El proyecto presidencial de Marine Le Pen pisotea los derechos fundamentales

Marine Le Pen, en un acto de de campaña de las elecciones presidenciales.

Lucie Delaporte (Mediapart)

Sonríe, en cualquier circunstancia, y mide cada una de sus palabras en público. En esta campaña que quería "de proximidad", y centrada en el poder adquisitivo, Marine Le Pen jugó a la contraprogramación. Todos esperaban que hablase sobre los temas habituales de la extremaderecha –inmigración, inseguridad, islam– pero la candidata de la Agrupación Nacional (RN), que ya estaba perfectamente identificada con estos temas, pero los ha dejado estratégicamente en un segundo plano.

Recorriendo los mercados y haciéndose selfies, la candidata que se declaró "cansada del ruido y la furia" quiso mostrarse cercana a los franceses que se enfrentan a las dificultades de la vida diaria. Ante la candidatura de Éric Zemmour, que multiplicó los exabruptos racistas y xenófobos, Marine Le Pen ofreció esta imagen "moderada", apareciendo milagrosamente "recentrada", si la comparamos con el experiodista de Le Figaro.

Sin embargo, es una hazaña en vista de la increíble brutalidad de su proyecto. Un proyecto que, en muchos aspectos, inclinaría al país hacia un régimen autoritario al estilo húngaro, con consecuencias humanas y sociales para millones de residentes extranjeros que son difíciles de imaginar. 

Aunque la candidata de RN no deja de reivindicar su apego a los "valores de la República" y al Derecho, recordando una y otra vez que es abogada, su programa pisotea en realidad todos los derechos fundamentales.

Para revestir de legalidad la "prioridad nacional", es decir, la prioridad de acceso al empleo, a la vivienda o a las ayudas sociales para los franceses, Marine Le Pen ha recurrido a los servicios del exmagistrado Jean-Paul Garraud. Para descartar las críticas de "inconstitucionalidad" que rodean desde hace años a esta medida estrella del programa de la extrema derecha, el exdiputado de Los Republicanos (LR), que se ha unido a la RN, ya ha elaborado un proyecto de ley. "Estamos preparados para gobernar, nuestras medidas son aplicables", sigue repitiendo la candidata, que sabe cuánto le costó su imagen de amateurismo en 2017.

Marine Le Pen ha decidido pasar por "un proyecto de ley sobre la inmigración" sometido a referéndum que ratificaría la famosa "prioridad nacional". En la exposición de motivos, afirma que "la convocatoria de un referéndum sobre las cuestiones esenciales del control de la inmigración, la protección de la nacionalidad y la identidad francesas y la primacía del derecho nacional permitirá restablecer, por 'la vía más democrática disponible', según la expresión del general De Gaulle, y por tanto de forma incuestionable, la voluntad soberana del pueblo francés".

Como la "prioridad nacional" es ahora inconstitucional, ya que es contraria al principio de igualdad, la candidata de la RN quiere romper todas las barreras legales a su política xenófoba. Como no puede ampararse en el artículo 89 para modificar la Constitución –que exige que el proyecto se discuta en la Asamblea Nacional y el Senado antes de ser adoptado en idénticos términos por ambas cámaras–, quiere recurrir al artículo 11, es decir, el referéndum, argumentando que De Gaulle lo utilizó en 1962.

En aquel momento, De Gaulle se basó en el dictamen Consejo Constitucional y desde entonces la jurisprudencia ha sido clara: el artículo 11 no puede utilizarse para modificar el texto fundamental. Si decidiera forzar la cuestión, el Consejo Constitucional ya no tendría voz porque, como detalla su programa, "el Consejo Constitucional no puede examinar una ley aprobada por referéndum". Interrogada en France Inter sobre las serias reservas expresadas por el constitucionalista Dominique Rousseau, Marine Le Pen lo calificó de "constitucionalista de extrema izquierda" y se burló de su "nivel de incompetencia", lo que da una idea bastante clara de cómo, una vez en el poder, trataría a los contrapoderes.

Su proyecto de "prioridad nacional", como señalan todos los juristas consultados por Mediapart (socio editorial de infoLibre), contraviene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prohíbe distinguir entre ciudadanos franceses y extranjeros en el acceso a los derechos fundamentales. En su familia política se ha trabajado mucho para socavar el "droitdelhomismo", acusado de obstaculizar la soberanía popular y denunciado desde 1997 por Jean-Marie Le Pen.

La idea de crear un "escudo constitucional" que establezca que Francia dejará de estar sometida al derecho internacional, y en particular al derecho europeo, si éste contradice la nueva Constitución, sólo ha sido aceptada, según los juristas, por el Gobierno francés.

"El derecho internacional de los derechos humanos asume su propia primacía sobre todas las normas jurídicas nacionales", recuerda el jurista Yannick Lecuyer, profesor de la Universidad de Angers (Maine-et-Loire). El argumento de la soberanía no se sostiene, subraya, porque "estos textos han sido ratificados por Francia. Esto es cualquier cosa menos una negación de la soberanía. También señala que Francia puede, obviamente, optar por dar la espalda al Convenio Europeo de Derechos Humanos: "En derecho, todo es posible y Francia entraría en el club muy cerrado de la dictadura de los coroneles y de Rusia.

Si los Estados europeos han ratificado estos tratados es precisamente para servir de cortafuegos a una "dictadura de las mayorías", es decir, para impedir que un dirigente elegido con un programa que contravenga la dignidad humana tenga vía libre. "Podemos decidir no seguir una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no pasará nada, pero nos situamos al margen de las democracias que han decidido que el respeto de los derechos humanos es una garantía de paz", añade Stéphanie Hennette-Vauchez, profesora de derecho público en la Universidad de París-Nanterre.

La aplicación de la "prioridad nacional" a los nacionales de la UE también contraviene la legislación europea. Negar el acceso al empleo o a la vivienda social es contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Sería una especie de Frexit de facto, que no estaría exento de consecuencias para Francia.

La "prioridad nacional" tendría consecuencias devastadoras para millones de personas

¿Impedirá todo esto que Marine Le Pen aplique su programa? Probablemente no. Sabemos que un aderezo legalista ha permitido a algunos Estados europeos deslizarse hacia regímenes cada vez más autoritarios, como la Hungría de Viktor Orbán, que es un modelo reivindicado por Marine Le Pen.

Más allá de las consideraciones legales, la "prioridad nacional" tendría consecuencias devastadoras para millones de personas. Privar potencialmente a casi cinco millones de residentes extranjeros, el 38% de los cuales son europeos, del acceso al trabajo, a la vivienda social, a la RSA, a las ayudas familiares o a la atención médica (salvo en situaciones de emergencia) provocaría un caos social difícil de imaginar.

"Pensar que los extranjeros se van a ir del territorio porque ya no reciben prestaciones es la fantasía de la extrema derecha, que cree que estos extranjeros han venido por los beneficios sociales. Esto no tiene nada que ver con la realidad de la migración, como sabemos. Los que llevan mucho tiempo aquí no se irán, pero algunos se hundirán en la miseria", advierte Antoine Math, investigador del Instituto de Investigación Económica y Social y experto del Gisti (Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes).

El programa de la candidato de la RN tiende a dificultar al máximo la vida de los extranjeros legales: supresión de la reagrupación familiar, supresión del derecho de suelo y naturalización "por méritos". Un extranjero que no haya encontrado trabajo al cabo de un año ya no tendría derecho a permanecer en Francia y también se suprimiría la ayuda médica estatal.

Para los inmigrantes sin papeles, la residencia ilegal se convertiría en un delito y los funcionarios estarían obligados a denunciarlos en virtud del artículo 40. De nuevo, en contradicción con el derecho internacional y europeo, el asilo en la Francia de Marine Le Pen se haría prácticamente imposible.

Más allá de esta xenofobia institucionalizada, el programa de Marine Le Pen en materia de seguridad también sienta las bases para un ejercicio autoritario del poder. En un Estado que se ha liberado de las ataduras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cómo debemos interpretar la propuesta de introducir la autodefensa para las fuerzas del orden?

La parte del proyecto dedicada a la lucha contra el terrorismo es una de las más preocupantes de su programa, ya que somete la práctica de la religión musulmana a la más completa arbitrariedad.

El texto se basa en el proyecto de ley de Marine Le Pen "destinado a combatir las ideologías islamistas" y redactado como contrapropuesta a la ley de "separatismo". Se esfuerza por definir con precisión la "ideología islamista" en su primer artículo, pero a continuación expone todos los medios para impedir la difusión de esta "ideología" en la sociedad.

"No está claro dónde termina la línea entre la prohibición de una ideología y el delito de opinión. Si las palabras tienen un significado, una ideología es un sistema de pensamiento", advierte la jurista Stéphanie Hennette-Vauchez, para quien este texto "está en contradicción con la Declaración de los Derechos Humanos que introdujo el derecho francés en el mundo moderno".

La práctica del islam sujeta a la discrecionalidad de la administración

El autor de La Démocratie en état d'urgence (Seuil, 2022) señala "el poder retórico y político del peligro, de la emergencia, de la excepción que se ha convertido en parte de la forma de gobernar". Y que permite, en nombre de la lucha contra el terrorismo, el retroceso de derechos fundamentales como la libertad de conciencia o la libertad de culto.

Aunque la "ideología islamista" no está claramente definida, el proyecto de Marine Le Pen prevé el control de la distribución de libros infantiles y obras cinematográficas susceptibles de propagarla. Para los que dudan del carácter "extensivo" de la aplicación de dicha ley, es ésta la que permitiría a Marine Le Pen prohibir el velo en el espacio público; además, todos los "conjuntos islamistas", sin más precisiones, estarían prohibidos.

Su proyecto también autoriza el despido de cualquier empleado que haya "difundido" esta ideología y permite a un funcionario negar una vivienda o una prestación social a ese presunto "islamista". En otras palabras, la práctica del islam está bajo constante vigilancia y sujeta a un poder discrecional aterrador.

Es difícil suscribir la idea de una Marine Le Pen sosegada, amiga de los gatos y del karaoke.

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