"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración.
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid escuchaba las quejas de los vecinos de El Viso y paralizaba el plan del Ministerio de Defensa para levantar una torre de 18 plantas que albergaría oficinas militares. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, pidió a Defensa que se sentara con los vecinos, quienes protestan porque la construcción supondría una alteración del entorno y empeoraría el tráfico en un barrio residencial. Tras 88 alegaciones, el proyecto está actualmente detenido. A esto se suma la reciente victoria en los tribunales de los vecinos del Estadio Santiago Bernabéu, que han frenado la construcción de unos parkings en la zona, además de imponer su anterior reclamación por el ruido que generaban los conciertos.
Otro ejemplo de éxito, al menos momentáneo, es el del barrio de Montecarmelo. Cientos de residentes se habían organizado para defender su vecindario de la instalación de una infraestructura que consideran inadecuada por su proximidad a viviendas y colegios: un cantón de basura. A través de protestas, acciones legales y una intensa presión mediática, los vecinos han logrado arrancar al Ayuntamiento el compromiso de que no se tratarán residuos, ni habrá maquinaria ruidosa o compactadores. Aunque desconfían, porque el proyecto que sigue vigente es el mismo que llevan rechazando desde hace años. "Todavía no está del todo claro cuál va a ser la capacidad del cantón que el Ayuntamiento de Madrid prevé construir porque no han aclarado qué superficie tendrá finalmente", explican desde la FRAVM. En la misma lucha se encontraban los vecinos de La Elipa, aunque ellos no tuvieron tanta suerte y sí han visto cómo se ejecutaba la obra, de forma que, de ser un parque de maquinaria, el espacio pasó a transformarse en un área donde se trasvasa basura.
La presión vecinal depende de la capacidad para influir en las administraciones, de expresarse en su lenguaje o de llegar a la opinión pública. También, de los medios económicos para sostener demandas que, en general, se prolongan en el tiempo. Pero hay muchos otros matices.
"Hay una parte que resulta lógica y es que, con dos gobiernos conservadores [la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento], las respuestas a las reclamaciones vecinales parecen estar condicionadas por cierto cálculo político. Da la impresión de que estos gobiernos son más sensibles a las reclamaciones vecinales que surgen en zonas donde tienen un número de votantes más importante", apunta Nacarino.
Y luego están los medios económicos. "Es mucho más fácil para los vecinos de la zona del Bernabéu o del barrio de Castilla poder conseguir fondos para iniciar un procedimiento contencioso contra una Administración —en este caso, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra el Real Madrid— por las obras que se planeaban en el Estadio Santiago Bernabéu. O es mucho más fácil obtener esos mismos recursos económicos para los padres y madres del Colegio Alemán, en el barrio de Montecarmelo, que para los vecinos de San Fermín (Usera, en el sur de la capital) en su lucha contra el crematorio", señala el responsable de la FRAVM.
La instalación del crematorio que el Ayuntamiento de Madrid quiere ubicar en el tanatorio de la M-40 lleva años en liza. "Se paralizó en el año 2015, pero lo han vuelto a intentar y desde entonces estamos batallando con el consistorio para que no concedan la licencia, ya que está muy cerca de las casas y de un centro educativo", explica una vecina de la agrupación del distrito de Villaverde. Para avanzar en el proceso, apunta, tratan de recaudar fondos propios "cuando se puede" y se apoyan en la Federación de Asociaciones Vecinales para obtener representación legal.
"La Administración hasta ahora nos ha ignorado y, en el fondo, nuestra queja es que este tipo de instalaciones están siempre en los mismos barrios de la zona sur", explica la vecina de Villaverde. "Siempre perjudican al mismo vecindario. Tenemos depuradoras, escombreras, crematorios... instalaciones que serían impensables en otros distritos de la capital", concluye.
Si bien es difícil establecer una comparación entre los diferentes casos, el capital social —ese conjunto de conocimientos adquiridos y contactos ligados a la posición económica— puede ser un matiz que termine de inclinar la balanza, más allá del peso evidente que tiene el factor económico.
El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto
"El sur es el espacio donde se coloca todo aquello que la ciudad necesita, pero que resulta molesto. En el centro de la ciudad siempre hay un informe ambiental, una sentencia en contra, un juez que paraliza la licencia, etc. Pero en el sur es donde esas cosas terminan encontrando cabida", relata Antonio Abueitah, de la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Abueitah enumera varios ejemplos, entre ellos el festival de música MadCool, que se celebra en su distrito. "No se entiende que en el WiZink Center (ahora Movistar Arena) no se puedan prolongar los conciertos más tarde de las 11 de la noche, o que en el Bernabéu no se puedan celebrar, mientras que el MadCool se instala aquí con música hasta más allá de las dos de la mañana", apunta. "Así se termina normalizando la idea de que en el centro hay unas normas, mientras que en otros barrios estas regulaciones son más laxas", concluye.
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Abueitah cuenta que esta constatación les ha obligado a elegir qué luchas pueden permitirse abordar y cuáles no. "Al final, si no fuese por el abogado de la federación regional (FRAVM), no podríamos pagar un equipo de abogados que nos represente". Su asociación de vecinos comparte un representante legal que trabaja con la FRAVM y que les ayuda, pero que también lleva otros casos. "Hay algunos casos, como este del crematorio, que por su gravedad y por la preocupación de los vecinos se decidió llegar a los tribunales, pero lo normal es que no se nos pase por la cabeza demandar". De hecho, la zona de Villaverde-San Cristóbal de Los Ángeles tiene una renta bruta media anual de 25.748 euros, según los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicados por la Agencia Tributaria. A mucha distancia, la zona de Castilla-Chamartín, donde se sitúa el Santiago Bernabéu, tiene una renta media de 75.739 euros. En este último caso, los vecinos habían conseguido organizarse para pagar una derrama mensual de 200 euros que sustenta su asistencia legal.
La movilización social como espacio clave
Dar visibilidad y crear un espacio social que atraiga atención mediática es una de las cosas que desde la FRAVM consideran más importantes y que menos se tiende a considerar. "En el caso de Montecarmelo, lo que ha habido detrás —más allá de la capacidad económica que puedan tener estos vecinos con respecto a otras zonas de Madrid— es una gran movilización social", apunta Nacarino. La FRAVM cifra en 3.000 personas la asistencia a algunas de las concentraciones organizadas en este distrito, con las que, por el momento, han conseguido parar la obra del cantón.
"Los vecinos de San Fermín y de otras zonas de Usera y de Villaverde también se han unido y han sido capaces de sacar a más de 5.000 personas a la calle para protestar contra la instalación del crematorio", enumera Nacarino. "No todas las batallas que se pueden dar son judiciales y no podemos naturalizar que la forma de interactuar con la Administración sea la justicia, porque los vecinos merecen ser escuchados". Mandar ese mensaje, advierte, puede frenar la movilización y la voluntad de salir a la calle en aquellas zonas donde la capacidad económica para sostener un contencioso es más limitada.
"Hay una diferencia en la forma en que las administraciones o el Ayuntamiento atienden las reclamaciones vecinales de unas zonas de Madrid y de otras". Quien pronuncia esta frase es Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica cómo la capacidad de hacer visibles las reclamaciones vecinales, la movilización social y la renta de los barrios condiciona el éxito o el fracaso de los objetivos que se fijan los ciudadanos cuando se plantan ante la Administración.