IGUALDAD

Control de objetores, fin de los tres días de reflexión y bajas por interrupción del embarazo: las claves de la ley del aborto

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Esta norma acaba con los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y reconoce nuevos derechos sexuales, menstruales y reproductivos". Con estas palabras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba este martes la aprobación del anteproyecto que modifica la Ley del aborto de 2010. "Damos un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres y dejar atrás estigmas, también para que las maternidades sean más libres y sean decididas", añadía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma del aborto está desde este martes un paso más cerca de ser una realidad, en un contexto de amenaza ultra a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Aunque la legislación está atravesada por la interrupción voluntaria del embarazo, lo cierto es que va más allá: se trata de una ley de salud sexual y reproductiva. Y es también en ese ámbito donde la nueva norma, confeccionada por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad, pone el acento. infoLibre ha tenido acceso al texto aprobado este martes, estas son las claves que introduce. 

Aborto en la red pública y sin tres días de reflexión

Garantizar el aborto en la red pública se ha consolidado como uno de los principales compromisos del Ministerio de Igualdad. La nueva ley garantizará que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en los hospitales públicos y además pondrá especial énfasis en la cercanía del domicilio, incluso aunque el hospital más próximo sea en una comunidad distinta a la de residencia. "Se acabaron los desplazamientos a cientos de kilómetros de sus casas", señalan fuentes de Igualdad. 

Era esta una de las principales trabas que reseñaban las mujeres: las dificultades a la hora de abortar en los hospitales públicos, especialmente a causa de la objeción de conciencia, desplazaba a las mujeres a las clínicas privadas o a otras provincias, con el coste que conlleva. En el año 2020, según datos del Ministerio de Sanidad, el 84,51% de los abortos practicados se realizó en la sanidad privada, la mayoría en centros extrahospitalarios. Cuatro comunidades no realizaron ningún aborto en la red pública.

¿Cómo garantizará la ley que el aborto se practique en la red pública? Principalmente, regulando la objeción de conciencia. El modelo que sigue bebe directamente del trazado en la Ley de Eutanasia. La citada ley interpela a las administraciones sanitarias para que confeccionen un "registro de profesionales sanitarios objetores" y eso es lo que hará la nueva legislación. El objetivo, que siempre haya personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo. Quien se declare objetor, además, tendrá que hacerlo por escrito, con antelación y lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.

Otro de los grandes compromisos del Gobierno: que las menores de entre 16 y 17 años recuperen su derecho al aborto, sin necesidad de contar con ningún permiso. Con esta medida, se termina definitivamente con la reforma introducida por el conservador Alberto Ruiz Gallardón en 2015. También se esfuman los tres días de reflexión impuestos a las mujeres que deciden abortar y el sobre informativo sólo será entregado a aquellas que así lo soliciten.

El aborto, además, pasará a ser considerado siempre "un procedimiento sanitario de urgencia", según el artículo 19.6 de la ley, por su "especial sujeción a plazos". Las mujeres tendrán plena libertad para decidir el método de interrupción: el quirúrgico o el farmacológico. 

Baja menstrual, preparto y por interrupción del embarazo

La ley incluirá un apartado relativo a la salud menstrual, con una medida estrella: la baja específica para las mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes, financiada totalmente por la Seguridad Social. Este permiso, pionero en suelo europeo, ha sido objeto de negociación constante entre los socios de coalición, quienes la semana pasada llegaron a un acuerdo en sus términos: será una incapacidad temporal específica, los costes económicos no correrán a cargo de la empresa y la trabajadora no tendrá que contar con un mínimo cotizado. Bastará con tener una patología previamente diagnosticada por el especialista, en este caso un ginecólogo, para poder solicitar la baja al médico de cabecera. A partir de ahí, será el profesional de la salud el que determine los días de duración del permiso y, a diferencia de otras incapacidades temporales, la trabajadora mantendrá sus ingresos intactos desde el primer día. 

La ley contempla además una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y otra preparto desde la semana 39 de gestación, independiente del permiso de maternidad. Ninguna de estas bajas requerirá de una cotización previa, aunque no estarán financiadas al completo por el Estado, sino que seguirán el mismo esquema que una incapacidad temporal por enfermedad común.

Salud menstrual y educación sexual

Siguiendo también las pretensiones trazadas por la ministra Irene Montero, se garantizará el reparto gratuito de productos de salud menstrual en centros educativos, organismos públicos, centros cívicos y prisiones, con el propósito de terminar con la pobreza menstrual. La organización Period en España estima que dos de cada diez mujeres no pueden asumir el coste de tampones, compresas o copas menstruales. 

Los socios de coalición han puesto la mirada en otro asunto de calado: la educación sexual. Será, dicta la ley, integral en las principales etapas educativas y tendrá como epicentro "el consentimiento" y las relaciones basadas en "los buenos tratos". También en los centros educativos se repartirán de forma gratuita métodos barrera de anticonceptivos, en el marco de las campañas sobre educación sexual que se pongan en marcha en las escuelas. El Gobierno quiere además poner el foco en los hombres, y promoverá métodos de anticoncepción masculina "para que no sea sólo una responsabilidad de las mujeres"

El personal docente recibirá formación específica en educación sexual y menstrual, contenido que también estará dirigido a trabajadores públicos y funcionarios de prisiones. 

La nueva legislación creará además centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva, dependientes de las comunidades autónomas y donde se distribuirá la píldora del día después de forma gratuita. Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social. También se pondrá en marcha una línea de atención telefónica que aspira a proporcionar información a las mujeres que lo requieran. Este teléfono será gestionado por el Ministerio de Igualdad y funcionará de manera similar al 016.  

Vientres de alquiler y otras violencias

Tal como se viene anunciando desde hace meses por parte del Ejecutivo, los vientres de alquiler quedarán definidos por ley como una forma de violencia contra las mujeres. Se pondrán en marcha campañas institucionales que informen sobre la "ilegalidad de estas conductas", así como la "nulidad de pleno derecho del contrato". Pero la prioridad será actuar contra las agencias intermediarias que se encargan de conectar a los clientes con los servicios de gestación subrogada en el extranjero, una red de empresas que utilizan técnicas de dudosa validez jurídica para mantener el negocio.

También se enmarcará como violencia la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad, así como el embarazo y aborto forzoso. 

Las ausencias

Si bien la ley contempla la violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo, no menciona explícitamente la violencia obstétrica. "No era una definición con la que se sintieran cómodos el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Justicia", señalan fuentes de Igualdad. "No renunciamos a intentar convencerles de que es útil incorporar este concepto en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que habla de violencias que están sufriendo las mujeres en nuestro país", sostienen las mismas voces. Algunas leyes autonómicas contra la violencia machista, como la catalana, ya contemplan esta forma de maltrato, por la que la ONU ha condenado a España.

Pese a ello, el cuerpo de la norma "recoge las principales líneas de políticas públicas que recomiendan" los organismos internacionales en esta materia. La ley busca prevenir esta forma de violencia mediante el fomento de "buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y postparto".

También se queda fuera de la norma la bajada del IVA de los productos de cuidado menstrual, actualmente gravados a un 10%. El Gobierno podrá incluir, eso sí, la reducción en los Presupuestos Generales del Estado. A nivel europeo, sólo Irlanda ha decidido que estos productos estén exentos del impuesto.

Respecto a los vientres de alquiler, el Ministerio de Igualdad planteaba la persecución penal de las personas que accedan en el extranjero a esta práctica. Actualmente, el artículo 221 del Código Penal ya permite castigar a los que "mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación". Igualdad proponía cambiar la jurisdicción de este precepto para poder perseguir también a quien incurriera en este delito fuera de nuestras fronteras. El Ministerio de Justicia se opuso a la propuesta. 

Memoria económica

Las fuentes de Igualdad consultadas han abundado además en los datos económicos que acompañan a la norma. El conjunto de la ley tiene una memoria económica que asciende a los 104 millones de euros. La partida que hará posible la incapacidad temporal por reglas dolorosas se fija en 23,8 millones, la baja pensada para las mujeres que pasen por un aborto alcanzaría un coste de 7,8 millones de euros y aquella que concede un permiso en la semana 39 de gestación, asciende a 57,1 millones.

La garantía de que los hospitales públicos practiquen interrupciones voluntarias del embarazo costaría 7,5 millones, un presupuesto esencialmente destinado a formación del personal, mientras que la atención especializada –fundamentalmente formación y acompañamiento– para las interrupciones por la vía farmacológica alcanzaría un coste de 7,8 millones. Finalmente, el reparto de anticonceptivos y productos de gestión menstrual en centros educativos costaría, según las estimaciones gubernamentales, 300.000 euros.

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