"No voy a atender a la gitana esa", el antigitanismo desde la consulta del médico al patio del colegio

Él nació en 1993, ella doce años después. Él, "guiado por el ánimo de satisfacer ilícitamente su apetito sexual", la violó durante años. Cuando la niña cumplió doce, dio a luz al primer hijo. Con trece parió a la segunda y cuando alcanzó los quince, llegó al mundo un tercero. Todos ellos son fruto de la violencia sexual que de manera continuada recayó sobre la chica. Así lo entienden los magistrados de la Audiencia Provincial de León, quienes sin embargo añaden un matiz: "Si bien existe una importante diferencia de edad entre víctima y procesado, no hemos de olvidar que, en la cultura gitana, las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas". Suficiente razón, argumentan, para rebajar la pena impuesta.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real hablaron también de cultura gitana, pero ni siquiera apreciaron delito alguno en que un hombre de veinte años dejara embarazada a una menor de doce. "Esa relación se enmarca en el ámbito cultural y social de la comunidad gitana, donde resultan frecuentes los matrimonios de personas muy jóvenes, especialmente las mujeres" observaron los jueces que dictaron absolución para el denunciado.

Este jueves, el Gobierno anunció un acuerdo con la Fiscalía para recurrir las sentencias que hacen uso de la cultura gitana para absolver o rebajar las condenas de agresores sexuales. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido tajante: estamos ante dictámenes "machistas y racistas". Una realidad que se convierte en el pan de cada día para el pueblo gitano.

Elena López es asesora jurídica de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y no acierta a encontrar las palabras exactas para expresar su "absoluta disconformidad, horror e indignación" tras la lectura de ambas sentencias. Resoluciones "abonadas de alusiones racistas" y que además dibujan una "falsa costumbre gitana que no existe, no es verdad y no es frecuente: la cultura gitana no ampara las violaciones y no puede servir para una atenuante ni para una absolución", exclama.

Pero aunque sí existiera esa eventual costumbre, intercala la abogada experta en derechos humanos Violeta Assiego, la doctrina es clara al señalar que "ninguna creencia o costumbre justifica la no aplicación de la ley, ninguna cultura está por encima de los derechos humanos ni los derechos de la infancia". Así que no sólo se trata de una valoración que profundiza en el "estigma y la criminalización de la cultura gitana", sino que además "no tiene cabida" para justificar beneficios penales.

"Desde la cuna destinados a la exclusión"

"No he visto una cosa igual". Así de tajante se expresa Beatriz Micaela Carrillo, directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad. En entrevista con este diario, la socialista encaja las sentencias como "una injusticia para las menores gitanas, pero también para el pueblo gitano". 

"Después de soportar tantos estigmas, que ahora quieran equiparar la cultura gitana a la cultura de la violación no se puede tolerar bajo ningún concepto", esgrime. Los sesgos expresados por los magistrados en sus sentencias son, en realidad, la escenificación del "racismo antigitano" que no sólo atenta contra los derechos humanos, sino también contra la legislación: desde hace dos años y gracias a la Ley de Igualdad de Trato –conocida como ley Zerolo– el antigitanismo es un delito contenido en el Código Penal, se encarga de recordar la directora general, quien a su vez fue una de las principales impulsoras de la norma.

El análisis de Carrillo pone la lupa no sólo en la letra estampada en las sentencias, sino en la discriminación cotidiana que sufren los gitanos: "Desde la cuna están destinados a la exclusión". Sara Giménez habla de racismo sistémico: una grieta que atraviesa a toda la estructura y que interfiere en el día a día de las personas gitanas. Giménez preside la Fundación Secretariado Gitano, organización que cada año realiza una evaluación de la discriminación que pesa sobre la comunidad gitana.

En su último informe, publicado en 2023 con datos del año anterior, la entidad traza una radiografía de la situación en base a los casos de discriminación atendidos, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos. En el último año, la fundación ha prestado atención a 532 casos de discriminación, la mayoría (217) relacionados con el estigma en redes sociales. Le siguen los problemas en el acceso a determinados servicios (70 casos), los sesgos en los medios de comunicación (68), el empleo (46), la educación (44), la vivienda (29), la salud (18) y los problemas con las fuerzas policiales (18). Los 22 restantes se encuadran en otras áreas. Las víctimas son en su mayoría mujeres: 121 frente a 101 hombres.

"Gitanos de mierda"

"No voy a atender a la gitana esa" fue la respuesta con la que se topó una chica que acudía a urgencias por problemas cardíacos. En la sala de espera, la mujer pudo escuchar a un médico que, teléfono en mano, aseguraba tener "cosas más importantes que atender a la gitana". La joven interpuso una denuncia, motivada por la urgencia de que ninguna otra tuviera que pasar por lo mismo. La víctima recibió una carta de disculpas por parte del hospital, pero la denuncia no llegó a ninguna parte.

Tan sólo tenía ocho años la niña que, desde su pupitre, sorportó los comentarios de una docente que insistía en sentar doctrina sobre las edades a las que contraen matrimonio las mujeres gitanas, un discurso copado de estereotipos que remató con una guinda: "Si no pueden educarlos, que no tengan hijos". En los pasillos de su facultad, un alumno gitano escuchó con total claridad cómo tres profesores afirmaban sin titubear que "los gitanos tienen un nivel cultural bajo", además de no tener "interés en la educación". Aunque el estudiante informó de lo sucedido a la fundación, declinó interponer una queja formal en la universidad por miedo a eventuales consecuencias en su expediente. 

Tampoco continuaron con el proceso de denuncia tres hombres y un adolescente, todos ellos gitanos, quienes en medio de un viaje fueron registrados por la Guardia Civil. "El agente les solicitó la documentación y cuando protestaron, les bajó del coche, les apuntó con su arma y les registró. Les multaron por llevar una navaja pequeña en el interior del vehículo. Uno de los hombres solicitó hablar con su responsable y el agente respondió: ‘gitanos de mierda", según el relato recogido por el Secretariado Gitano. La fundación apostaba por presentar una queja al Defensor del Pueblo, pero las víctimas desistieron por miedo a represalias.

Discriminación e infradenuncia

El estudio Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, confeccionado en 2020 por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), refleja que el 43% de las personas gitanas entrevistadas sufrieron algún incidente discriminatorio en los últimos doce meses. Las víctimas hablan de problemas en el acceso a la vivienda (citado por el 31%), a establecimientos comerciales (31%) y al empleo (30%). La infradenuncia se presenta como el gran problema: sólo el 11,5% dio el paso de formular una queja o reclamación respecto a la discriminación sufrida.

Se trata de familias a las que "las inmobiliarias no quieren alquilarle una casa, jóvenes que no pueden acceder a discotecas o mujeres que no se quitan a los guardias de encima en los centros comerciales", ejemplifica Sara Giménez. "Sigue habiendo rechazo cotidiano, sólo por sus apellidos o por su aspecto", lamenta al otro lado del teléfono, una afirmación que hace suya la directora general de Igualdad de Trato.

El informe Nos persiguen. La criminalización hacia las mujeres gitanas en establecimientos comerciales, elaborado por la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (Amuge), muestra en base a experiencias concretas la persecución cotidiana y la vigilancia extrema que sufren las mujeres gitanas en tiendas y comercios.

Valiéndose de visitas específicas realizadas por voluntarias gitanas para la investigación, la organización constató trato discriminatorio en dieciséis de los veinte establecimientos visitados: las mujeres gitanas fueron discriminadas en el 80% de las visitas realizadas. Todas ellas recibieron trato discriminatorio en alguno de los centros, lo que demuestra que el estigma afecta a mujeres gitanas sin que sean determinantes otros elementos, como la edad o el aspecto físico.

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Todas las expertas apelan al mismo fenómeno cuando analizan el por qué de la discriminación sistémica que recae sobre el pueblo gitano. "Indiferencia", asiente una de ellas; "inacción", completa otra. 

Para Carmen Silva, secretaria de Fakali, la solución pasa por "trabajar a fondo" en todos los ámbitos y con profesionales de todas las esferas. "En todas las ramas sociales y en diferentes profesiones, existe un desconocimiento total y absoluto de la cultura gitana", asiente en conversación telefónica. La ignorancia a la que alude se alimenta de "información no verídica" que tiene consecuencias palpables, tal como se ha demostrado esta semana: los magistrados de dos tribunales distintos, "con sus correspondientes carreras y formación", han dado por sentado que "el hecho cultural del pueblo gitano es casar a las niñas con doce años para que sean violadas", afirma la activista. "Un despropósito de tal magnitud que me cuesta asumirlo".

Pero existen muchas otras secuelas invisibles que no acostumbran a ocupar titulares. Quizá los datos más sangrantes provengan de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE: la esperanza de vida de la población gitana es entre nueve y once años inferior a la del resto y el 80% vive en la pobreza, debido al impacto de "la exclusión, las privaciones, la discriminación y el racismo".