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AGENCIA TRIBUTARIA

Los técnicos de Hacienda se movilizan para que casos como el de la pareja de Ayuso no acaben en un cajón

Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja, Alberto González.

Este miércoles, 24 de abril, los técnicos de Hacienda están citados para concentrarse ante las delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de distintos puntos de España: Huelva, Málaga, Córdoba, Gijón, Santander, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Salamanca, Soria, Zamora, Barcelona Lleida, Girona, Tarragona, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Logroño, Murcia, Cartagena, Castellón y Valencia.

Lo harán para reclamar una solución a la paralización de su carrera profesional y lo que consideran una mala gestión de los recursos humanos con los que cuenta la Administración. Hay una serie de déficits históricos que afectan en especial a los técnicos de Hacienda, que soportan el "incumplimiento" de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Antifraude de 2006, que obliga a adecuar sus puestos de trabajo según la complejidad, dificultad y responsabilidad de sus tareas desde hace 17 años, según exponen desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

“Llevamos bastante tiempo reivindicando una serie de mejoras profesionales y, unas veces por resistencias administrativas, otras por inercias, o porque se convocan procesos electorales, no parece que haya nunca un momento adecuado para abordar estas cuestiones”, explica a infoLibre el secretario general y portavoz de la mencionada organización sindical, José María Mollinedo. Cree que lo que en realidad falta es “impulso político”, porque “cuando un ministerio o Gobierno quiere abordar una reforma, la implementa, sin necesidad de pasar por procesos tan largos”. “Cuando quieren imponer alguna norma, aunque conlleve un coste político lo hacen –suma–, y lo que reivindicamos no lo tiene, ya que pedimos tener las manos libres para poder investigar los fraudes más complejos y sofisticados en su plenitud, y no estar limitados a investigar a autónomos, pequeños empresarios o trabajadores, que constituyen el núcleo de la comprobación”, resume. Esto último, “no es difícil”, admite, para apostillar: “Pero, como profesionales no nos satisface, sobre todo, cuando vemos que hay multitud de personas y de entidades que están defraudando y no se les descubre porque no se pone el acento ahí”.

Asegura que han iniciado las protestas porque buscan que se les “reconozcan” las funciones. “Queremos que el trabajo que hacemos conste en las resoluciones de competencia y en las aplicaciones informáticas y que podamos asumir mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude. Vemos como cada vez que hay normas internas de un rango inferior a una orden ministerial, se nos quitan y es algo que no comprendemos”, plantea.

¿Cómo se ha llegado hasta ahí? “Se ha recurrido a un artificio, se dice ‘haz todo, menos el último paso’, que puede ser sólo estampar una firma y que lo hará la persona que tiene la competencia”, sintetiza. Pero antes de llegar a esa marca, los técnicos han podido llevar a cabo “el proceso de investigación, de formulación de una propuesta jurídica tributaria, explicárselo al asesor del contribuyente, redactar los acuerdos de imposición de sanciones hasta la firma… De esa forma, nuestro trabajo se diluye”, se queja.

Esta situación ha dado lugar, de acuerdo a su relato, a que “muchos están dejando de hacer trabajo que realizaban antes, al perder la competencia”. ”Si se investiga a una empresa, se descubre una evasión tributaria, se empiezan a hacer los primeros números y se ve que no superará los 100.000 euros, se puede seguir; pero, si se sobrepasan los 120.000 euros, que delimita la cuota defraudada del delito contra la Hacienda pública, ese expediente se califica con tres palabras: especial complejidad sobrevenida. Y ya lo tienen que hacer otros funcionarios, los inspectores, pero son muy pocos”, mantiene. ¿Consecuencias? “Los técnicos ya no tenemos interés en hacer los expedientes que previsiblemente acaben en una cuota delictiva y se los dejamos a los que tienen la competencia, pero los inspectores no pueden y las denuncias de presuntos delitos fiscales se han desplomado un 82%, tanto en número como en cuota presuntamente defraudada”, avisa.

El portavoz de Gestha anota que, mientras en 2010 o 2011 había en torno a 1.000 denuncias, en la actualidad no llegan a las 200 al año. “Y no es que antes hubiera más fraude, es que se investigaba y ahora no”, enhebra. Hay una razón de fondo: “Los técnicos somos el 85% de la plantilla del grupo A, al que pertenecemos los que poseemos competencias para poder investigar, liquidar deudas, imponer sanciones y recaudarlas…”. De sus palabras puede deducirse una idea: el expediente tributario germen de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría haber acabado en un cajón. “Sí, podría haber sido uno de ellos. Si en vez de iniciarlo una inspectora, lo hace un técnico de Madrid, podría haberlo dejado”, mantiene. Y enlaza: “El 15% de la plantilla no puede desarrollar todos los expedientes que no hagamos los técnicos porque ellos tienen los suyos propios. A veces, se dejan entre los asuntos pendientes y al final no se abordan. Podría haber ocurrido”, incide en relación al caso de González.

“Es muy negativo para el trabajo diario que hacemos ver el perfil medio de las personas que atendemos. No tienen recursos, son trabajadores que vienen a pelo, porque no pueden pagar a un asesor fiscal y es doloroso. La ley tributaria nos exige que investiguemos, pero no son los grandes defraudadores. Todos vemos en los medios lo que hay. Que este sea el grueso de nuestro trabajo no nos satisface”, recalca Mollinedo.

Piden mayor movilidad y la AEAT afirma que lo analizan

Junto a lo desgranado, entre sus reivindicaciones se encuentran otros puntos como que se facilite la movilidad geográfica de los técnicos, como sucede, según Gestha, con respecto a otros cuerpos funcionariales de la Agencia Tributaria; o el cobro de complementos como el de productividad.

Fuentes de AEAT garantizan que “tienen intención" de seguir progresando "en la adaptación de su actual modelo de carrera administrativa y profesional avanzando en la evaluación del desempeño y los itinerarios formativos”. En relación con los traslados, indican que están analizando “fórmulas para flexibilizar el actual esquema de movilidad geográfica en un contexto de grandes promociones de nuevo ingreso que han generado dificultades en las necesidades de movilidad dentro de los procesos de promoción interna”.

Las protestas de este miércoles no serán las últimas de la semana. El viernes, 26 de abril, están convocadas en Sevilla, Almería, Granada, Zaragoza, Oviedo, Tenerife, Burgos, Segovia, Valladolid, Alicante y Valencia. Y no se descartan más acciones.

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