Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?
"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales".
Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo.
El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades.
"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".
La presión desde Europa
Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".
En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.
Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".
La búsqueda de un enemigo
¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".
En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea.
Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.
Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad.
Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.
Reconstruir un país arrasado por el odio
Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.
El partido de Orbán utiliza amenazas y dinero para asegurarse los votos en Hungría
"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.
Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".
Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.
Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?