Vientres de alquiler

Técnicas de dudosa validez jurídica y más de un año ante la Fiscalía: así prosperan las agencias de gestación subrogada

Imagen de una mujer embarazada pasando un control médico.
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De gestación subrogada a explotación reproductiva. El Gobierno parece dispuesto a terminar con todas las lagunas que este fenómeno deja a su paso, pese a tratarse de una práctica prohibida en el país. El Ministerio de Igualdad ya anunció la penalización de los vientres de alquiler en la reforma del aborto, pero ¿cuáles son los principales retos que quedan por abordar? Las agencias intermediarias son uno de esos baches, unas compañías que se lucran de una actividad no permitida a través de prácticas dudosas y deliberadamente maquilladas.

Tanto, que en verano del pasado año el propio Ministerio de Justicia requirió a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación sobre su actividad. "La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió unas diligencias de investigación para determinar los hechos denunciados. En la actualidad, esas diligencias continúan abiertas", señalan fuentes del Ministerio a preguntas de infoLibre. Las agencias llevan más de un año en el punto de mira, pero todavía continúan prestando sus servicios en la actualidad.

De la aproximadamente veintena de agencias que existen en el país, "hay seis o siete que son las más grandes". Habla Núria González, jurista y autora del libro Vientres de Alquiler (2019, Lo que no existe). González preside además la asociación L'Escola, que en enero del presente año denunció ante la Fiscalía a varias agencias. El principal escollo para estas empresas, dice al otro lado del teléfono, es que "no se pueden registrar como agencias de vientres de alquiler". Es ahí donde comienzan los malabares. "En el registro mercantil constan actividades económicas de lo más variopintas: construcción, alquiler de pisos turísticos, exportación de coches de alta gama… actividades que tienen en común la posibilidad de hacer facturas de muy alto volumen", explica la abogada.

La magistrada Helena Gil se pregunta "cómo puede ser que existan agencias que estén anunciando actividades prohibidas en España", una realidad que cataloga de "insólita". La respuesta, coincide, tiene que ver con el camuflaje: "Están registradas en España, pero usan epígrafes falsos". Esas agencias, relata la magistrada, "lógicamente no se pueden inscribir en el país porque su objeto social está prohibido", así que la forma de proceder es sencillamente cambiar ese objeto.

¿Se puede perseguir a las agencias? Jurídicamente, argumentan las voces consultadas, esa suerte de camuflaje debería ser suficiente para investigarlas y sancionarlas. "Si el servicio no corresponde, significa que han cometido falsedad, se les cierra y se les puede multar", expone Gil. El grueso de las agencias tiene en común "un capital social de 3.000 euros como mínimo y también el volumen de facturación", completa González, pero "¿a raíz de qué está facturando esta gente?, ¿Hacienda no lo investiga?". Para la letrada, se trata de "un fraude fiscal claro: no puedes darte de alta como peluquería y dar otros servicios". No serían necesarios, por tanto, instrumentos adicionales para combatir su actividad.

Pero incluso aunque la gestación subrogada no estuviera prohibida en suelo nacional, habría herramientas para limitar su publicidad. "Si lo hemos podido hacer con algo que está permitido, como las apuestas, cómo no lo vamos a hacer con algo que no está permitido", lanza la magistrada. Fuentes del Ministerio de Consumo explican a preguntas de este diario que, actualmente, la cartera de Alberto Garzón y la de Irene Montero trabajan conjuntamente en algunos de los aspectos que atañen a las agencias y a su publicidad, pero de momento sin un plan concreto en el horizonte.

Las agencias "son clave de todo: nadie se va a otro país por su cuenta a buscar una mujer para hacerle la oferta", razona Gil. Estas empresas son, por tanto, "las que se encargan de dar apariencia de legitimidad" a la práctica de la gestación subrogada, "aprovechando la vulnerabilidad de esas personas que no pueden tener hijos".

De "todo incluido" y de "intentos ilimitados" habla Go4Baby, una de las principales agencias que operan en España. La compañía garantiza "un coste cerrado y sin sorpresas a lo largo del proceso". Y se dirige a sus potenciales clientes: "Luchamos por vuestro sueño". Interfertility, por su parte, presume de ser "la empresa española líder en gestación subrogada" llegando incluso a ofrecer "un paquete basado" en las "necesidades concretas" de cada familia. En mayúscula y negrita, su web resalta un elemento: "Derechos de las mujeres". La empresa asegura que el "respeto a los derechos de las mujeres que participan como donantes y gestantes" es clave en la técnica y asegura que la propia empresa "participa personalmente en los procesos de selección".

La libertad de los clientes, para continuar con el proceso pero también para desistir, es absoluta: "Los futuros padres no se comprometen definitivamente con un programa hasta que han conocido y aceptado personalmente a la mujer que les ayudará a tener a sus hijos". Entre las novedades que figuran este año en su página web, una guía para resolver dudas que se detiene en una cuestión concreta: el cambio de Gobierno. "Muchas familias nos preguntan si la llegada de un nuevo gobierno puede cambiar la situación legal de la gestación subrogada", expone la empresa. Y añade que si bien el procedimiento de inscripción "puede cambiar en el futuro", asegura que "sea cual sea el nuevo gobierno o su ideología, no podría evitar que los bebés sean registrados finalmente como españoles".

En Gestavida, con programas en Ucrania y Estados Unidos, defienden la gestación subrogada como una "realidad de nuestro tiempo" y además "una opción viable y una necesidad legal". Ellos mismos reconocen el nulo encaje de los vientres de alquiler en la legislación española, aunque lo exponen señalando que en el país "todavía queda mucho camino por recorrer". Pese a ello, se comprometen a "ayudaros con todos nuestros medios a conseguir vuestro objetivo", mediante programas con "intentos ilimitados" e incluso "selección de sexo".

Desde medidas de "especial sigilo" hasta "reinicio" en caso de muerte

La Agencia Española de Gestación Subrogada (AEGES) abre su página web recordando que "el recién nacido no tendrá ningún vínculo legal o genético con la mujer que lo ha gestado", la primera de las garantías que desarrollan sus servicios. Unos servicios que presumen de ser asequibles para todo el mundo: "Hemos seleccionado equipos de trabajo y procedimientos que permiten el acceso a la gestación subrogada a familias o personas de clase media", dicen.

Siguiendo la lógica de mercado, la agencia ofrece distintos tipos de programas adaptados a los recursos de los clientes: el más básico permite acceder a un "proceso rápido, seguro y a un costo razonable, que no supera los 45.000 euros en situaciones normales". A partir de ahí, las ofertas adquieren mayor categoría de manera escalonada. Otro de los programas que destacan es aquel que han bautizado bajo el nombre de Programa Discreción. "Algunos padres intencionales, por sus circunstancias personales, quieren que se adopten medidas de especial sigilo". La agencia promete con este programa el desarrollo de "mecanismos que impiden el conocimiento público" del procedimiento, mediante el impulso de servicios como "reuniones en Madrid en oficinas diferentes de las de AEGES". La primera reunión informativa, detallan, tiene un coste de 500 euros.

Surrobaby, que opera en países como Estados Unidos, México, Georgia, Ucrania y Canadá, afirma estar en "continua negociación con las agencias y clínicas de fertilidad" para intentar "abaratar al máximo los costes del proceso para poder hacerlo lo más asequible posible". Esta empresa ofrece precios que oscilan entre los 45.300 y los 55.500 euros, aunque incluye complementos adicionales como una "compensación por mellizos" que asciende a los 3.000 euros extra o una "compensación por cesárea" que puede suponer 1.500 euros más para los clientes. Entre algunas de sus ofertas se encuentran también los "intentos ilimitados" hasta el nacimiento del bebé.

Los responsables de Gestilife apelan, una vez más, a los sueños: "Quiero tener un hijo, es mi gran sueño". El equipo está formado por abogados, tal como subrayan en su página web, "pertenecientes al grupo británico Invest Medical, con filiales propias en siete países y clínica propia de reproducción asistida". Gestlife cuida mucho de distinguirse de las agencias: "No somos una simple agencia de gestación subrogada. Para empezar, la figura jurídica de la agencia no existe ni está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico", por lo que "no ofrecen garantía alguna". Su carta de presentación es la diferencia y por ello aseguran tener un código deontológico que les obliga a practicar la gestación subrogada "evitando la explotación de las madres subrogadas".

El coste de alquilar un vientre fuera del país parte de los 50.000, según la propia web, y puede alcanzar los 200.000 "o más según el país de destino que se elija". Entre los servicios que ofrecen se incluye una "garantía de reinicio en caso de fallecimiento del bebé" para evitar que los clientes se queden "sin niño y sin dinero". Gestilife presume de ser "la única compalía" española que "cubre esta terrible contingencia" garantizando el "reinicio del mismo programa que había contratado, hasta un año después del nacimiento".

Las agencias de alquiler de vientres, expone Núria González en su libro, "comunican contenidos comerciales con una estrategia que implica la utilización de la neolengua para hacer que su mensaje sea aspiracional y no genere rechazo en términos morales o sociales". El lenguaje, desgrana la jurista, "es cultura viva, forma percepciones, plasma anhelos y realidades y establece los límites sobre los cuales se discute la realidad pública". Las agencias "parten de este principio y despliegan estrategias publicitarias en internet y en cualquier medio con todo tipo de reclamos de mercado".

En la Jornada sobre Explotación Reproductiva organizada a finales de noviembre por el Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, directora del organismo, recordaba los motivos por los que el lenguaje empleado por las agencias y empresas es reflejo de su actividad. El de los vientres de alquiler, remarcaba, "es un mercado que funciona como cualquier otro" y el resultado se expresa en "deseos que hemos convertido en derechos mediante un precio: hay derecho a casi todo lo que puedas comprar". En ese sentido, las compañías consiguen "entronizar el contrato capitalista como el gran regulador de la vida social: por contrato se puede renunciar a todo, incluso a derechos fundamentales". Sigue haciendo falta, insistía la directora del instituto, "mucha pedagogía contra la explotación reproductiva, porque una parte de la sociedad la sigue viendo aceptable".

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