Economía

El Gobierno busca sin los sindicatos extender a un millón de personas la cobertura del paro

Las vicepresidentas Nadia Calviño, a la izquierda, y Yolanda Díaz

Ha sido contrarreloj, pero finalmente hay desenlace: los ministerios de Economía y Trabajo han logrado limar diferencias y pactar, en la penúltima semana del año, una mejora de los subsidios por desempleo. Se trata de una ayuda que reciben los parados que han agotado la prestación, los que han cotizado por un periodo insuficiente y los mayores de 52 años. El acuerdo entre los departamentos que dirigen Nadia Calviño y Yolanda Díaz permitirá cumplir con Bruselas, dado que era uno de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y posibilitar que España solicite mañana mismo el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.

¿Cuáles son las principales novedades que provocará el Real decreto-ley del subsidio al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros? Para empezar, se amplía el perímetro de cobertura incorporando al sistema a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, unos 150.000, según estimaciones de Trabajo; a los eventuales agrarios de todo el país, no sólo de Andalucía y Extremadura, cerca de 250.000: y a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. Tres grupos que, según Díaz, “por razones que no son científicas” estaban excluidos de la prestación.

Se incrementa además la cuantía a percibir, aunque con un descenso progresivo, como pretendía Economía. En la actualidad la ayuda es 480 euros al mes, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado en 600 euros mensuales. Con el cambio de normativa, se elevará hasta los 570 euros en los seis primeros meses, el 95% del IPREM; a 540 en los seis siguientes, el 90%; y será de 480 el resto del tiempo, hasta el máximo de 30 meses de duración del incentivo. Como estas cifras se basan en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, si este se tocara al alza en 2024, también subirían las ayudas. Lo expuesto será aplicable a los nuevos reconocimientos del subsidio por agotamiento y por cotizaciones insuficientes, no a los anteriores. Permanecerá para mayores de 52 años en su cuantía del 80% del IPREM.

Además, se regulará la compatibilidad entre pedir el incentivo y un empleo hasta seis meses, 180 días, para facilitar la transición al mercado de trabajo de las personas desempleadas, una medida que contemplaba el acuerdo de gobierno sellado entre PSOE y Sumar. En relación a este punto, la ministra de Trabajo ha explicado que en el caso de que se oferten contratos para periodos como las Rebajas o la Navidad, “y ante la elección de prescindir del subsidio”, las personas desempleadas optaban por no moverse de la órbita del último, algo que ahora “queda corregido”. Con la reforma, será compatible con un trabajo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía.

Otra de las aportaciones significativas del nuevo Real Decreto-ley será que se elimina el mes para acceder al subsidio, la espera entre el cobro de la prestación por desempleo y la percepción de los fondos que se traducía en tiempo sin recibir nada. Junto a ello, se abre a seis meses el intervalo de solicitud, con lo que la búsqueda de empleo no choca con la necesidad de pedir la ayuda en plazos apremiantes.

Desde Trabajo aseguran que se garantizarán, asimismo, servicios de tutorización individuales, asesoramiento continuado y atención personalizada a las personas demandantes de empleo. La reforma incluye, por último, una rebaja gradual de la cotización del subsidio por desempleo de cara a la jubilación, tal como reclamaba Economía. Disminuirá desde la cotización por el 125% de la base mínima vigente en cada momento que rige ahora, pasando por el 120% de la base mínima en 2024 y hasta alcanzar el 100% en 2028.

“Quien ha ganado hoy son los españoles y españolas”, ha proclamado Díaz, la encargada de defender lo actuado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y ha aseverado también, con afán pedagógico, que “recortar la protección social”, como hicieron los gobiernos del PP, “no sólo no facilita la incorporación al mercado de trabajo, sino que desproteger, dificulta el acceso" al mismo. El conjunto de personas que perciben algún tipo de subsidio por desempleo en España supera las 710.600, la mayoría de ellas son parados de más de 52 años, con difíciles perspectivas de vuelta al mercado laboral. En relación a los perceptores, Díaz ha destacado que la reforma del Gobierno es "especialmente feminista", dado que más del 56% de las personas que reciben el subsidio por desempleo son mujeres y son mayoritarios los mayores de 55 años. Por territorios, cuatro comunidades concentran el grueso de beneficiarios: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. El objetivo final de alterar la normativa es ampliar el universo de aquéllos a más de un millón, así como las cuantías a percibir durante el primer año de la prestación.

Sellar la paz entre ministerios ha supuesto, sin embargo, abrir una brecha con los agentes sociales. Fuentes del ámbito sindical saludan los cambios, pero no entienden por qué “se ha descolgado esta negociación del diálogo social”. Relatan que sólo han tenido acceso a un primer texto, al que “contestaron” y a partir de ahí socavones de silencio. Se preguntan qué ha pasado al final “con las sanciones, por ejemplo, si habrá o no en el caso de que no se acepten ofertas de empleos”. Muestran sin ambages su "malestar" por la que consideran "no es una manera muy adecuada" ni de "legislar" ni de "respetar el diálogo social".

Manifiestan que estarán atentos a la letra pequeña del Real Decreto-ley y anotan que "puede darse la circunstancia de que la cuantía mínima del Ingreso Mínimo Vital sea superior a la prestación máxima del subsidio por desempleo” en 2024.

En concreto UGT y CCOO han expresado, a través de un comunicado, que se ha dado "cumplimiento al hito comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", pero estiman que se han dejado "pendientes" aspectos "relevantes de la protección por desempleo", por lo que han emplazado al Ministerio de Trabajo "a abordarlas". Aluden a cuestiones como una "insuficiente" ampliación del acceso a los subsidios por desempleo a un mayor número de personas con menos de 45 años, si es que persiste la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días. "Esto exige tres años de cotización, que puede resultar excesivo en muchos casos", han avisado.

Han echado en falta otros temas como la supresión de la percepción parcial de los fondos cuando se procede de un empleo a tiempo parcial, lo que afecta, según los datos que manejan, a los subsidios actuales más feminizados. Esto ayudaría, en opinión de ambas formaciones sindicales, a acabar con una situación de discriminación en la que se encontraría un número comprendido entre 70.000 y 80.000 personas. Otras fuentes del ámbito económico ponen el acento en que el principal reto de la renovación del subsidio por desempleo debería ser "remontar de manera sustancial la empleabilidad de los mayores de 52 años, más allá de la duración o de la cuantía a cobrar".

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