Financiación autonómica

¿Es viable un país con 17 cupos?

El presidente Mariano Rajoy saluda al lehendakari Iñigo Urkullu en La Moncloa en enero de 2013.

¿Es viable la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de hacer del concierto económico vasco un “modelo de referencia” para resolver de una vez por todas el problemas de la financiación autonómica? La respuesta a esa pregunta tiene muchos matices, pero en general es negativa, según la opinión de los expertos consultados por infoLibre. La idea del presidente vasco, expresada en un artículo publicado por El País en el que defendía la validez del modelo de concierto frente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, es que el sistema vasco es tan positivo que incluso puede permitir “avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario” porque “es un sistema acordado, eficiente y transparente de administración de los recursos tributarios”.

“La eficacia” del concierto económico (el acuerdo bilateral que regula las relaciones tributarias y financieras entre España y Euskadi), argumenta Urkullu, “depende de un adecuado ejercicio de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Además, aporta con carácter obligatorio y prioritario una cantidad (el cupo) destinada tanto a sufragar las cargas generales del Estado, sus funciones básicas, como a contribuir al Fondo de Compensación Interterritorial”.

Núria Bosch, catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona y directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del Instituto de Economía de la misma ciudad, lo tiene claro: “No es viable generalizar a las 17 comunidades el sistema del País Vasco”. El modelo del cupo sólo funciona con territorios ricos. Las comunidades pobres, con menos capacidad fiscal, “no tendrían recursos suficientes para financiar sus gastos”. Sólo sería posible implantar el concierto en alguna comunidad rica, pero generalizarlo es inviable, sostiene Núria Bosch

Urkullu tiene razón, precisa Bosch, en que el concierto “implica mucha responsabilidad fiscal”, porque “lo que hace es decir: ‘te doy los impuestos pero espabílate; con esto has de financiar tus gastos y, si no te llegan, es tu problema”. Pero eso funciona en una comunidad que tenga recursos y “que sabe que le llegarán”. La que no esté en esa situación “tendrá que subir sus impuestos y hacer une fuerzo fiscal superior para tener los mismos servicios y eso significa inequidad territorial”. Ylo que Euskadi aporta para otras comunidades, recuerda Bosch, es muy inferior a lo que entregan los territorios ricos del régimen común, como Cataluña, Madrid o Baleares.

Este es el motivo por el que, en su opinión, sólo sería viable implantar el concierto en “alguna comunidad rica” que “hiciera una aportación a otras comunidades para la solidaridad”. Pero “generalizarlo es imposible”. De hecho, recuerda, el deseo de muchas comunidades no está ahí.

Sí sería también viable, añade Bosch, que el nuevo modelo de financiación “cediera más responsabilidad fiscal, pero siempre con un sistema de nivelación y de solidaridad”.

Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la UNED, recuerda que nadie sabe muy bien cómo se calcula el cupo, la parte de los ingresos del País Vasco que pasan al Estado. “No digo que el cálculo de ingresos y gastos no sea correcto, pero la impresión de todos los estudiosos es que los criterios son muy favorables al País Vasco y a Navarra”.

Generalizar el cupo, razona, tendría como ventaja que los criterios deberían estar “necesariamente equilibrados, seria una forma de evitar dudas sobre si ingresos y gastos están calculados con criterios más favorables a unos que a otros”. Pero generaría un problema: la fragmentación de la gestión de Hacienda en beneficio de los grandes defraudadores, que tendrían más fácil eludir los controles, tal y como ya ocurre a escala de la Unión Europea. La solución no tiene por qué ser el cupo, puede ser mediante la gestión de deterninados tributos, defiende José Antonio Gimeno

La ventaja más importante resultado de aceptar la propuesta de Urkullu sería, en opinión de Gimeno, “que acabaría el discurso de que es Madrid quien no da dinero”. Con este modelo lo que ocurriría es que “usted tiene su hacienda y la controla, en ingresos y gastos. No venga con peticiones”. La solución, como se viene poniendo encima de la mesa desde hace años, recuerda el catedrático de la UNED, pasa “porque cada comunidad tenga ingresos suficientes para sus gastos. No tiene por qué ser cupo; pueden ser mediante la gestión de tributos determinados”. Lo que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, con una administración de hacienda compartida, sería “una forma de avanzar en esa dirección” sin poner en peligro la necesaria unidad de la información tributaria.

Gimeno admite que un sistema de cupo “lleva a que los ricos sean más ricos y los pobres mas pobres”. Por eso sería necesaria “una contribución clara a un fondo de redistribución razonable”, porque “lo que no puede pasar” es que después de aplicar ese fondo “quede mejor” quien no contribuye que quien sí lo hace. “Una redistribución que no lleve a que sea mejor estar abajo que arriba”.

“No es un absurdo, tiene sus pros y sus contras. Hace 30 años”, recuerda, “a Pujol se le ofreció y no lo quiso, porque era más cómodo el modelo del victimismo: ‘yo gasto, no corro en esa parte de impopularidad de los impuestos” y echo la culpa al Gobierno central. “Ya se ha visto que ha ido dando su juego”, recuerda.

Al final, la solución pasa por “la suficiencia tributaria”: que todas la comunidades tengan ingresos suficientes y asuman la responsabilidad de decidir en qué gastan el dinero y que presión fiscal aplican. Pero manteniendo la gestión compartida. Y después, si quieren más, que puedan subir impuestos. La culpa ya no sería del Gobierno.

El problema, naturalmente, sigue siendo cómo fijar los criterios del gasto, pero eso ya ocurre en el sistema actual: a algunos les favorece la insularidad, a otros el envejecimiento o la dispersión.

Desde el punto de vista de José Antonio Gimeno, harían faltas tres condiciones para que, hipotéticamente, un sistema así funcionase: que las comunidades autónomas tuviesen capacidad para establecer sus ingresos en función de los gastos a los que tienen que hacer frente; que la administración central se limitase a redistribuir un fondo de compensación (de manera semejante a los fondos de cohesión de la UE) y que hubiese “transparencia informativa tributaria”.

Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica en representación de Galicia, es mucho más crítico en torno a la viabilidad de la propuesta de Urkullu.

En su opinión, a la hora de juzgar el concierto, “la pregunta que hay que hacerse es cómo es posible que, con tipos impositivos similares o inferiores, el País Vasco y Navarra tengan muchísimos más recursos para las políticas autonómicas que Madrid o Cataluña”. La explicación, subraya Lago, “es que ellos no aportan lo que deberían atendiendo a su capacidad tributaria. De hecho, las dos principales anomalías en las balanzas fiscales son País Vasco, Navarra y Canarias“, en este caso “por su régimen especial”. Ambos territorios “disfrutan de un marco fiscal envidiable” gracias a la forma en la que se computa el cupo y a un nivel de renta per cápita “claramente superior a la media”.

El cálculo del cupo no es transparente, opina el catedrático gallego —“ni los expertos en financiación autonómica tienen claro el detalle de los cálculos”—. Y su generalización a todas las comunidades autónomas daría lugar a un caso “único en el mundo”. “El sistema foral es propio de una estructura confederal, como la Unión Europea”, muy distinto al de un Estado federal, en el que el Gobierno central no “renuncia a su poder tributario en una parte del territorio”. Santiago Lago cree que “sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”

Un sistema foral generalizado “y en las condiciones que rigen hoy en País Vasco y Navarra sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”, afirma sin dudarlo. “Pasaríamos a ser una confederación de 17 comunidades autónomas regidos por el principio de que ‘cada palo aguante su vela’. Sería un disparate” que beneficiaría fiscalmente a quienes tienen más capacidad y menos necesidades de gasto per cápita. Y perjudicaría a los que se hallan en situación contraria.

A pesar del entusiasmo con el lehendakari ha defendido su propuesta, las reacciones fueron negativas también desde la política. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, pintó un panorama sombrío: hacer lo que propone Urkullu supondría “la desaparición de la Hacienda común española, de la solidaridad y del Estado moderno, que nació para recaudar impuestos” y que no lo hiciera en su territorio cada uno de “los reyes y los señores feudales”. Es una idea “inaceptable e inasumible” que, aprovechó para acusar, el PSC quiere implantar en Cataluña.

El candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, preguntado por la propuesta de Urkullu, aseguró que “si salieran los números, tendría un gran defensor” en él. Lo que hace falta, destacó, es “encontrar un sistema que sea justo, suficiente, solidario y equitativo”. Y en eso cuenta con el beneplácito del líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque “lo de los barones va por barrios”, admitió.

Xavier Domènech, también aspirante a la Presidencia catalana, en este caso por Catalunya En Comú-Podem, celebró la apertura de este debate, pero rechazó abiertamente convertir el cupo en “un nuevo café para todos”.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), dejó claro que sigue estando en contra de cualquier intento de “romper la caja de la Seguridad Social” porque sería poner “en peligro el futuro” de España. Entiende que Urkullu defienda a su tierra, precisó, pero no que este país esté permanentemente “a subasta” durante las negociaciones en el Congreso. “Que un presidente del Gobierno esté utilizando las inversiones públicas y la financiación para ir sumando voluntades en el Congreso ha sido un déficit de la democracia española que hay corregir", concluyó.

En la misma línea se pronunciaron los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, Javier Fernández (PSOE), Juan Vicente Herrera (PP) y Alberto Núñez Feijóo (PP), que coincidieron este lunes en un acto conjunto. Feijóo señaló que la iniciativa de Urkullu aumentaría la renta de los territorios que ya son los más ricos, en detrimento de los de menor renta. El sistema de financiación es “para los ciudadanos” y no para las 17 autonomías. “No se trata de dividir el conjunto de ingresos entre 17 territorios, sino entre 48 millones de ciudadanos”, ha recordado.

Herrera recordó que la Constitución consagra la igualdad de los españoles y la “prohibición expresa” de que de las diferencias entre territorios se deriven privilegios económicos y sociales de unas comunidades sobre otras. A su juicio, es “de lógica aplastante” que, de aplicarse el sistema del cupo al resto de autonomías, “resultaría una España en dos bloques y una brecha entre autonomías”.

El presidente de Asturias rechazó también que el sistema del concierto se pueda implantar en otras comunidades.

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