SEPI, el brazo industrial público con inversiones de más de 200 millones que Díaz quiere arrebatar a Hacienda

No se ha replegado. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se fue en campaña electoral a Cádiz, provincia andaluza enraizada en el sector del metal y el naval, para defender la necesidad de desplegar una política que reindustrialice el país y lanzar la idea de que hay que desgajar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda y Función Pública con el fin de modernizarla. La ha repetido durante el debate de investidura del socialista Pedro Sánchez. Ha abogado en el Congreso por impulsar el desarrollo industrial "que necesita España" y ha afirmado sin ambages su convicción de que la SEPI y sus empresas públicas "no pueden seguir dependiendo del Ministerio de Hacienda", porque, a su juicio, supone "no poder practicar una política industrial firme". Detrás de esas afirmaciones, fuentes socialistas sitúan el interés de Sumar por “hacerse con la gestión de las competencias de Industria” en el próximo Gobierno de España aún sin rostro, más allá del del presidente. Las mismas fuentes no descartan que Sánchez pueda atender esa petición, pero matizan, que “ello no significaría necesariamente” arrancar al brazo industrial público con el que cuenta el Estado de Hacienda.

Ni desde el conglomerado empresarial ni desde el ministerio han querido comentar las palabras de la vicepresidenta, aunque fuentes del último recelan del movimiento ciclópeo que supondría trasladar a la SEPI. Destruir lo construido, en definitiva, para "no se sabe bien qué".

La sociedad estatal es una entidad de derecho público que nació en 1995, aunque sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado. Su ámbito de actuación abarca un rosario de empresas: 14 participadas de forma directa y mayoritaria, es accionista de la Corporación RTVE; tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras 10 entidades e indirectas en más de 100. Dentro de ese universo, posee el 100% de participaciones en ocho entidades: Navantia, Correos, Sepides, Mayasa, Hunosa, Cofivacasa, la Corporación RTVE y la Agencia Efe. Además, tiene un capital mayoritario, que varía entre un 51% y un 96%, en otros siete entes entre los que se encuentran Tragsa, Ensa o el Hipódromo de la Zarzuela. Y en el colectivo de las compañías en las que cuenta con un capital minoritario figuran firmas como Indra, Enresa o Redeia (antes Red Eléctrica). Formulado de otro modo: la implantación del grupo alcanza sectores tan dispares como el postal, la minería, la construcción naval, el agrario, el energético y ambiental, la distribución alimentaria, el sector financiero y la promoción empresarial, la comunicación o el deporte y el ocio.

Las cuentas correspondientes al ejercicio de 2022 del holding público estatal arrojan un resultado de 43 millones de euros de beneficios y reflejan una cifra de negocio de 5.252, lo que supone un alza del 2% respecto al ejercicio anterior. De ellos, el 37% corresponde a Correos, el 26% a Navantia y el 25% a Tragsa. Su capacidad inversora ronda los 213 millones y emplea a más de 76.300 personas, de acuerdo a la información recogida en la página web del ente.

El estar incrustada en el sector público conlleva que SEPI y sus empresas tengan que someterse a los mismos procedimientos de control que cualquier otra institución pública: económicos-financieros, en el área de relaciones laborales, controles específicos de las privatizaciones, al parlamentario y a la supervisión de la Unión Europea (UE), a través de los órganos comunitarios en relación con la competencia y con políticas sectoriales.

Fuentes del ámbito económico no consideran una idea “descabellada” la poda de SEPI del Ministerio de Hacienda, si bien, matizan que “no sería conveniente hacerlo ahora de forma completa”, ya que “es importante en sectores estratégicos”. En ese punto anotan dos claves a no perder de vista: “Estamos en un momento de transición ecológica y de no quedarnos atrás en tecnología, en el área de los datos, y el Estado puede dar un impulso inversor ahí”, a lo que suman “las tensiones geopolíticas que hay”. Abogan por no despojar de seriedad un temor que se ha robustecido con la pandemia y la guerra de Ucrania, el de que “activos estratégicos de España acaben en manos de ‘enemigos’ geopolíticos”. En ese dibujo de situación, creen que “tiene sentido que el Estado tenga un conglomerado industrial” y que éste pueda contribuir a “evitar la entrada de actores chinos, árabes…”. Sobre todo, “en un contexto de tipos altos, con muchos inversores que quieren vender y que suponen oportunidades” y en el que “Estados Unidos y China están aplicando medidas proteccionistas duras”, abrochan estas fuentes.

Enmarcan ahí lo que entienden podría ser “un nuevo papel de SEPI” como herramienta para “proteger” empresas de ciertos sectores y recuerdan que la entidad ha ejercido recientemente la opción de compra de Epicom, empresa estratégica para la Seguridad Nacional, dando entrada a dos empresas en el accionariado, Indra y Grupo Oesía, cada uno con un 30% de participación. Esto después de que en marzo de 2021 adquiriera una participación pública inicial del 40%. O el que se estén estudiando fórmulas para comprar participaciones de la multinacional española Telefónica, después del desembarco en ella de Saudí Telecom Company (STC).

¿De vuelta al intervencionismo público?

Con independencia de en qué organigrama ministerial conste, ¿ha de tener el Estado una extremidad empresarial, debería modificarse la función de SEPI? Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), lo tiene claro: “Si en lo que se está pensando es en un grupo empresarial público que intervenga de forma activa en sectores que en principio no son responsabilidad de una administración controlar, como comprar una cadena de supermercados para tener una distribución comercial pública, eso no tiene sentido”, sostiene. Echa la vista atrás para recordar que “en los años 40 del siglo pasado se crea el INI -Instituto Nacional de Industria, previo a SEPI- para tener controlada a la industria por razones estratégicas y obvias después de una guerra civil. Lo hecho se desmantela en los 80 y 90 porque es reconocido que la intervención pública a través de empresas no es eficiente”. En su opinión, “eso no debe volver, las administraciones públicas no deben estar presente en actividades productivas, si no tiene una justificación”.

Argumenta que “la presencia estratégica se puede hacer de muchas maneras y no necesariamente siendo productores”. “Ahora bien -añade seguido-, es cierto que estamos entrando en un paradigma diferente en cuanto a la intervención pública en la industria europea y norteamericana. Muchos países después del covid y por los problemas geoestratégicos se han dado cuenta de que la globalización de las últimas décadas nos ha dejado en algunos casos en situaciones muy complejas y dependientes y lo que se quiere es traer a la industria de vuelta, volver a tener músculo industrial en Europa, el que se adelgazó, y para eso necesitamos políticas públicas y ahí sí que sería interesante una intervención que favorezca y desarrolle ciertos sectores”. Con todo, insiste en que se refiere, por ejemplo, a que en la órbita de las políticas de transición medioambiental, “se quiera tener más concentrada toda la estrategia, no sólo la energética sino también la industrial, y eso lo haga un organismo”. Es entonces cuando, a su entender, “a lo mejor tiene sentido que lo haga SEPI, pero igual no es el organismo que tiene por qué hacer esa labor. Para eso tenemos ministerios”, lanza.

Con independencia de lo que suceda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el grueso de los expertos coincide en que la reducción de riesgos está insuflando oxígeno a un cierto proteccionismo. Y esto no es exclusivo de España. La complejidad de la trama internacional ha invitado a Europa a crear nuevas herramientas que refuercen su poder para operar como actor global. Es más, los veintisiete se han abonado al concepto de “autonomía estratégica”, no exento de controversias, pero "más pertinente que nunca para la UE". Los economistas sondeados lo estiman una cuestión “casi de supervivencia” en un mundo en el que “las inversiones, la ciencia, la tecnología, el comercio o los datos” se están convirtiendo en “modos de presión de la política internacional”.