LOS RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La privatización de pensiones esconde cuantías más bajas y desprotección de los jubilados

El Gobierno recurrió a préstamos del Estado para pagar las pensiones en diciembre.

El FMI, el Banco Mundial y la OCDE, adalides internacionales de los sistemas privados de pensiones como herramienta básica de las políticas de control del gasto público que ellos mismos promueven, tienen su contrapunto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), defensora de la protección social como derecho de todos los individuos. En su Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019, evalúa los resultados de la privatización de los sistemas públicos de pensiones llevada a cabo durante los últimos 30 años en 24 países. La mayoría de América Latina y del este de Europa. Y su conclusión es que los modelos privatizados no sólo no estuvieron a la altura de las altas expectativas que despertaron, sino que, por el contrario, aumentaron la desprotección de los jubilados tanto como recortaron sus pensiones.

La OIT cifra en 169 las reformas ejecutadas en los sistemas públicos de pensiones de todo el mundo sólo desde 2010 hasta 2016. De ellas, 103 retrasan el inicio del cobro de la prestación, otras 37 reducen su cuantía y 29 más aumentan las cotizaciones o privatizan el sistema. Todas tienen el mismo objetivo: disminuir el gasto en pensiones, acuciados los gobiernos por la necesidad de ajustes fiscales. La organización internacional denuncia que esas medidas ponen en riesgo el mantenimiento de la protección social y el contrato social mismo. Según explica, fruto de esos recortes, muchos trabajadores que antes tenían derecho a una pensión contributiva cuando se jubilaban, con los modelos privatizados sólo acceden a pensiones mínimas garantizadas o a sistemas de asistencia social. Y como la economía informal se extiende, los trabajadores poco cualificados tienen cada vez más dificultades para cobrar una pensión contributiva.

La OIT apoya la introducción de reformas paramétricas en los sistemas públicos de pensiones –ampliar la edad de jubilación, aumentar el periodo para calcular la cuantía de la prestación, por ejemplo– para garantizar su sostenibilidad. Pero advierte contra las reformas que privatizan las pensiones públicas, muchas de ellas impulsadas por el Banco Mundial y el FMI desde los años 90. Chile, Argentina, Bolivia, México, entre los latinoamericanos, y Polonia, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania, Eslovaquia o Rumanía, entre los europeos, fueron algunos de los países que cambiaron sus sistemas públicos de “prestación definida” –como el español– por otros de “contribución definida”, o de cuentas individuales, que gestionan firmas privadas y cuyos fondos después se invierten en los mercados de capitales. La OIT no habla de ellos, pero también Suecia e Italia adoptaron sistemas de cuentas nocionales –virtuales, son apuntes contables– a mediados de esa década. Y en España es el sistema que defienden como preferible la patronal de los seguros Unespa, la de los fondos de inversión Inverco, el Círculo de Economía, el servicio de estudios del BBVA o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), entre otros.

Según detalla la OIT, los nuevos sistemas privados recortaron la cobertura –el número de jubilados protegidos por una pensión– una media de 11 puntos porcentuales en nueve de los países que los implantaron. En Argentina cayó un 10% entre 1992 y 2004; en Bolivia, la cobertura siguió siendo tan mínima como antes de la privatización: protegía sólo al 12% de los jubilados.

Por el contrario, los costes de gestión del sistema se dispararon, impulsados por las elevadas comisiones que cobran las entidades financieras por administrar los fondos. A su vez, los mayores costes redujeron la cuantía de las prestaciones percibidas por los jubilados. En 2003, los costes de gestión en 11 países latinoamericanos con sistemas privados de pensiones representaban de media el 26% de las cotizaciones de los trabajadores. En Polonia, como los costes no se regularon hasta 2004, las comisiones cobradas por las entidades financieras alcanzaron hasta el 10% de las cantidades aportadas.

El mismo problema tienen las cuentas suecas. Los mismos responsables de la Agencia Sueca de Seguridad Social reconocen que necesitaron una fuerte inversión para crearla como entidad independiente y que sus costes de explotación son “enormes”.

El impacto de la crisis financiera

Además, al invertirse las cotizaciones en los mercados de capitales, el riesgo financiero se traslada por completo a los pensionistas. Por eso, la crisis financiera de 2008 provocó un desplome de los fondos de pensiones europeos de entre el 10% y el 20% en sólo un año. En EEUU alcanzó el 25% y en Islandia e Irlanda, el 35%. El informe de la OIT destaca el “deterioro” de la tasa de reemplazo –la ratio entre el salario que se cobra en activo y la pensión percibida al jubilarse– que sufrieron las pensiones de los países de América Latina y el este de Europa tras su privatización. En Chile, en sólo una década, la mitad de los contribuyentes al sistema privado pasó a percibir la pensión mínima. Si se trataba de mujeres, la prestación era aún menor. En Argentina la tasa de reemplazo cayó un 33% en 2004. En el este de Europa, la rentabilidad de las nuevas pensiones era inferior y más volátil que la proporcionada por las antiguas. Su cuantía no llegaba ni a la pensión mínima. “La privatización de las pensiones erosionó el concepto fundamental de un contrato social basado en la solidaridad, la redistribución y la suficiencia”, concluye la OIT.

Pero es que los sistemas privados ni siquiera ayudaron a conseguir el objetivo para el que fueron creados: no mejoraron los déficit públicos de los países ni aliviaron sus problemas financieros. Al contrario, los altos costes de transición que supusieron “exacerbaron las presiones fiscales preexistentes”, asegura el informe. Los costes de poner en marcha los nuevos modelos “fueron enormemente infravalorados en todos los países, en unos casos porque no se hizo ningún análisis sólido y en otros porque los cálculos se basaban en premisas optimistas totalmente infundadas”. En Polonia, los costes de transición acumulados entre 1999 y 2012 equivalían al 14,4% del PIB. En Bolivia, multiplicaron por 2,5 veces los costes proyectados. En Argentina, del 3,3% del PIB en que se calculaba el déficit público en 2000, el 1,5% procedía de las cotizaciones que se habían desviado del sistema público al privado.

Seis renacionalizaciones

Este cúmulo de ineficiencias llevaron a seis países a renacionalizar sus sistemas de pensiones: Argentina en 2008, Bolivia en 2011, la República Checa en 2014, Hungría en 2011, Polonia en 2014 y Kazajistán en 2013. Además, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia redujeron de forma drástica el tamaño de su sistema de cuentas individuales, recortando las cotizaciones al sistema y redirigiéndolas al sistema público. En Chile, el precursor de la privatización que sirvió de modelo al Banco Mundial, se ha introducido un componente solidario financiado con impuestos para paliar los riesgos sociales.

El debate en los países desarrollados se centra en la sostenibilidad financierasostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones, amenazados por el envejecimiento demográfico y los cambios en el mercado laboral. Es lo que ocurre en España. La OIT advierte de que el dominio de las políticas de consolidación fiscal en estas discusiones “amenaza el pacto social y los principios sobre los que se fundaron los sistemas de seguridad social”. A lo largo de este año, un buen número de expertos, también representantes de entidades financieras y aseguradoras, explicaron en la Comisión del Pacto de Toledo sus soluciones al déficit de la Seguridad Social. Algunos de ellos se mostraron a favor de introducir las cuentas nocionales, un sistema que entienden más justo y transparente, pues permite al trabajador saber qué prestación va a percibir y, por tanto, decidir si quiere o no alargar su vida laboral. En cualquier caso, como sus mismos defensores admiten, la introducción ahora de este sistema en España supondría un recorte de entre el 15% y el 25% de las pensiones actuales. En 2027 la reducción sería aún mayor. Según desvela un estudio elaborado por el Instituto Santalucía de seguros, haría falta una transición de 20 años para que ningún pensionista resultara perjudicado.

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