No es sencillo para las mujeres que sufren violencia machista atravesar las puertas de la comisaría y reconocerse como víctimas. Si algo temen, es precisamente el momento de dar la voz de alarma, confiar en las autoridades y vencer el miedo a no ser creídas. Un temor que se cronifica cuando quien debería protegerlas es también parte del problema: así ha sucedido con el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, quien ha dimitido tras haber sido denunciado por una agresión sexual contra una trabajadora.
Ella habla de subordinación institucional sistemática, también de control, dominación y sumisión psicológica. En la querella, la víctima denuncia una conducta obsesiva de acoso, presión psicológica y una violación marcada por la violencia física y la intimidación ambiental. El maltrato, según el relato de la víctima, fue continuado y se nutrió presuntamente de la complicidad de su mano derecha, Óscar San Juan, quien habría coaccionado a la denunciante mediante una "oferta de compensación laboral" a cambio de su silencio.
El que fuera máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, añade la denunciante, se aprovechó de forma sistemática, deliberada y flagrante de su posición de superioridad "jerárquica institucional y de los medios materiales y humanos inherentes a su cargo público". Es decir, se apoyó en el sistema para ejercer la violencia que decía combatir.
Infradenuncia y temor a no ser creídas
A la dimensión de lo sucedido se suma una realidad sangrante: la reticencia que sistemáticamente han expresado las víctimas a la hora de acudir a las autoridades. Según la Macroencuesta de violencia contra las mujeres, únicamente el 16,8% de quienes han sufrido violencia en pareja ha dado el paso de denunciar. Un porcentaje que cae en picado en el caso de la violencia sexual fuera de la pareja: sólo el 4,9% es capaz de presentarse en comisaría. Entre los motivos que mencionan aquellas que optan por no acudir a las autoridades, se encuentran la culpa, la vergüenza y el temor a no ser creídas.
Según el mismo estudio, el 27,1% de las mujeres que sí denunciaron a sus exparejas ante la policía aseguran estar bastante o muy insatisfechas con el trato recibido. Entre los motivos citados, las mujeres deslizan la falta de interés por resolver el caso (71,8%), la desprotección (34,1%), hacerlas sentir culpables (22,1%), la falta de información sobre los recursos de apoyo (21%) y la sensación de que la policía no les creyó (19,6%).
El porcentaje de insatisfacción respecto al trato recibido se instala en el 19% en el caso de las víctimas de violaciones fuera de la pareja, el 18,1% para los intentos de violación y el 17,2% en cuanto a otras formas de violencia sexual.
El Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español también pone el acento sobre la percepción de las víctimas en torno a la respuesta institucional ante la violencia ejercida sobre ellas. Y el sector policial es el segundo más señalado por sus deficiencias, especialmente entre las mujeres extranjeras. La policía autonómica es criticada con mayor frecuencia (52,2%), seguida por la nacional (21,7%), la local (17,4%) y la guardia civil (8,7%). Las autoras explican este orden aludiendo a que habitualmente las competencias en materia de violencia de género recaen en la policía autonómica.
Las mujeres identifican algunos patrones que se repiten en el seno de las comisarías. Hablan de la omisión frente a las violencia machistas, a través de dificultades a la hora de interponer una denuncia o inadecuación de los espacios de atención, pero también señalan a los agentes como propios agresores: deslizan en estos casos "abuso de poder, amedrentamiento y criminalización de las mujeres".
Recuperar la confianza
Si el contexto previo es el de una manifiesta fragilidad en la confianza de las víctimas hacia el sistema, ¿cuál es el impacto de casos como el del número dos de la Policía Nacional? "Evidentemente mina y mucho la confianza en el sistema", expresa Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. "Vemos que hay desconfianza en el sistema porque no responde bien ante la violencia que les llega", lamenta.
Casos como el actual son especialmente graves, a su juicio, porque entra en juego la violencia ejercida por parte de quien debería ser el máximo garante de la protección de las víctimas. "La inmensa mayoría de las violaciones se producen al margen del sistema, porque no se denuncian. Y no se denuncian porque hay elementos de sobra para desconfianza", zanja el también médico forense.
Precisamente por ese motivo, razona el experto, confiar en el sistema implica necesariamente que el sistema cambie. El exdelegado insiste en que los agresores machistas tienen la particularidad de saberse impunes: "Su posición de poder es tal, que van a influir sobre las víctimas para evitar que denuncien. Pero incluso cuando sí denuncian, los maltratadores también saben que van a contar con elementos de apoyo para que no sean creídas".
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, añade algunos matices en su análisis: "La confianza de las víctimas desde luego se construye a partir de comportamientos ejemplares de los servidores públicos y claro que hace daño la imagen del jefe de la policía denunciado por agresión sexual. Pero tan importante como eso es la respuesta institucional en este tipo de casos", se apresura. Y concreta: "La celeridad, evitar declaraciones para justificar o poner en duda la denuncia o el derecho a denunciar de una víctima, evitar el efectismo y la polémica política y partidista, forman también parte de la construcción de la confianza de las víctimas en el sistema".
Arropar a las víctimas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles haber actuado de forma inmediata en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. "Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", afianzó ante los medios de comunicación, para añadir que presentará su dimisión si la víctima expresa no haberse sentido protegida.
Dimite el número dos de la Policía tras la denuncia por agresión sexual de una subordinada
Poco después, fue el turno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "El Gobierno ha actuado con contundencia, coherencia y empatía con la víctima". También puso el foco en la víctima la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien la considera "un ejemplo para muchas otras". Y añadió: "Siempre decimos que hay que denunciar". Preguntada sobre los fallos en el sistema, la ministra se detiene en el "factor humano". Cada individuo, precisó la titular de la cartera, "tiene su trastienda", pero cuando se conoce una situación de estas características, "hay que apartar a esa gente y que caiga todo el peso de la ley".
En este punto se detiene Soleto. "La realidad nos demuestra una y otra vez que no hay ningún ámbito que se libre de este tipo de hechos", reseña, pero sí cree que la clave está en cómo se responde ante estas situaciones. "La respuesta correcta es la clave para la prevención y protección de las víctimas directas y el conjunto de potenciales víctimas presentes y futuras", zanja la experta.
Si la Macroencuesta se esfuerza en identificar los motivos por los que gran parte de las víctimas desconfían de las instituciones, también explora el extremo opuesto: el 61,4% de las mujeres que denunciaron a sus exparejas ante la policía está bastante o muy satisfecha con el trato recibido. El porcentaje es del 51,4% en el caso de las víctimas que denuncian una violación fuera de la pareja. Las autoras del estudio recalcan que "la mayor formación en esta materia que recibe desde hace algunos años el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se traduce en una mayor sensibilización y en una mejor atención".
No es sencillo para las mujeres que sufren violencia machista atravesar las puertas de la comisaría y reconocerse como víctimas. Si algo temen, es precisamente el momento de dar la voz de alarma, confiar en las autoridades y vencer el miedo a no ser creídas. Un temor que se cronifica cuando quien debería protegerlas es también parte del problema: así ha sucedido con el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, quien ha dimitido tras haber sido denunciado por una agresión sexual contra una trabajadora.