La Oficina Antifraude de la UE acusa a Marine Le Pen de malversar dinero público del Parlamento Europeo

La candidata Marine Le Pen celebra un mitin de campaña en Aviñón.

Marine Turchi | Fabrice Arfi (Mediapart)

En un mitin en Avignon (Vaucluse) el jueves 14 de abril, Marine Le Pen clamó desde el estrado: "Devolveré a los franceses su dinero. Restauraré el valor del trabajo y, para ello, nos aseguraremos de que el trabajo sea rentable". El problema es que puede no estar en la mejor posición para hacerlo.

A mediados de marzo, un informe sancionador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea fue remitido a los tribunales franceses, según reveló este sábado Mediapart, socio editorial de infoLibre. El documento apunta personalmente a la candidata de Rassemblement National (RN), acusándola de haber malversado dinero público del Parlamento de Estrasburgo cuando se sentó allí como eurodiputada entre 2004 y 2017. 

Al final de su informe de 116 páginas y firmado como "sensible", la OLAF recomienda el reembolso por parte de Marine Le Pen, a título personal, de la suma de 136.993,99 euros, correspondiente a diversas malversaciones de fondos atribuidas por el organismo antifraude a la candidata de extrema derecha clasificada hace una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Además de Marine Le Pen, otros tres ex eurodiputados –su padre, Jean-Marie Le Pen, su antiguo compañero Louis Aliot y Bruno Gollnisch, miembro de la mesa nacional de RN–, así como el grupo parlamentario de extrema derecha Europa de las Naciones y las Libertades (ENL), están directamente implicados por la OLAF. El importe total de las cantidades reclamadas es de 617.379,77 euros. 

Las conclusiones del informe son letales para Marine Le Pen y su clan, que llevan años reivindicando el viejo lema de la casa: "Manos limpias y cabeza alta".

"El informe OLAF concluye que el comportamiento de los cuatro ex diputados (Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen y Louis Aliot) ha puesto en peligro la reputación de las instituciones de la UE".

Otro extracto: "Sus repetidos actos intencionados a lo largo de varios años [...] y su comportamiento inadecuado, dado su nivel de cargo y responsabilidad en el Parlamento Europeo, constituyen motivos suficientes para que estos cuatro ex diputados incurran en una falta grave. Su comportamiento y su incumplimiento de las normas hacen que deban ser considerados responsables de sus graves infracciones".

La justicia francesa se remite a mediados de marzo

Según Mediapart, la OLAF envió su informe a la justicia francesa el 11 de marzo. "Se está analizando actualmente", dijo la Fiscalía de París. Marine Le Pen, cuyo partido está rodeado de escándalos, se ve así amenazada por un nuevo frente judicial.

En su informe, la OLAF escribe que los hechos descubiertos "son susceptibles de dar lugar a procedimientos penales contra los antiguos eurodiputados [...] por los actos fraudulentos que cometieron en detrimento del Presupuesto de la UE". La lista de delitos que pueden imputarse es larga: "fraude", "falsificación", "abuso de confianza", "malversación de fondos públicos".

Preguntada por Mediapart, Marine Le Pen respondió a través de uno de sus abogados, M. Rodolphe Bosselut. Denunció la "coincidencia" de la publicación de nuestra investigación con "la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que está en pleno apogeo", recordando que en 2017 "desde la primera vuelta de las elecciones, la justicia había sentido la necesidad irrefrenable y urgente de interrogar a [su] cliente sobre una denuncia presentada más de tres años antes".

En cuanto al informe, el abogado de Marine Le Pen dijo que "desconocía" sus conclusiones y que "nunca había tenido acceso a él" a pesar de ser "una persona especialmente preocupada". También cuestionó la supuesta "falta de independencia" de la OLAF y sus "poderes exorbitantes a la hora de llevar a cabo sus investigaciones".

Mi cliente", continuó, "se reserva el derecho de emprender acciones legales en Bélgica, mediante una denuncia por la vía civil, contra varios proveedores de servicios, o incluso contra antiguos asistentes parlamentarios si, por casualidad, se desprende de estos elementos que estos proveedores de servicios o antiguos asistentes habían cometido delitos, malversaciones, maniobras, sin su conocimiento y en su perjuicio, y habían sido culpables de conflictos de intereses".

Marine Le Pen denuncia una supuesta "falta de independencia" de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y sus poderes de investigación "exorbitantes"

No es el primer caso relacionado con el uso de sus fondos públicos europeos: la candidata de RN está siendo investigada desde 2018 por "mal uso de fondos públicos" en otro caso, el de sus asistentes parlamentarios europeos. Marine Le Pen es sospechosa de haber hecho trabajar para su partido a colaboradores pagados con dinero público europeo, normalmente al servicio exclusivo del Parlamento de Estrasburgo. En este caso, el Parlamento Europeo, a partir de un primer informe de OLAF, ya había reclamado en 2016 la devolución de 339.000 euros de fondos, considerados fruto de una apropiación indebida.

Con el nuevo informe que revela ahora Mediapart, se eleva a 475.000 euros (339.000 + 136.000 euros) el importe total de los fondos europeos de los que se acusa a Marine Le Pen de haberse apropiado personalmente cuando era diputada. Es decir, casi medio millón de euros.

Además, el Parlamento recuperó cantidades del grupo ENL, copresidido por Marine Le Pen hasta 2017: en el marco de la auditoría anual de sus cuentas, el grupo había sido señalado por 427.000 euros de gastos considerados "no conformes" o "no razonables", como la compra de 228 botellas de champán. 

El nuevo informe se refiere, desde el punto de vista contable, a la llamada línea "400", la dedicada a los gastos que los grupos políticos pueden utilizar en el marco de su mandato. Sin embargo, la OLAF considera que el clan Le Pen ha multiplicado los conflictos de intereses, las apropiaciones indebidas con fines políticos nacionales o personales y los gastos por servicios considerados "ficticios", la mayoría de las veces en beneficio de sociedades comerciales en la órbita de Rassemblement  National, sus diputados o el personal del grupo ENL.

¿De qué se acusa realmente a Marine Le Pen y a sus colegas? En primer lugar, de haber malversado fondos públicos europeos del famoso "presupuesto 400" para fines políticos nacionales.

Entre los ejemplos: 23.100 euros en artículos promocionales (bolsas, bolígrafos, llaveros, etc.) entregados en la sede del partido y utilizados con fines políticos y que "parecen haber sido comprados para el congreso del FN en Lyon" en 2014; 4.107 euros en botellas de vino Beaujolais distribuidas por Bruno Gollnisch en el mismo congreso (como demuestran las fotos); la solicitud (rechazada) de reembolso de los gastos relacionados con la visita de un "experto" al congreso, que en realidad era un representante del eurodiputado; transferencias, entre 2012 y 2014, de otro proveedor de servicios a la asociación Groupe des Droites Européennes (GDE) "con fines políticos" (estos fondos se habrían utilizado, según el exasistente de Marine Le Pen, para pagar a personas cercanas al partido, como su guardaespaldas –lo que "sorprende" a Marine Le Pen, que argumenta que ya cobraba como asistente parlamentario–). 

Frente a la bandera de Europa: "Guarda esa mierda"

En el informe se relata un episodio revelador. Marine Le Pen pidió el reembolso de casi 5.000 euros en gastos de hotel y de viaje de 13 militantes del Frente Nacional (entre ellos su jefe de gabinete, su director de campaña, el secretario general y el tesorero del partido), relacionados con un acto organizado por el Frente Nacional en 2010. Oficialmente, el tema de la reunión era Las regiones y Europa ante la crisis financiera.

Pero en una carta al Parlamento, uno de los participantes afirmó que en realidad se trataba de preparar la elección interna para la presidencia del FN (que ganó Marine Le Pen seis meses después). Según el relato de este participante, al entrar en la sala de reuniones, Marine Le Pen sacó una bandera europea de su bolso y pidió a su personal que la colgara en la pared y le hiciera fotos (que luego fueron enviadas al Parlamento). Al parecer, en cuanto se tomaron las fotos, dijo, señalando la bandera: "Guarda esa mierda".

Marine Le Pen discutió este relato a la OLAF, y consideró que este testigo debía querer, con esta carta, "vengarse". Negó que la reunión versara sobre las elecciones internas y afirmó que los participantes estaban todos "eminentemente preocupados por el tema" indicado en la invitación. Sin embargo, no aportó "ninguna prueba" que apoyara la relación con su mandato como eurodiputada, dijo la OLAF.

Marine Le Pen dijo que no estaba al tanto de algunos de los hechos denunciados

La Oficina de Lucha contra el Fraude también acusó a Marine Le Pen y a Ludovic de Danne, su asesor en asuntos europeos, de haber validado, en calidad de presidenta y secretario general del grupo ENL, solicitudes de reembolso de gastos realizados durante actos del partido, sin relación con los mandatos de los diputados.

Por ejemplo, los gastos por valor de 14.315 euros en la universidad de verano de la FN en septiembre de 2015. O 2.500 euros con motivo de la tradicional fiesta frentista Blanc, Bleu, Rouge, organizada por Marion Maréchal en el Vaucluse, en julio de 2016, en la que estuvieron presentes destacados ejecutivos como Marine Le Pen y Louis Aliot.

Para la OLAF, Marine Le Pen indicó que desconocía algunos de los hechos denunciados, o bien que durante los actos de su partido se trataban temas europeos y que la presencia de sus colaboradores europeos era "necesaria". O que no "veía el problema" en la entrega de golosinas en la sede del partido, ya que "sirven para promocionar al diputado y sus ideas ante el público de su país elegido, en este caso Francia".

El informe de la Oficina Antifraude también menciona "solicitudes de reembolso de gastos personales" de Jean-Marie Le Pen. El 28 de diciembre de 2016, unos días antes de la Nochevieja, el fundador del Frente Nacional encargó 129 botellas de vino y champán por más de 8.500 euros, como había revelado Mediapart.

No se trata de cualquier botella, sino de grands crus (Pomerol, Saint-Emilion, Krug, Dom Pérignon, Bollinger, etc.), algunas de las cuales cuestan más de cien euros cada una, según el sitio web de una tienda de vinos. Pero para que la factura pueda ser reembolsada por el Parlamento (el límite máximo por unidad es de cien euros), al proveedor "se le pidió que adaptara su factura", señala la oficina, con precios a veces divididos por dos.

113 de esas 129 botellas no se entregaron en el Parlamento, sino en su casa solariega de Montretout, donde el patriarca tiene sus oficinas y donde organiza festejos, como su 90 cumpleaños en 2018. En su respuesta a los investigadores, Jean-Marie Le Pen se limitó a argumentar que las botellas habían sido enviadas a sus oficinas y no a su domicilio. No aportó "ninguna prueba de que esta orden tuviera algo que ver con sus actividades en el Parlamento Europeo", ni la lista de participantes de los actos en los que se utilizaron las botellas, como es la norma.

Conflictos de intereses y proveedores amigos

La investigación de la OLAF también revela una larga serie de conflictos de intereses. En varias ocasiones se menciona el uso del "presupuesto 400" para conceder donaciones a asociaciones en las que participan familiares o miembros del partido. Así, en 2009, Jean-Marie Le Pen entregó 2.000 euros a Fraternité Française, de la que su esposa es presidenta de honor, "sin aportar ninguna prueba del uso de esta donación".

Ese mismo año, Bruno Gollnisch donó 2.000 euros al Cercle Renaissance, creado por un diputado e histórico del FN. Luego, entre 2012 y 2015, donó 4.250 euros a la Œuvre d'Orient, asociación de la que su hermano es director general. Tanto Le Pen como Gollnisch negaron cualquier conflicto de intereses, argumentando que sus familiares no estaban pagados por estas organizaciones.

El informe revela toda una red de empresas amigas del Rassemblement National

Otro ejemplo de un posible conflicto de intereses: en 2015, el eurodiputado Louis Aliot presentó una factura de casi 2.500 euros emitida por la empresa GL EVENTS, con la mención "Stand Front National" y un descuento del 15% negociado por Yann Maréchal –en aquel momento la hermana de su compañera Marine Le Pen, y responsable de los grandes eventos del FN–. Para la OLAF, "estas relaciones muestran un conflicto de intereses y son una muestra del uso de los fondos de la UE para las actividades de los partidos nacionales".

En su respuesta, Louis Aliot aseguró que la mención "Stand Front National" era un error del contratista y que había encargado una pancarta con su nombre y el del grupo ENL. Sin embargo, no comentó la implicación de su cuñada.

En términos más generales, a lo largo de las páginas del informe aparece toda una red de proveedores de servicios amistosos: prestan servicios al Grupo ENL o a los eurodiputados, al tiempo que están estrechamente vinculados a ellos. El caso más emblemático es el del contable belga Charles Van Houtte, pilar del sistema del Partido del Frente en el Parlamento Europeo, que era el enlace entre los eurodiputados, sus proveedores de servicios y los servicios financieros del Parlamento, como ha informado Mediapart.

Este asistente parlamentario de Marine Le Pen en Estrasburgo se convirtió, en 2015, en administrador del grupo ENL. Pero siguió asociado como contable o gestor "de facto" de varias empresas que prestaban servicios al grupo ENL. En ningún momento declaró estas actividades externas al Parlamento, alega la investigación.

Su mujer también fue gerente de varias de estas empresas. Entonces fue una pariente personal de Ludovic de Danne la que se hizo cargo, a petición suya, de los investigadores de la OLAF. En un correo electrónico fechado en 2013, descubierto por los investigadores, la joven menciona el "carácter ficticio de estos encargos" y pide renunciar a sus responsabilidades, "no siendo activa, remunerada, decisoria".

Ludovic de Danne negó cualquier conflicto de intereses con la OLAF, argumentando que "no estaban casados". Por su parte, Charles Van Houtte admitió "una falta de precaución por su parte en el análisis de los conflictos de intereses", pero negó "cualquier responsabilidad por 'fraude' o 'malversación'", asegurando que se había dirigido "con toda naturalidad a las empresas que [conocía]", "sin pensar ni por un segundo que esto pudiera suponer un problema".

En cualquier caso, el informe es especialmente condenatorio en lo que respecta a estas dos figuras clave del partido. La OLAF se refiere a "incumplimientos continuos y reiterados a lo largo de varios años", "falta grave e incumplimiento de su deber de lealtad a la Unión". A Van Houtte se le acusa más ampliamente de haber emitido "facturas exageradas y/o ficticias de estos proveedores de servicios", de haber participado "en procedimientos de contratación manipulados", de haber emitido "documentos falsos" y de haber, a través de su doble trabajo, "impuesto prácticas fraudulentas a los proveedores de servicios". La investigación demostró que, en varios casos, había dictado a los proveedores de servicios las respuestas que debían dar a los servicios del Parlamento, que les interrogaban sobre facturas controvertidas...

En sus respuestas a la Oficina Antifraude, el contable belga aseguró que los proveedores de servicios recibían "un margen "normal" y repitió que trabajaba "bajo las órdenes" y la autoridad de los eurodiputados.

Entre las empresas que prestan servicios a los eurodiputados y al grupo, hay empresas de otro círculo, cercano a Marine Le Pen: la red "GUD Conection", que reúne a antiguos militantes del GUD reconvertidos en empresarios, amigos de Marine Le Pen desde hace tiempo que trabajan para el partido y sus campañas. La OLAF realizó varias comprobaciones en los locales de estas empresas, todas ellas situadas en la misma dirección –el número 27 de la rue des Vignes, en el distrito 16 de París–, donde también se encuentra el micropartido de Marine Le Pen, Jeanne.

La Oficina de Lucha contra el Fraude constata la existencia de vínculos directos o indirectos con miembros del partido, pero precisa que su capacidad de investigación "no le permitió fundamentar las dudas sobre la exageración o posible inexistencia de los servicios prestados por estas entidades y pagados por el Parlamento".

Servicios ficticios" implicados y "falsas ofertas competidoras

La OLAF también criticó a Marine Le Pen y sus colegas por "declarar servicios ficticios" o "exagerar los servicios prestados". Un ejemplo entre muchos: la jefa de RN y su padre presentaron en 2014 sendas facturas al Parlamento por valor de 5.000 euros para la creación de páginas web a su nombre.

El problema: según la investigación, estos sitios "nunca se crearon" y la empresa proveedora de servicios "no tenía personal ni subcontratistas para realizar las tareas correspondientes". El fundador del FN no respondió a los investigadores sobre este punto. Marine Le Pen aseguró a la OLAF que "nunca había encargado ese servicio" porque ya tenía "una página web oficial y personal".

Otro ejemplo revelador: los boletines de Le Pen padre e hija. La OLAF señala el pago de "una suma excesiva en relación con el trabajo realmente realizado para elaborar los boletines" de los dos diputados. 

La investigación reveló que treinta de los boletines del fundador del FN eran simplemente "copia y pega" de textos de libre acceso: artículos de prensa o entradas de blog, en particular la del ensayista antisemita Alain Soral. La Oficina de Lucha contra el Fraude señala que, aunque sabía que esos textos eran "copia y pega", Jean-Marie Le Pen –que presentó facturas por valor de 166.297 euros para el periodo 2011-2015– "declaró a los servicios del Parlamento que era el autor de determinados artículos". En cuanto a los boletines de Marine Le Pen, todos son copias de sus discursos en el Parlamento.

Por último, se acusa a Jean-Marie y Marine Le Pen de no respetar las normas de contratación pública, al presentar "falsas ofertas competitivas". Para aparentar que cumplía con las normas de licitación y justificar la elección de los proveedores de servicios por parte de los eurodiputados, Charles Van Houtte pidió a estas empresas que le enviaran "ofertas falsas" de la competencia, más caras y ficticias. En sus observaciones a la OLAF, la familia Le Pen no comentó este punto.

En su respuesta escrita a la OLAF, Marine Le Pen refuta las acusaciones. Su defensa consiste en culpar a Charles Van Houtte de dejarla "a oscuras sobre sus actividades externas": afirma que "no estaba a cargo" de los servicios y que "el montaje de las empresas, las relaciones entre ellas, la existencia o no de personal en las mismas, su objeto social" eran "totalmente desconocidos para ella, y no le concernían".

Según nuestras informaciones, el Parlamento Europeo se dispone a solicitar la recuperación de las sumas a cada uno de los protagonistas afectados: además de Marine Le Pen (136.993 euros) y el grupo ENL (131.089 euros), habría que reclamar 303.545 euros a Jean-Marie Le Pen, 43.257 euros a Bruno Gollnisch y 2.493 euros a Louis Aliot.

Texto en francés:

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