El Qatargate y el Huaweigate en la Eurocámara, la investigación al antiguo comisario europeo Didier Reynders por blanqueo de dinero, decenas de casos de corrupción política en España, exministros griegos detenidos por evasión fiscal y operaciones inmobiliarias fraudulentas o el desvío de fondos europeos en la República Checa para la construcción de infraestructuras. Son algunos de los recientes escándalos de corrupción en la Unión Europea que han generado grandes titulares mientras en Bruselas su persecución acaba de sufrir una herida no mortal pero si profunda.
Las encuestas muestran que tres de cada cuatro ciudadanos europeos creen que la corrupción no deja de medrar en sus países y, pese a este contexto, las futuras reglas comunitarias para ahondar en la persecución de estos delitos vinculados con malas praxis políticas punibles están bloqueadas. Un bloque de gobiernos capitaneados por la principal potencia comunitaria acaba de rechazar la mayor armonización europea.
Alemania, Italia, Hungría, Austria o Luxemburgo forman una minoría de bloqueo en las negociaciones sobre la futura directiva europea para combatir la corrupción, nuevas reglas que salen de una propuesta realizada por la Comisión Europea en 2023 para reemplazar a acuerdos existentes en la UE pactados entre los Estados Miembros a nivel de Interior y Justicia.
Cinco países gobernados por formaciones del Partido Popular Europeo, por los ultra conservadores y la extrema derecha. La CDU alemana con su nuevo canciller recién elegido, Friedrich Merz, los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y el sempiterno soberanista húngaro Viktor Orbán. Tres países ejerciendo de ariete contra la persecución de la corrupción europea, reventando un acuerdo que se veía cercano y que, coinciden las fuentes consultadas, la Presidencia polaca del Consejo había acercado durante su semestre de mandato.
Pero toda este negociación de meses ha saltado por los aires en Bruselas sin tener en cuenta la imagen pública de impunidad entre políticos que se transmite a los ciudadanos. “Escándalo tras escándalo, los políticos reciben emails de los ciudadanos preocupados por la corrupción”, se lamenta la eurodiputada neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, quien denuncia que “es una vergüenza que los Estados Miembros no actúen”. Hermida-van der Walle es la ponente que elabora y negocia la posición de la Eurocámara.
A partir del 1 de julio se retomarán las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos, pero otro país ocupará la presidencia de turno del Consejo, Dinamarca, lo que frenará de nuevo el proceso legislativo de la UE porque su Gobierno puede tener otros intereses y no considerar una prioridad, como sí han hecho los polacos, la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción a nivel europeo.
La derecha no quiere penalizar el abuso de poder
La principal causa del bloqueo de la Directiva Anti-Corrupción es la categorización del abuso de poder como un delito en toda la UE. Se trata del artículo 11 dentro de la propuesta realizada por la Comisión Europea y la que más presiones en contra ha recibido durante las negociaciones en Bruselas. El Parlamento Europeo sí apoya incluir obligatoriamente este acto como un hecho penal en los 27 y fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre señalan: "Tenemos el apoyo de todos [los grupos políticos]".
Los legisladores del Partido Popular Europeo, de los Conservadores y Reformistas Europeos, donde están los ultracatólicos polacos del PiS y los representantes de Meloni, o los de Patriots of Europe, el grupo de Orbán, Vox, el partido de Le Pen o de Matteo Salvini están en el mismo barco que los socialdemócratas, liberales, verdes o la izquierda. Hay unanimidad en la Eurocámara para que el abuso de poder sea un delito penal. Pero Gobiernos de esos mismo grupos parlamentarios están en contra.
El Ejecutivo capitaneado por Giorgia Meloni ha empujado durante las negociaciones para rebajar su importancia. El objetivo italiano es que la falta sólo implique con severas sanciones administrativas. “Quieren decriminilizarlo”, denuncia una segunda fuente parlamentaria, “y Alemania ha apoyado a Italia en esta cuestión, con Hungría también”.
“Con su posición obstruccionista, el gobierno alemán de la CDU está evitando que la UE adopte medidas efectivas contra la corrupción”, critica el eurodiputado verde Daniel Freund. El germano lamenta además que su país vaya “hombro con hombro con Giorgia Meloni y Viktor Orbán para bloquear los mayores esfuerzos anti-corrupción”, lo que considera un “acto irresponsable”.
La ponente Hermida-van der Walle es muy crítica con la posición de estos países. “Los ciudadanos tienen altas expectativas sobre sus gobiernos luchando contra la corrupción”, dice para infoLibre, “es el momento de que cumplan con estas expectativas”
La política y los intereses domésticos de los países se imponen a la presión de la opinión pública o de la Eurocámara. El nuevo gobierno democristiano de Merz también objeta el punto de que los tribunales nacionales envíen a Bruselas y compartan sus estadísticas sobre los delitos de corrupción relacionados con fondos europeos. Es otra de las medidas incluidas en la propuesta de la Comisión y, tal y como explica esta segunda fuente parlamentaria, “Alemania lo está bloqueando porque no quieren cambiar la forma en la que comunican sus estadísticas”. En los tribunales de ese país, si el delito no está relacionado con fondos europeos, no se registra para esos datos oficiales.
Del 'Qatargate' al 'Huaweigate': la Eurocámara, incapaz de blindarse ante los tentáculos de la corrupción
“El Gobierno alemán debería estar liderando la lucha contra la corrupción en la UE y no frenándola”, denuncia el eurodiputado Daniel Freund. Junto a Berlín, Roma y Budapest, se han sumado Viena y Luxemburgo a la minoría de bloque anticorrupción. Las fuentes europeas consultadas confirman que ahora mismo, dentro del Consejo, las posiciones entre los 27 “están muy divididas para aceptar un acuerdo sobre una directiva efectiva que prevenga, persiga y penalice la corrupción”.
De este grupo contrario a perseguir la corrupción en la UE se han descolgado los Países Bajos, inicialmente también miembro de la minoría de bloqueo. Con un gobierno interino, pendiente de elecciones y la reciente unión entre Verdes y el Partido del Trabajo de izquierdas para concurrir conjuntamente a los próximos comicios, una moción de los socialdemócratas apoyada en su Parlamento ha forzado el cambio de posición.
La eurodiputada Hermida-van der Walle, de orígenes españoles, confirma a infoLibre que ella “seguirá negociando hasta que haya un buen acuerdo” porque, “la corrupción no se puede tolerar, ocultar o ignorar” y la UE “necesita seguir trabajando en una directiva fuerte”. Pero las nuevas reglas europeas contra la corrupción política tendrán que esperar. No se aprobarán antes del verano y está por ver que haya voluntad política entre los 27 para sacarlas en otoño.
El Qatargate y el Huaweigate en la Eurocámara, la investigación al antiguo comisario europeo Didier Reynders por blanqueo de dinero, decenas de casos de corrupción política en España, exministros griegos detenidos por evasión fiscal y operaciones inmobiliarias fraudulentas o el desvío de fondos europeos en la República Checa para la construcción de infraestructuras. Son algunos de los recientes escándalos de corrupción en la Unión Europea que han generado grandes titulares mientras en Bruselas su persecución acaba de sufrir una herida no mortal pero si profunda.