Casi cuatro años de negociaciones y un tratado que supera las 200 páginas, sin contar los anexos, guardado con celo en la Comisión Europea hasta su aprobación definitiva en España y Reino Unido. El acuerdo sobre Gibraltar transciende las relaciones entre los dos países, beneficia a la UE y deja una impresión evidente: las autoridades del Peñón han cedido en casi todas sus reivindicaciones mientras la otra parte, el Gobierno español, mantenía durante las negociaciones una presión soterrada.
Bruselas celebra un pacto político que establecerá las relaciones económicas, fiscales, laborales y, sobre todo, fronterizas de todas las partes durante los próximos años y décadas. Un acuerdo sellado en la capital comunitaria por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, su homólogo británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, como anfitrión.
Su futura aprobación borrará del mapa el último muro fronterizo de la Europa occidental, la famosa verja entre Gibraltar y la Línea de la Concepción. La valla y la aduana española serán demolidas cuando el futuro tratado entre en vigor, pero todavía no hay fecha para ello y en la Comisión Europea son muy prudentes sobre cualquier horizonte. Además de los Parlamentos nacionales, también debe ser aprobada por unanimidad por el resto de Estados Miembros y la Eurocámara dar su consentimiento.
Soberanía británica pero Policía española en Gibraltar
El pasado miércoles se cerraba el último capítulo del Brexit, un peliagudo dossier que pasó por varios ejecutivos británicos conservadores y en el que el gobierno Rajoy dejó como herencia la infranqueable línea roja de la soberanía del Peñón. Fue una cuestión que pudo pelearse, pero la tesis de condicionar el Brexit a una “soberanía compartida, un control conjunto de las relaciones exteriores, de la frontera con Gibraltar manteniendo sus instituciones de autogobierno y autonomía plena” más un área conjunta de “beneficios fiscales con el Campo de Gibraltar y Ceuta”, como defendió el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, no fue compartida.
En el acuerdo entre España y Reino Unido hay un artículo sobre la soberanía, pero según una fuente conocedora del texto “no tiene nada que ver con las reclamaciones de ambas partes”. Su redacción fue una de las grandes dificultades y la solución escogida es que el futuro tratado no se podrá utilizar a nivel internacional en favor de las reclamaciones de cada Estado.
Otro de los grandes escollos fue la negativa de Gibraltar al control fronterizo español en su territorio. “Era importante”, explica esta alta fuente comunitaria, “no ver a guardias civiles con bandera española en su aeropuerto. Querían que fuese Frontex”. Pero el papel de la Agencia Europea de Fronteras es asistencial, sólo las autoridades nacionales realizan los controles aduaneros y los chequeos a personas y mercancías.
“En un momento dado, Gibraltar dijo que ya no era un un problema para ellos”, explica esta funcionaria, cediendo en una cuestión clave no sólo para España, sino para toda la UE. Porque ningún Estado Miembro permitiría que un tercer país controlase el acceso de cualquier persona al espacio Schengen, el de libre circulación de ciudadanos y mercancías. Una segunda fuente, diplomática, confirma que las autoridades del Peñón tuvieron que ceder durante la negociación “en líneas rojas como la de los pasaportes”.
La Policía española estará presente en el aeropuerto del Peñón, aunque Fabián Picardo lo negase antes de viajar a Bruselas. Los agentes españoles realizarán los controles de cualquier no europeo que quiera acceder a territorio comunitario, comprobarán sus pasaportes y visados, si cuentan con ordenes de busca y captura o los motivos de su viaje. Tendrán la última voz y las autoridades gibraltareñas no podrán objetar a la denegación en su propio aeropuerto del acceso a la UE.
Según ha podido saber infoLibre, el tratado entre España, la UE y Reino Unido “tendrá un capítulo específico sobre la gestión del aeropuerto”, con un nuevo sistema siguiendo las normas británicas de seguridad y prevención, pero el resto, como pueden ser las sanitarias, “serán normas de la UE”. “Una joint venture [equipo conjunto] entre las autoridades de España y Gibraltar se ocupará de inspeccionar el aeropuerto”.
El fin de la verja, la apertura de Gibraltar a la Línea de la Concepción, San Roque o Algeciras y la libertad de movimientos de sus ciudadanos por la UE no implicará, como se ha llegado a reconocer, que el territorio de soberanía británica se incorpore al Espacio Schengen. Por ejemplo, no podrán trabajar en otro país comunitario sin las autorizaciones pertinentes nacionales, como sí puede hacer un ciudadano español. “Es una ficción legal”, resume con sarcasmo la fuente europea.
Cesiones económicas y fiscales de Gibraltar
Horas antes de que Albares, Sefcovic, Lammy y Picardo se reuniesen en la sede de la Comisión Europea, Bruselas retiraba a Gibraltar de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión, un movimiento que anticipaba el acuerdo inmediato, pero que también ofrecía otra clave.
El Peñón renuncia a su independencia fiscal, aunque Picardo también desmintiese inicialmente esta cuestión, y pasará a alinearse con las normas tributarias europeas. El IVA gratis de Gibraltar desaparecerá y cuando el acuerdo entre en vigor aumentará como mínimo hasta el 15% el impuesto a los productos. La cifra es precisamente el tipo mínimo que exigen las normas europeas a los Estados Miembros, con las excepciones a los productos del impuesto reducido o superreducido.
“No se trata de un IVA”, intentan rebajar fuentes comunitaria, conscientes de la delicada cuestión, “será un impuesto a la transacción sólo para bienes, pero no para servicios”. Ahí está otra renuncia más de las autoridades gibraltareñas, porque a cambio de mantener su fiscalidad corporativa privilegiada las empresas de apuestas, las notarías o bufetes de abogados del Peñón no podrán instalarse ni en España ni en el resto de la UE.
Libertad de movimientos para personas y para mercancías, pero no para servicios. Y en los primeros casos, limitada. Los ciudadanos gibraltareños podrán trabajar en el Campo de Algeciras y La Línea, y viceversa los de esas localidades, pero no en el resto de Andalucía, ni siquiera en Málaga, ni mucho menos hacerlo al otro lado los Pirineos. Sólo si consiguen un visado de trabajo podrán emplearse en los 27.
Y por último, la incorporación de Gibraltar a la Unión Aduanera europea será con estrictas condiciones y siempre bajo vigilancia comunitaria. Las autoridades españolas registrarán las mercancías en tránsito hacia Gibraltar, tanto en el Peñón o en puertos como el de Valencia. Igual que las francesas, italianas o neerlandesas si esos productos pasan por Calais, Nápoles o Rotterdam, donde se les impondrá un tasa de tránsito, un impuesto a los bienes hacia la colonia británica.
La alta fuente comunitaria reconoce que “la parte de Schengen y de los bienes fue difícil por cuestiones económicas, no de principios, pero tras cuatro años de negociaciones todos queríamos concluir” este acuerdo.
La UE, Reino Unido y España logran un histórico acuerdo que pone fin a la verja de Gibraltar
Porque las numerosas cesiones gibraltareñas no se explican sin la actual relación entre la UE y el Reino Unido. Concluido el trágico culebrón del Brexit, con un nuevo tratado bilateral entre los 27 y Londres que regula todas las relaciones económicas, comerciales o industriales, con una estrecha complicidad política gracias a la nueva administración laborista de Keir Starmer o los desafíos de Trump y la guerra en Ucrania, era imperativo cerrar también el capítulo gibraltareño.
Y aquí es donde entran en juego las presiones españolas. Sin amenazas públicas ni aspavientos diplomáticos, pero las fuentes comunitarias aseguran que el Gobierno estaría frenando en Bruselas nuevos programas de colaboración con las islas. Las fuentes diplomáticas consultadas niegan este escenario y aseguran una actitud constructiva en los debates del Consejo entre los 27 hacia Londres. “Nuestro espíritu ha sido constructivo, pero puede ser también una señal para que el acuerdo saliera”, conceden, y ponen como ejemplo que en mayo no se frenaron los acuerdos de pesca con Reino Unido ni tampoco su futuro acceso al SAFE, el programa europeo de inversión en Defensa.
Guante de seda, espíritu constructivo o amagos velados de bloqueo. La realidad es que antes del acuerdo, las presiones y viajes del ministro británico de Exteriores no han sido a España sino a Gibraltar. Sólo Picardo conoce el ultimátum planteado por Lammy, pero lo cierto es que antes de viajar a Bruselas negaba lo que luego acordó con Albares y el comisario Sefcovic.
Casi cuatro años de negociaciones y un tratado que supera las 200 páginas, sin contar los anexos, guardado con celo en la Comisión Europea hasta su aprobación definitiva en España y Reino Unido. El acuerdo sobre Gibraltar transciende las relaciones entre los dos países, beneficia a la UE y deja una impresión evidente: las autoridades del Peñón han cedido en casi todas sus reivindicaciones mientras la otra parte, el Gobierno español, mantenía durante las negociaciones una presión soterrada.