“Ya no soy más una hija de desaparecidos. Ahora soy huérfana. Mi papá está muerto”, dice María Soledad Nívoli. Su padre, Mario Alberto Nívoli, secuestrado hace casi 50 años, es uno de los 12 cuerpos identificados la semana pasada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el que fuera el centro clandestino La Perla, en Córdoba. El hallazgo llega a pocos días de cumplirse 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, y en un clima dividido entre la reivindicación histórica y el negacionismo institucionalizado. Mientras que una parte de la sociedad vuelve a invocar aquel “Nunca más” que el fiscal Julio César Strassera convirtió en símbolo durante el juicio a las Juntas, el Gobierno de Javier Milei desfinancia las políticas de derechos humanos e impulsa una lectura revisionista que relativiza los crímenes del terrorismo de Estado y cuestiona el consenso construido desde la vuelta de la democracia.
Pero la condena social a la dictadura sigue siendo mayoritaria: un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) señala que siete de cada diez argentinos la rechazan y más del 60% reconoce que fue un plan sistemático de desaparición y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, cuando se consulta sobre los responsables del quiebre institucional, el 61% apunta a factores como grupos guerrilleros, el Gobierno de Isabel Perón u otras causas, y no a la Junta militar. “La investigación respalda la idea de que la condena a la dictadura es compartida, pero también advierte sobre la importancia de la transmisión intergeneracional, para evitar relativizaciones y negacionismos”, remarcan desde la coordinación del estudio.
Un consenso que resiste, pero se resquebraja
Desde su asunción, el Gobierno de Javier Milei ha lanzado una ofensiva sostenida contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Un informe conjunto de Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y otros organismos advierte que los ataques son masivos y afectan todos los ámbitos estatales vinculados a derechos humanos: la secretaría de Derechos Humanos se degradó a subsecretaría y perdió el 40% de su personal, lo que limita su actuación como querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad. El Museo Sitio de Memoria y el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicados en el predio de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) redujeron funciones, días de apertura y plantilla.
Mientras, el Gobierno puso a la venta terrenos donde funcionaron otros centros clandestinos, eliminó programas de acompañamiento a víctimas, desmanteló el Programa Verdad y Justicia y degradó el Archivo Nacional de la Memoria, con la consiguiente pérdida de personal y de permisos para acceder a archivos en poder de los militares. “Ya no existe ninguna oficina de la Administración pública nacional con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas”, denuncian en el reporte.
Estas medidas también impactaron en la política de búsqueda de niños y niñas apropiados durante la dictadura, con la eliminación de la Unidad Especial de Investigación (UEI), encargada de realizar investigaciones prejudiciales y acceder a archivos estatales. “Que no se restituyan identidades significa que no se conozca quiénes son responsables de estas apropiaciones”, dijo en diálogo con Página12 Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.
En este contexto, los organismos de derechos humanos llaman a marchar este 24 de marzo bajo la consigna “Que digan dónde están”, llevando la foto de una persona desaparecida. Para Marcela Perelman, directora de investigación del CELS, el mensaje apunta al pacto de silencio que todavía mantiene a muchos responsables sin revelar lo que saben. “Sabemos, por los hijos, que sus padres o familiares represores tienen información. Tenemos varios funcionarios que son hijos de represores y que no se hacen la pregunta por lo que saben sus familiares. Lo que buscamos es señalar que todavía hay gente viva que sabe qué pasó con los desaparecidos”, remarca.
“El Gobierno más represor desde el fin de la dictadura”
Una de las primeras definiciones de Javier Milei como candidato presidencial fue que la dictadura había sido una “guerra” en la que se cometieron “excesos”, retomando la llamada “teoría de los dos demonios” que equipara responsabilidades y fuerzas en lo ocurrido durante el terrorismo de Estado desplegado entre 1976 y 1983 en Argentina. Pero los datos oficiales desmienten esta lectura: según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, más de 800 centros clandestinos operaron en todo el país. Además, desde la reactivación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, se dictaron 357 sentencias, con 1.208 condenas y 316 procesamientos. Actualmente hay 276 causas en instrucción y 12 juicios en desarrollo.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos señalan al Gobierno de Javier Milei como el más represivo desde la vuelta de la democracia. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), más de 1.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde diciembre de 2023, sólo en sus primeros dos años de gestión. La cifra representa más del 10% de las muertes en manos del Estado registradas en los 43 años anteriores.
“Estamos frente al Gobierno más represor desde el fin de la dictadura”, dijo la titular de CORREPI, María del Carmen Verdú.
A medio siglo del golpe, Argentina enfrenta una erosión de los consensos sociales en torno a las políticas de derechos humanos que se habían consolidado durante las primeras décadas del siglo XXI. En ese escenario, "memoria, verdad y justicia" sigue siendo una consigna viva, y en disputa.
“Ya no soy más una hija de desaparecidos. Ahora soy huérfana. Mi papá está muerto”, dice María Soledad Nívoli. Su padre, Mario Alberto Nívoli, secuestrado hace casi 50 años, es uno de los 12 cuerpos identificados la semana pasada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el que fuera el centro clandestino La Perla, en Córdoba. El hallazgo llega a pocos días de cumplirse 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, y en un clima dividido entre la reivindicación histórica y el negacionismo institucionalizado. Mientras que una parte de la sociedad vuelve a invocar aquel “Nunca más” que el fiscal Julio César Strassera convirtió en símbolo durante el juicio a las Juntas, el Gobierno de Javier Milei desfinancia las políticas de derechos humanos e impulsa una lectura revisionista que relativiza los crímenes del terrorismo de Estado y cuestiona el consenso construido desde la vuelta de la democracia.