Mikel, vecino de Vallecas (Madrid) se encontró un día la puerta del piso en el que reside desde hace diez años sellada con pegamento. Cuenta su experiencia a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero su caso no es el único y esta práctica de abuso fue denunciada ante el Congreso hace unos días por varios vecinos que la conocen muy bien. Pintura en la mirilla, obras que no terminan nunca, ruidos, amenazas… son situaciones que sufren algunos inquilinos cuando sus caseros quieren echarles a cualquier precio, aun cuando ellos siguen pagando los alquileres.
“Es una herramienta que está utilizando la especulación para conseguir desalojar viviendas saltándose la acción de la justicia y saltándose el Estado de derecho”, explica la abogada de CAES, Alejandra Jacinto. “Yo he atendido en el último mes a más de seis personas en esta situación. Es importante elevar el nivel de conciencia sobre estas prácticas y denunciarlas, porque se están cometiendo de forma impune”, concluye. Ella representa a los vecinos de la calle Tribulete de Madrid, los primeros en llevar a los tribunales al fondo de inversión que tienen como casero por presuntas prácticas de acoso inmobiliario.
A Mikel el contrato le ha vencido, pero pretende renegociar el alquiler para poder seguir viviendo en la casa. Hace apenas un mes, José Ferreira contaba a infoLibre una historia parecida. Después de que un fondo de inversión comprara su edificio, intentaron echarle y, ante su negativa, comenzó una letanía de obras que hace imposible vivir con tranquilidad en la casa que sigue pagando. “Han demolido 15 viviendas de un plumazo y convivimos con esto. El propósito no es otro más que incomodarnos”, lamentaba. Esto es lo que llevó, este martes, a los inquilinos de General Lacy 22, Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 –todos ellos en Madrid–a denunciar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las presiones que llevan tiempo soportando por parte de los propietarios de sus edificios.
Fuentes de Consumo explican que, al ser un caso que afecta solo a Madrid no pueden actuar directamente. “Desde la Dirección General de Consumo –que solo tiene competencias para casos que afectan a nivel nacional (en diferentes CCAA)–, no podemos intervenir”, concluyen. Sin embargo, insisten en que están tratando de informar a los afectados y el propio ministro, Pablo Bustinduy, ha hablado de una “ofensiva especulativa” que afecta a miles de hogares.
"Te dejamos en paz si aceptas 3.000 euros y te vas"
Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en que no se puede hablar de hechos aislados, sino de “una tendencia creciente en las grandes ciudades”, señalan. Para ellos se trata de “prácticas mafiosas por parte de algunos rentistas para presionar a inquilinos a abandonar sus viviendas, especialmente en contextos de subida generalizada del precio del alquiler”, concluyen. Jacinto explica que el abanico de prácticas molestas o intimidatorias es amplio: “Desde obras para incomodar, a grupos de desocupación que realizan todo tipo de prácticas hostiles y humillantes. También generando daños materiales, como por ejemplo poner pegamento en las cerraduras, pintarrajeando los telefonillos o arrancando los buzones”, enumera la abogada. A esto se suma un sentimiento de amenaza constante que impide a los vecinos llevar una vida normal.
Otro elemento de presión que se utiliza es ofrecer dinero para que la persona se vaya. "Es una especie de cebo que ponen, que es parte también de la extorsión. Una especie de chantaje en el que te dicen: 'Te dejamos en paz si aceptas 3.000 euros y te vas'", explica la abogada de CAES. Porque el dinero no es una oferta sino otro tipo de coacción: "Todo forma parte de un modus operandi criminal que busca saltarse la ley", concluye.
Los delitos en los que pueden incurrir quienes deciden que sus inquilinos ya no les son rentables y acuden a prácticas de acoso, van desde coacciones y amenazas a delitos contra la integridad física y moral, que se tipifican en el artículo 173 del Código Penal.
Una estrategia de desgaste que termina en los tribunales
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En el caso de los inquilinos que se han reunido con el Ministerio, su casero es un gran tenedor –la familia Campos Cebrián González-Ruano– que, según el sindicato, ha seguido tácticas similares de intimidación en sus distintas propiedades. Mikel ha tenido el mismo problema con su casera, y en cuanto a Ferreira, aunque su casero es un fondo de inversión, el proceder ha sido muy similar. Dejadez y abandono de los edificios, cortes y cambios en los contratos de suministro, negociadores que tratan de presionar a los vecinos o burofaxes, son algunas de las mil caras que termina tomando el acoso inmobiliario. “Con esta estrategia, la familia rentista propietaria de más de 11 edificios trata de ejecutar desahucios invisibles que, sin orden judicial, fuerzan a abandonar hogares y barrios a quienes los habitan desde hace más de medio siglo”, insiste el sindicato.
Su protesta tiene un precedente judicial en los vecinos de Tribulete 7, otro edificio madrileño que decidió poner freno a estas prácticas con la primera demanda colectiva por acoso inmobiliario en España, presentada a principios de julio. Acusan a su casero, el fondo Elix Rental Housing, de tratar de expulsarles con obras. Su intención sería vaciar el edificio y dedicarlo a usos habitacionales más rentables que el alquiler de larga duración. “Han picado la cubierta del edificio en época de lluvias, no lo cubrieron adecuadamente y provocaron goteras e inundaciones en algunos pisos”, relataba uno de los afectados. Jacinto, que representa a los vecinos, insiste en que es importante recabar pruebas, fotografías, videos y apoyarse en los sindicatos de inquilinos para que puedan servir también de prueba testifical.
Estas tácticas ya no son hechos aislados y, desde hace un tiempo, inquilinos de todo el país han ido poniéndole nombre. "Pensamos que hace falta mucha más formación jurídica, tanto en la fiscalía como en la judicatura y en los diferentes operadores judiciales", explica la abogada, quien insiste en que es una práctica "cada vez más habitual" que llegará con más frecuencia a los juzgados.
Mikel, vecino de Vallecas (Madrid) se encontró un día la puerta del piso en el que reside desde hace diez años sellada con pegamento. Cuenta su experiencia a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero su caso no es el único y esta práctica de abuso fue denunciada ante el Congreso hace unos días por varios vecinos que la conocen muy bien. Pintura en la mirilla, obras que no terminan nunca, ruidos, amenazas… son situaciones que sufren algunos inquilinos cuando sus caseros quieren echarles a cualquier precio, aun cuando ellos siguen pagando los alquileres.