Un accidente ferroviario indigna a la sociedad griega, que vuelve a las calles para impugnar el sistema político

Manifestantes chocan con la policía antidisturbios al final de una concentración tras un accidente de tren mortal, en el centro de Atenas, Grecia, a                        16 de marzo de 2023.

Elisa Perrigueur (Mediapart)

Atenas (Grecia) —

Las palabras escritas en las pancartas y carteles expresan su rabia. Enarboladas en la abarrotada plaza de la Constitución de Atenas, se pueden leer estas contundentes inscripciones: "Asesinos", "Nuestras muertes, vuestros beneficios", "No olvidaremos este crimen"... El jueves 16 de marzo, 25.000 personas de todas las edades volvieron a protestar en la capital griega, dos semanas después de la colisión de dos trenes la noche del 28 de febrero, en la que murieron 57 personas. Los trenes circulaban por la misma vía en la línea Atenas-Salónica.

En la marcha, numerosos grupos de izquierda y extrema izquierda, parlamentarios y extraparlamentarios o anarquistas. Según las autoridades, 40.000 personas marcharon por todo el país. Los sindicatos de los sectores público y privado también habían convocado una huelga de 24 horas. La multitud exige responsabilidades. Se dirigen a los gobiernos en el poder durante las últimas décadas, cuyas políticas públicas fallidas, dicen, han provocado el peor desastre ferroviario de la historia del país. 

"Es el despertar del pueblo. Ha habido pocas manifestaciones de esta magnitud en los últimos años, pero esta vez ha habido un clamor. A nadie le importan nuestros servicios públicos. Queremos un Estado social y eso es lo que hemos venido a repetir hoy. Pagamos impuestos para que funcionen, ¿a dónde van?", se pregunta Dimitris Geronikos, ingeniero agrónomo de la comitiva, que viaja a menudo en esta línea de tren. Como él, el 40% de las personas que viajan entre estas dos principales ciudades del norte y el sur del país utilizan este medio de transporte, según los especialistas en la cuestión ferroviaria con los que se entrevistó Mediapart.

El trauma es nacional. Muchas personas se reconocen ahora en las víctimas. "Yo podría haber estado allí", dicen conmovidos y furiosos muchos de los ciudadanos con los que hablamos, como Dimitris Geronikos. "Cada día después del accidente, descubría atónito el lamentable estado de la red ferroviaria griega y su mala gestión. Falta de personal, falta de señalización en esta línea... Sabía que había problemas, pero no tantos", afirma.

Tantos problemas graves que eran conocidos por las autoridades y denunciados en varias ocasiones por los sindicatos del sector, que ahora están indignados. Está en marcha una investigación del Tribunal Supremo. De momento, el jefe de estación de Larissa, cerca del lugar del accidente, ha sido imputado. Otros tres empleados ferroviarios han sido procesados, entre otras cosas por "homicidio por negligencia".

El ministro de Transportes ha dimitido. Pero en el corazón del sistema hay otros actores de mayor rango, insisten los manifestantes. En su punto de mira: la empresa pública OSE, gestora de la red ferroviaria, la compañía Hellenic Train, desde 2017 en manos del grupo público italiano Ferrovie dello Stato, encargada de la explotación de los trenes de pasajeros y mercancías, y por último los gobiernos de turno en los últimos años. Una revelación, sobre todo, agudiza el enfado: la señalización, aún manual, debería haber sido modernizada en virtud de un contrato de 2014 entre OSE, la UTE Tomi (filial de la constructora griega Aktor) y el gigante francés Alstom. Pero esta modernización no se ha finalizado en la línea donde se produjo el accidente. La ejecución de las obras de este contrato podría haber evitado esta tragedia.

Entre la multitud, varios manifestantes acusan a todos los partidos en el poder en los últimos años de haber descuidado el estado del sistema ferroviario. "Abajo Syriza", en el poder de 2015 a 2019, "Abajo el Pasok", el Partido Socialista en el poder entre 2009 y 2011, y "Abajo Nueva Democracia", en el poder desde 2019, gritaban los simpatizantes comunistas.

El riesgo de la abstención

Para el agrónomo Dimitris Geronikos, es sobre todo el primer ministro, Kyriákos Mitsotákis (Nueva Democracia, de derechas) y su "política liberal y en absoluto social" quienes deben responder de esta tragedia. "El primer ministro debería haber dimitido desde el primer día", afirma. Para él, no hay que esperar, aunque en teoría haya elecciones legislativas dentro de unas semanas. Antes de la tragedia, los medios de comunicación locales hablaban de rumores de elecciones legislativas anticipadas el 9 de abril. Varios observadores políticos esperan ahora que las elecciones se aplacen a mayo o incluso a julio, en un contexto político más que incierto. El actual gobierno de derechas, que decide por sí mismo la fecha, guarda silencio.

"No he votado en los últimos años. Tendré que resignarme, aunque sea una decisión difícil porque no tengo ni idea de qué partido elegir. Quiero hacer todo lo posible para que Nueva Democracia no vuelva. No soporto más este gobierno y estas medidas represivas", declara Iakonos Mindrinos, actor de teatro, uno de los manifestantes frente al Parlamento. "La violencia policial ha aumentado bajo su mandato. Hemos perdido nuestra libertad de expresión [una ley restringió las manifestaciones en 2020, ndt.]. Desde el accidente de tren, tenemos una sensación aún mayor de que nuestras vidas, como ciudadanos, no valen nada a sus ojos."

El sociólogo Konstantinos Kostopoulos confirma que "la tragedia del tren actuó como detonante de la explosión de una ira que ya se estaba gestando". Hay problemas económicos relacionados con la inflación. El discurso de la derecha neoliberal tiende a dar, sobre todo en el extranjero, la imagen de un país estable, capaz de acoger turistas, que es también el pilar de su estrategia económica. Al mismo tiempo, la catástrofe ferroviaria nos demuestra una vez más que los servicios públicos no funcionan y se descuidan".

Según el último sondeo, Nueva Democracia ha perdido siete puntos en las encuestas desde el accidente. La principal fuerza de la oposición de izquierdas, Syriza, no gana ninguno. "Aunque Mitsotákis sea el principal blanco de esta ira, a los griegos les cuesta olvidar el fracaso político de Syriza, muchos quedaron decepcionados con su mandato. Así que me temo que el 'beneficiario' de este drama sea la abstención. Muchos griegos ya habían perdido la fe en sus instituciones, sobre todo tras años de austeridad", afirma Konstantinos Kostopoulos.

El trauma de la troika

Los eslóganes "Sus beneficios, nuestras muertes" y "La privatización mata" recuerdan la amargura de la población griega tras años de austeridad. Para ellos, esta tragedia ferroviaria es consecuencia de las políticas de austeridad impuestas bajo la presión de la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) durante la última década a cambio de ayuda financiera.

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La tragedia pone de relieve, en particular, el declive del empleo en el sector público, una medida clave de estas políticas. De 2009 a 2015, el número de funcionarios se redujo un 25%. El jefe de estación de Larissa, que ha sido imputado, estaba solo a los mandos la noche del accidente. No tenía mucha experiencia y llevaba pocos meses en el puesto.

La privatización de la compañía Hellenic Train (antes llamada TrainOSE), también llevada a cabo en el marco de la cura de austeridad querida por la Troika, fue señalada en las manifestaciones. El accidente se produjo seis años después de que la empresa pasara a manos del grupo público italiano Ferrovie dello Stato (FS) en 2017.

Esta privatización se finalizó bajo el mandato de Syriza (2015 a 2019), aunque esta formación se había opuesto a esta política. En plena crisis de la deuda, Grecia sí había cedido a la privatización de muchas de estas empresas públicas o paraestatales: puertos, aeropuertos, infraestructuras, etc. Los defensores de esta estrategia señalaron las disfunciones de los servicios públicos griegos, prometiendo una mayor eficacia con la transferencia al sector privado o a empresas extranjeras.

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