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Crisis en la eurozona

Bruselas vuelve a estrechar la vigilancia sobre Portugal

Bruselas vuelve a estrechar la vigilancia sobre Portugal

La Comisión Europea aprobó el pasado viernes 5 de febrero el anteproyecto presupuestario para 2016 del nuevo Ejecutivo portugués, aunque no sin antes señalar que los riesgos de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento siguen existiendo. De este modo, somete a Lisboa a un mayor control económico hasta el próximo mes de mayo.

Para conseguir la luz verde europea, el Ejecutivo socialista de Antonio Costa –que gobierna en minoría– ha tenido que hacer tres intentos, con lo que las sucesivas concesiones a la “austeridad” ascienden a 875 millones que el primer ministro tendrá ahora que vender a sus aliados parlamentarios del Bloco de Esquerdas y del Partido Comunista Portugués (PCP).

El Gobierno portugués se presentó tarde al examen como consecuencia del largo periodo transcurrido entre la celebración de las elecciones del 4 de octubre –que venció por mayoría simple la coalición saliente de centroderecha formada por el PSD-CDS– y la formación de un Ejecutivo, fruto de una alianza inédita entre el PS y sus tradicionales “hermanos enemigos” de la izquierda de la izquierda. El anteproyecto presupuestario 2016 se consideraba por tanto la primera prueba de fuego para la geringonça (jerigonza, chapuza), como se ha dado en llamar en Portugal al nuevo Gobierno de coalición.

El mecanismo que ha permitido a los policías de Bruselas transformar, en una semana, lo que era una infracción a las “normas” en un mero peligro potencial sólo tiene interés para aquéllos que consideran que el Pacto de Estabilidad todavía está vivo, cuando desde noviembre de 2003 (hasta su ejecución por parte de una Alemania y Francia coaligadas) es un zombie que va cambiando de aspecto para mantener las apariencias.

De modo que, si lo hemos entendido bien, la Comisión Europea –y no es la única– no cree ni en la hipótesis de crecimiento que se desprende de este presupuesto, ni en el nivel de déficit resultante; tampoco en los incentivos del Gobierno portugués para rectificar la trayectoria inicial. Tal y como reconoció en rueda de prensa el vicepresidente responsable del Euro Valdis Dombrovskis, el “paquete se basa fundamentalmente en obtener ingresos adicionales, mientras que nuestra recomendación pasaba por centrarse más en los recortes”. Pero, dado que el esfuerzo “estructural” de ajuste presupuestario oscila, según las estimaciones, entre “0,1% y el 0,2%” del PIB, la desviación con respecto al 0,6% que requieren las “normas” cae “ligeramente por debajo del 0,5%, lo que permite evitar el rechazo del anteproyecto presupuestario”.

“Hemos conseguido más mediante el diálogo que rechazando el presupuesto”, se felicitó por su parte el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici, quien añadió que “el camino todavía es largo y empinado”, parafraseando al exministro francés Raffarin, razón por la que se tuvo que disculpar veladamente ante el puñado de periodistas portugueses y anglosajones presentes, a quien la alusión a “este ex primer ministro francés” debió de dejar perplejos.

Fuera de toda broma, el asunto es, por enésima vez, revelador de un vicio congénito que no han corregido las sucesivas reformas del proceso presupuestario europeo impuestas por la crisis financiera: el Ejecutivo europeo, “guardián de los tratados” únicamente se interesa ya por los resultados contables, dejando a los Gobierno, con arreglo a los grandes principios democráticos, la elección de los medios para respetar la “norma”. “No estamos aquí para autorizar o prohibir a un Gobierno u otro la toma de decisiones políticas”, señaló Moscovici. “En Portugal no se han impuesto las decisiones específicas de políticas presupuestarias. Han sido decisiones del Gobierno portugués”. Dicho de otro modo, qué más da la fragancia, si se tiene el frasco.

Lógica contable cortoplacista

Esta perspectiva contable, que finge dejar la responsabilidad de la naturaleza y la calidad de las medidas a los Gobiernos nacionales, no sólo da la espalda al mantra sobre las bondades de las “reformas estructurales”, mencionadas por Valdis Dombrovskis. También se inscribe en la misma lógica de urgencia, cortoplacista, que se reprocha a la Troika. La diferencia es que la acción de esta última, como la del FMI cuando interviene en los países emergentes o en vías de desarrollo, es por definición una intervención de último minuto, cuando la catástrofe financiera es inminente y la elección de los medios de acción, limitada. Mientras la vigilancia presupuestaria en la zona euro forma parte teóricamente de un abanico de políticas europeas disponibles para guiar a largo plazo a los Estados miembros en la senda del crecimiento sostenible, convergente y socialmente equilibrado. Precisamente para evitar situaciones de emergencia; en teoría.

Al tratarse del Portugal post-Troika, el proyecto del grupo de expertos dirigido por Mario Centeno del Partido Socialista tenía como objetivo demostrar que era posible salir de la austeridad respetando los compromisos europeos del país sobre déficit y endeudamiento, que existía una alternativa, una salida por arriba, mediante la sobredemanda. El trabajo de estos expertos sufrió modificaciones en el programa electoral de Antonio Costa, antes de quedar algo más desnaturalizado fruto de las negociaciones paralelas mantenidas con el Bloco y el PCP, que permitieron convertir al gran perdedor de las legislativas en primer ministro (Antonio Costa) y a Mario Centena en titular de Finanzas.

Desde antes del regateo presupuestario con Bruselas, muchas de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno poco o nada tenían que ver con la “sobredemanda” y mucho con un clientelismo corporativista dirigido a satisfacer a los nuevos aliados del PS, como la vuelta de las 35 horas en la función pública (incluido la territorial, donde a menudo las 40 horas nunca se llegaron a cumplir realmente), la recuperación de dos días festivos religiosos (¡la alianza de la hoz y el martillo con el cepillo para celebrar el Cuerpo de Cristo!) o la “desprivatización” de sendos agujeros negros de las finanzas como los transportes públicos de Lisboa y Oporto o la aerolínea TAP, que no tienen relación alguna con la “demanda”, más bien al contrario. Simple y llanamente era el peaje que se debía abonar para obtener el apoyo del PCP o más bien de la central sindical CGTP.

Del mismo modo que la anulación, en pleno curso escolar, de los exámenes nacionales a los estudiantes de 4º curso (final de Primaria) y de 6º y la supresión de la evaluación de los profesores son dádivas concedidas a la poderosa Fenprof, en guerra abierta contra el “elitismo” que se reprocha al ministro saliente de Educación Nuno Crato, formado en una universidad norteamericana. El problema radica en que entre los principales escollos que presenta la economía portuguesa está la insuficiente cualificación y la baja productividad de la mano de obra “intermedia”, debido en parte a la mediocridad de la enseñanza primaria y secundaria públicas.

Por contra, otras disposiciones estaban dirigidas a devolver a los consumidores públicos parte del poder adquisitivo que les "robó" la Troika y el Gobierno de Passos Coelho. Para ello, se preveía deshacer los recortes salariales impuestos a los funcionarios en 2011 (antes de la llegada de la Troika), medida iniciada en 2015 por la coalición de centroderecha; la eliminación progresiva de los impuestos especiales a las rentas y a las pensiones de jubilación que acusan sobre todo las clases medias; la rebaja parcial del IVA al 13% (frente al 23% actual) sobre parte en lo que concierne a la restauración; el adiós a la congelación de las prestaciones sociales para los más desfavorecidos o el aumento en cuatro fases del salario mínimo hasta llegar a 600 euros al acabar la legislatura.

Primavera financiera

Después del acuerdo negociado con Bruselas, ¿qué queda del fin de la “austeridad”? En resumen, más impuestos, menos déficit pero también menos demanda y menos crecimiento. Más allá de las previsiones, sobre cuya fiabilidad nadie se pone de acuerdo, lo que merece mayor atención es el contenido social de esta austeridad light o de izquierdas.

Basten dos ejemplos. En primer lugar, la bajada de impuestos indirectos que se verá ampliamente compensada con la subida de impuestos indirectos, no progresivos, principalmente aquellos sobre la compra o el uso de vehículos; el parque automóvil portugués, integrado por los vehículos oficiales (pagados y mantenidos por las Administraciones y las empresas) es anormalmente elevado, por lo que no son los usuarios más acaudalados los que van a pagar el precio. Y existen dudas de que los impuestos vayan a bajar si los precios del petróleo bruto, excepcionalmente bajo, subieran. Además, la esperanza de que el descenso del IVA de parte de la restauración se traduzca en creación de empleo (ya que no se traducirá en una bajada de los precios para los clientes) se descarta puesto que se prevé que la reducción del paro sea moderada (al 11,3% a finales de 2016). Pero el primer ministro socialista tiene soluciones para sus ciudadanos: “Fumar menos”, utilizar más el transporte público y limitar el acceso al crédito (también más gravado), muy al estilo de la “marquesa” Christine Lagarde, que recomendaba a los franceses el empleo de la bicicleta.

Pero, para conseguir la luz verde provisional y condicional de Bruselas, Antonio Costa ha tenido que hacer, en el último momento, una concesión mayor: la reducción de la contribución social única de aquellos con sueldos más bajos (de hasta 600 euros al mes) se pospone hasta 2017. La medida, que afecta a un millón de trabajadores, era un pilar básico del proyecto socialista y permitirá ahorrará precisamente los 135 millones de euros que Lisboa ha concedido a Bruselas en vísperas de la reunión de la Comisión. Así y mientras el Bloco ha exigido inmediatamente inmediatamente “compensaciones”, el PCP por el contrario rechaza la medida, así como cualquier otra que conlleve una tijeretazo a la protección social.

Al contrario de lo que temían o esperaban los más agoreros y los detractores del complot “contra los pueblos”, el corsé presupuestario comunitario no será lo que conduzca a la ruptura de la alianza y a la caída del Gobierno de jerigonza. De momento. Al denunciar presiones desde Bruselas para modificar un proyecto presupuestario que no es “el suyo”, el Bloco y el PCP no están dispuestos a hacer caer el gobierno, a día de hoy, ni a forzarlo a buscar la abstención de la derecha. Incluso la recuperación de la jornada de 35 horas en la función pública, anunciada para el 1 de julio, irá precedida de un amplio amplio debate y tendrá un coste presupuestario nulo. 

Antes de la reunión de la Comisión Europea, Antonio Costa era recibido con gran boato en Berlín, donde se defendió por haber ido a “molestar a Merkel con el presupuesto portugués”. La canciller alemana aprovechó la ocasión para rendir un firme homenaje al “predecesor de Antonio Costa que logró cosas impresionantes”. Y animar así al visitante a seguir esa misma senda.

Con ese simple gesto, el predecesor en cuestión, candidato a su propia sucesión al frente del PSD, reafirmaba su voluntad por recuperar algún día las riendas del Gobierno. Aunque sin mucha prisa. Pedro Passos Coelho comparte con el presidente de la República electo, su camarada Marcelo Rebelo de Sousa (los dos hombres no se llevan bien), la creencia de que hay que dejar gobernar a Costa. De momento.

Antes de la reválida de mayo de la trayectoria presupuestaria portuguesa a la luz de las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea, el país, cuya deuda pública ha comenzado a reducirse –pese a que a finales de 2016 todavía representará el 127% del PIB– tiene una serie de citas con las agencias de rating; entre ellas el 28 de abril con la agencia canadiense DBRS, la única que no ha calificado de “basura” los bonos de Lisboa. Como decía el PCP en tiempos del Proceso Revolucionario en Curso al último primer ministro que respaldó directamente (el general Vasco Gonçalves), hace más de 40 años: “Força, força companheiro Costa”.

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Traducción: Mariola Moreno

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