña, el Santander también trabajó principalmente en sus emisiones de bonos, por un volumen de 376,41 millones de dólares entre 2013 y 2022. Según Disclose y Repórter Brasil, JBS ha sido repetidamente vinculada a la deforestación durante los últimos 15 años. De hecho, adquiría ganado de al menos 327 explotaciones destructoras de la selva virgen en el estado de Pará entre 2017 y 2019, de acuerdo con las investigaciones de Global Witness. En octubre de 2021, la Fiscalía brasileña señaló a JBS como el procesador cárnico con mayor número de irregularidades: había hallado hasta 300.000 cabezas de ganado de origen dudoso en su cadena frigorífica de suministro. Parte de esa carne había sido vendida por JBS a supermercados europeos. Una investigación de Greenpeace basada en datos satelitales descubrió también que 15 proveedores de JBS, Marfrig y Minerva, otra empresa brasileña del sector cárnico, estaban implicados en los incendios de Pantanal.

Cultivo de soja

La lista de clientes del Santander se completa con grandes multinacionales agrícolas, desde la estadounidense Cargill – a la que concedió líneas de crédito renovable por un importe total de 7.783,9 millones de dólares, hasta la china Cofco, con 6.281,8 millones de dólares en préstamos. A la estadounidense Bunge le concedió líneas de crédito renovable por 4.373,9 millones. Cargill compraba soja de áreas deforestadas del Mato Grosso a través de una empresa china, Fiagril, así como de otros suministradores que habían destruido miles de hectáreas en Cerrado, un paisaje bioclimático que perdió 734.000 hectáreas en 2020, según las mediciones de Chain Reaction Research (CRR).

Otra investigación de Disclose y The Bureau of Investigative Journalism, reveló que entre 2015 y 2020 Cargill y Bunge fueron cómplices de 19.373 incendios intencionados en Cerrado. Trece megagranjas vinculadas a estas dos multinacionales estadounidenses fueron responsables de los incendios. Como resultado, se quemaron más de 12 millones de hectáreas de Cerrado en cinco años.

La china Cofco, la mayor empresa agrícola de la República Popular, tiene como proveedor de soja a Aliança Agrícola do Cerrado, que a su vez compra la leguminosa a una explotación agrícola, Alexandra Aparecida Perinoto, que ha sido multada en repetidas ocasiones desde 2016 por destruir hectáreas de selva virgen en una región remota del Mato Grosso. Según los hallazgos de The Bureau of Investigative Journalism, este caso es un ejemplo de que la soja sucia termina llegando a las cadenas de suministro internacional, supuestamente limpias, pese a la existencia de mecanismos en apariencia sólida, como la Moratoria de la Soja, que data de 2006 y han firmado tanto Cargill y Bunge como Cofco y Friagil. El acuerdo prohíbe la compra o la financiación de la soja cultivada en zonas de la Amazonia que hayan sido deforestadas después de julio de 2008.

Revisiones e imágenes de satélite

infoLibre ha preguntado al Banco Santander por sus operaciones con estas empresas. La entidad contesta que no puede hablar sobre clientes concretos. “Pero esperamos que todos nuestros clientes de la industria cárnica tengan una cadena de suministro totalmente trazable y sin deforestación para 2025”, añade. Y asegura que, si su cumplimiento no pudiera ser verificado, dejaría de concederles financiación. También dice que está “en contacto frecuente” con sus clientes, “especialmente sobre las cuestiones relacionadas con proveedores indirectos que operan en el Amazonas”. Según explica, el banco brinda un “cuidado adicional” cuando presta dinero a clientes brasileños con operaciones en la Amazonia. Detalla que verifica todas las solicitudes de préstamo realizadas por agricultores y ganaderos en busca de embargos por deforestación emitidos por el Gobierno de Brasil y que revisa cada año a más de 2.000 clientes, incluidos procesadores de carne, vendedores de soja y empresas madereras, con ingresos anuales superiores a los 3,5 millones de euros y una exposición de deuda al Santander de un millón. También cuenta con un departamento de Riesgos Ambientales y Sociales en São Paulo, con siete trabajadores.

Además, el banco dice que comprueba los títulos de propiedad de las tierras de los agricultores y ganaderos antes de prestarles dinero. Y que utiliza imágenes de satélite para supervisar 14.000 propiedades que está financiando o que se toman como garantía. Así, explica, obtienen información diaria de los embargos emitidos por el Gobierno y datos de los clientes sobre “trabajo esclavo moderno” e incursiones en tierras indígenas. “Si hay problemas, nos pondremos en contacto con el cliente y solicitaremos una explicación”, promete. También dice llevar a cabo un “control exhaustivo” de la cadena de suministro de sus clientes de agronegocios en la Amazonia. Y si descubre “incumplimientos materiales de leyes medioambientales”, el banco puede “declarar el vencimiento anticipado de la deuda y exigir su pago”.

Santander también resalta que forma parte del Plan Amazonia, firmado en 2020 junto con los dos mayores bancos brasileños, Bradesco e Itaú Unibanco, para eliminar la deforestación en la cadena de suministro de ganado. Siguiendo ese plan, el banco español cifra en 41 millones de euros los créditos concedidos a cultivos sostenibles en la Amazonia, como castaña, cacao y açaí, el fruto comestible de una palmera amazónica.

Prohibido para el BBVA

El BBVA es el segundo banco con más volumen de negocio con empresas relacionadas con la deforestación del Amazonas. Un total de 143,59 millones de dólares entre 2013 y septiembre de 2022. La mayor parte corresponde a préstamos, 101,85 millones, pero también concedió líneas de crédito renovables por 39,7 millones y participó en la emisión de bonos corporativos por importe de casi dos millones de euros. En acciones de estas empresas cuenta con casi 55.000 dólares. La compañía a la que más dinero prestó es la china Cofco, 100,7 millones de dólares en una década. Pero también aparecen Bunge, con líneas de crédito renovables por importe de 6,8 millones de dólares, o la también estadounidense Archer Daniels Midland, que fue señalada en una investigación de Global Witness como uno de los gigantes –junto con Cargill y Bunge, de nuevo—que se proveen de productores de soja en Cerrado acusados de contratar agencias de seguridad privada para intimidar y desalojar a la comunidad tradicional de Capão do Modesto. Para ello, utilizan, según las denuncias, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y la destrucción de los bienes de la comunidad

En su Marco medioambiental y social, el BBVA dedica un capítulo completo a la agroindustria y, en concreto, incluye entre las “actividades prohibidas” al banco las que tengan como clientes a empresas dedicadas a “la producción, procesamiento y comercialización de aceite de palma”, así como los proyectos que tengan por objeto ese tipo de explotación o incluyan la quema de ecosistemas naturales con el propósito de desbrozar la tierra para el desarrollo de proyectos agrícolas” y “la eliminación de bosques con alto valor de conservación y de alto contenido de carbono”. A preguntas de infoLibre, el banco que preside Carlos Torres Vila explica que ha añadido una nueva prohibición de financiación, que incluye expresamente al Amazonas brasileño y el Cerrado.

Además, asegura que aplica un procedimiento de diligencia debida basado en un análisis de un tercero experto en ESG (Ambiental, Social y de Gobierno corporativo por sus siglas en inglés). En concreto, cuando se trata de operaciones de financiación mayorista, respeta los Principios de Ecuador, un estándar voluntario para gestionar los riesgos ambientales y sociales de su actividad creado en 2003 a iniciativa del Banco Mundial. Un centenar de bancos del mundo están adheridos a ellos.

Líneas de crédito con condiciones

Abanca concedió cuatro líneas de crédito renovable por importe de 1,24 millones de dólares a una sola empresa relacionada con la deforestación del Amazonas: Bunge. Lo hizo entre 2019 y 2021 y la mayor parte, 1,22 millones, correspondió a contratos de soja, el resto a aceite de palma. En respuesta a infoLibre, Abanca precisa que “por motivos contractuales y fiscales”, los fondos de esa línea “no pueden usarse en Latinoamérica”. La línea, añade, se firmó “precisamente” con la condición de que la compañía cumpliera unos indicadores clave de actuación (KPI por sus siglas en inglés) medioambientales, “certificados por un tercero”, y que incluyen “revisiones periódicas”. Entre esos indicadores se incluyen “limitar el uso de los fondos para todo lo que esté relacionado con la deforestación” o actividades vinculadas con plantaciones de aceite de palma y de soja “que no estén a su vez certificadas y comprometidas con el compromiso NPDE (Sin deforestación, sin extracción de turba, sin explotación por sus siglas en inglés)”.

Abanca, al igual que Santander y BBVA, dice tener en cuenta criterios medioambientales, un scoring –análisis de riesgoy los informes públicos de sostenibilidad de las empresas para analizar las operaciones de financiación. “Precisamente por nuestra política hay limitaciones en la firma de esta línea de crédito [con Bunge]”, resume el banco gallego.

Bankinter es el cuarto banco español de la lista. Su volumen de negocio es mucho menor, 535.660 dólares en 10 años. Corresponden a una línea de crédito renovable con Bunge de 259.063 dólares en 2021 y otras con el grupo francés Louis Dreyfuss Company por 272.594 dólares en 2014 y 2015. Para contratos de soja y aceite de palma. “Estamos muy tranquilos con nuestra operativa de financiación a empresas y con nuestro desempeño ambiental”, responde un portavoz de Bankinter a las preguntas de este periódico. El banco de María Dolores Dancausa destaca como “intachable” su comportamiento a este respecto y presume de estar incluido entre los bancos más sostenibles del mundo; por ejemplo, en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Al tiempo, rehúsa ofrecer ningún dato sobre sus clientes o sus operaciones por imperativo de la Ley de Protección de Datos. Pero precisa que, en cualquier caso, se trata de un volumen de negocio muy pequeño “para una empresa que facturó más de 63.000 millones de dólares el año pasado".

Acciones a través de fondos

El resto de los bancos con operaciones relacionadas con empresas cómplices de la deforestación del Amazonas suman cantidades mucho más pequeñas. Caixabank cuenta con 160.328 dólares en acciones y bonos de Archer Daniels Midland, Cargill, la canadiense Brookfield Asset Management, la argentina Cresud y la brasileña SLC Agrícola. Fuentes de Caixabank también rechazan dar información sobre sus clientes por exigencia de protección de datos pero, en cualquier caso, aseguran que esas acciones no son de su propiedad, sino de otros clientes de la entidad.

Banca March posee 54.293 euros en acciones de Archer Daniels Midland. Fuentes financieras lo atribuyen igualmente a que se trata de títulos pertenecientes a las carteras de algunos de los fondos que gestiona la entidad, pero no a “inversiones directas” suyas. Además, precisan, esas son “participaciones vivas”, por lo que incluso “pueden haber cambiado en el tiempo”.

Del mismo modo y con cantidades aún más pequeñas, y siempre como poseedores de acciones, se sitúan Kutxabank, Ibercaja y Caja Rural. Además de una docena de gestoras de fondos, desde EDM Group hasta Miurex Inversiones Hispania o CN Capital Markets. Fuentes cercanas a Buy & Hold, una de ellas, apuntan a que los 18.277 dólares en acciones de Brookfield Asset Management corresponden a uno de los fondos que gestionan y aclaran que eligieron a la empresa canadiense precisamente por tratarse de una “apuesta sostenible” por sus desarrollos en energía solar e hidráulica y por su presencia “muy recurrente” en carteras de fondos verdes

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