IGUALDAD

Un magistrado que llamó "hija de puta" a una víctima imparte cursos sobre violencia de género a jueces

Imagen de una manifestación feminista.

En octubre de 2018, el nombre del juez Francisco Javier Martínez Derqui saltaba a los titulares por referirse a una víctima de malos tratos, cuyo caso instruía, como "bicho" e "hija de puta". El Poder Judicial abrió una investigación contra él que terminó siendo archivada por tratarse de una conversación privada, a pesar de la "objetiva e incuestionable incorrección" de las declaraciones, según concluyeron los investigadores. Hoy, tal y como ha podido constatar infoLibre, el magistrado imparte uno de los cursos de formación sobre violencia de género que reciben jueces de todo el país.

Se trata del curso Iniciación en formación de violencia de género que busca instruir a los operadores jurídicos en materia de igualdad. Concretamente, el magistrado figura como tutor del Módulo II del curso. Al ser tutor y evaluador de uno de los dos bloques, la superación del curso y su contenido dependen de él. Además, el juez debe intervenir resolviendo dudas y aportando criterios en la comunidad virtual del curso, cuya duración ronda las cincuenta horas repartidas en dos meses de forma online.

Hace siete años, el entonces juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número siete de Madrid mantuvo una conversación informal en sede judicial, con la fiscal y la letrada de la administración de justicia, acerca de un caso que se encargaba de instruir. Concretamente, el juez estaba al frente de los procedimientos civiles y penales derivados de una demanda de divorcio y dos denuncias por malos tratos, amenazas y coacciones presentadas por una víctima de violencia machista contra su exmarido. La policía acreditó su estatus de víctima y determinó la existencia de una situación de riesgo extremo, si bien los tribunales decretaron más tarde sobreseimiento por falta de pruebas.

Las palabras de Martínez Derqui quedaron registradas por error en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas. En ese momento, el magistrado se refirió a ella como "bicho" e "hija de puta", frivolizando además sobre un caso que en aquel momento estaba abierto y sobre el estado de salud de la mujer, quien había acudido a urgencias la noche anterior por un ataque de pánico. "Verás el disgusto que se va a llevar" la denunciante "cuando vea que tiene que darle los hijos al padre", destacó el juez, para deslizar después que la víctima, una conocida modelo, acudiría a la televisión para ponerle de "vuelta y media".

Las imágenes se filtraron a los medios de comunicación y la perjudicada solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomase medidas. Martínez Derqui, en el momento en que salen a la luz sus comentarios, optó por apartarse del caso. Entonces el Poder Judicial abrió una investigación que terminó finalmente en archivo. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la decisión anterior, al entender que aunque los insultos fueron "ofensivos y por completo inaceptables", encajaban en el contexto de una conversación privada, por lo que su autor no podía ser sancionado.

Este diario ha preguntado al CGPJ sobre el tiempo que lleva el magistrado –hoy en la Sección vigésimo séptima de la Audiencia Provincial de Madrid– siendo parte del curso, el tipo de contenidos que imparte y sobre la idoneidad del juez como formador, teniendo en cuenta los polémicos antecedentes. Al cierre de esta edición, la institución se limitó a aclarar que el expediente disciplinario que se abrió al juez fue archivado "porque la grabación era nula". Fuentes jurídicas especializadas en violencia machista, en cambio, sí han querido resaltar a este periódico la labor de Martínez Derqui, "un extraordinario juez de violencia" sobradamente capacitado para formar a otros compañeros.

Perspectiva y violencia de género

La formación en género entre sus señorías ha cobrado esta semana especial relevancia, tras las declaraciones de la actriz Elisa Mouiliaá ante el juez instructor Adolfo Carretero, en el marco de la denuncia contra el exdiputado Íñigo Errejón por violencia sexual. El juez protagonizó un ejercicio de revictimización hacia la denunciante, dirigiéndose a ella en tono cortante y formulando preguntas que apuntalaron el descrédito hacia su relato. Este miércoles, el CGPJ informó de la apertura de una diligencia informativa tras las denuncias recibidas por la actuación del magistrado.

Hace ahora seis años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de cincuenta horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

El principal problema, según indican distintas juezas consultadas, es que el carácter obligatorio deja fuera a buena parte de los jueces y magistrados del país. Pero además, abundan las mismas voces, los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Es necesaria "formación actualizada, periódica y evaluable", rezan.

El problema de la especialidad

El juez Carretero o cómo revictimizar a una mujer en un interrogatorio: "¿Por qué tardó en denunciarle?"

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Otro de los grandes problemas que apuntan las juristas tiene que ver con la especialización. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial ya contempla la violencia de género como una nueva especialidad, lo cierto es que la disposición no ha tenido ningún impacto. La especialidad "exigiría un desarrollo en el reglamento que todavía no se ha producido", indican las voces consultadas, "no se han convocado pruebas que te den la consideración de especialista, como ocurre en otras jurisdicciones". En marzo del año pasado, el Poder Judicial comunicó la puesta en marcha de la especialidad, pero desde entonces no se han anunciado pasos concretos.

La consecuencia inmediata es que los jueces expertos en violencia que quieran acceder, por ejemplo, a una plaza en una Audiencia provincial con una sección especializada en violencia de género, no tendrán preferencia en el acceso a la plaza respecto a otros compañeros que sí tienen una especialidad, a pesar de contar con mayores conocimientos en la materia.

En paralelo, la recién aprobada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia establece que los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán, en nueve meses, las competencias en materia de violencia sexual respecto de los procedimientos incoados a partir de esa fecha. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, presumió de ello este mismo miércoles: "Este tipo de casos [en referencia a la denuncia de Elisa Mouliaá] a partir de septiembre se van a valorar por secciones especializadas en tribunales de instancia, por jueces formados, absolutamente expertos en violencia de género y sexual". Sin embargo, sin resolver el problema de la especialidad, los jueces y juezas con experiencia en violencia de género no tendrán preferencia para ocupar estas plazas. 

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