El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy es para Francia una experiencia política, mediática y social fascinante. Para el expresidente de la República, condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita en el caso libio, el martes 21 de octubre significa su primera noche en prisión, y una parte del país parece dividirse sobre el significado que se le debe dar a este acontecimiento histórico.
Una mente racional podría pensar que es un momento especialmente propicio para reflexionar colectivamente —por fin— sobre los atentados contra la probidad en Francia y la amenaza existencial que estos suponen para la democracia. Con más razón en un país que ya ha visto a un expresidente condenado en firme por corrupción (Nicolas Sarkozy, otra vez él), a su predecesor condenado en firme por malversación de fondos públicos (Jacques Chirac) y a sus respectivos primeros ministros (François Fillon y Alain Juppé) también condenados en firme.
Pero no. La mayor parte del tiempo de emisión dedicado al juicio del caso libio en los canales de información está saturada por una melodía muy diferente: Nicolas Sarkozy, que ha recurrido la sentencia y vuelve a gozar de la presunción de inocencia en este caso, es una víctima. Víctima de una justicia cuyos magistrados serían criaturas híbridas entre el inquisidor Torquemada y Robespierre. Víctima de una prensa, con Mediapart en cabeza, que escribiría con un cuchillo entre los dientes y documentos falsos en sus alforjas.
Y él, Nicolas Sarkozy, se habría convertido en la víctima sacrificial de una infame conspiración, sin que el expresidente dudara en convocar a los fantasmas (ficticios) de Montecristo o (muy reales) del capitán Dreyfus para compararse con ellos. Sin ningún pudor.
Desde hace un mes, desde que se dictó la sentencia, una parte importante del mundo político y mediático —con Nicolas Sarkozy, ambos siempre han sido uno— le tiende tiernamente la mano en esta prueba. El último episodio, y uno de los más impactantes, es que el presidente Macron, garante constitucional de la independencia del poder judicial, lo recibió discretamente en el palacio del Elíseo el viernes 17 de octubre, cuatro días antes de la fecha anunciada para su encarcelamiento.
El actual secretario general de la presidencia, Emmanuel Moulin, ya había asistido el 8 de octubre a una fiesta de despedida antes de la cárcel organizada por Nicolas Sarkozy. Por no hablar del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que en las últimas semanas ha mostrado muchas atenciones hacia el condenado, llegando incluso a anunciar en France Inter que iría personalmente a visitar al exjefe de Estado a la prisión de la Santé. Cabe señalar, de paso, que Darmanin ya no considera que la prisión se parezca demasiado al Club Med cuando se trata de encerrar a su antiguo mentor.
Esa necesidad de borrar los hechos...
El CAC 40, índice bursátil francés, también se mantiene unido. Los grupos Accor (hostelería) y Lagardère —propietario, entre otros, de los medios Le Journal du dimanche y Europe 1 — han anunciado que mantendrán a Nicolas Sarkozy como administrador a pesar de su encarcelamiento, como ya hicieron en el pasado a pesar de su condena definitiva por corrupción en el caso Bismuth y su doble condena por financiación ilícita de campaña electoral en el escándalo Bygmalion —este caso está pendiente ante el Tribunal de Casación, que dictará su sentencia el 26 de noviembre—.
En cuanto al círculo más cercano del expresidente, da la impresión a veces de que Francia se ha convertido en un gigantesco episodio de South Park, la famosa serie de dibujos animados satírica americana. Carla Bruni, su esposa, publica continuamente historias en Instagram (por ejemplo, una versión de Let It Be de los Beatles, rápidamente parodiada como Let Libye); Patrick Balkany, el amigo, da consejos en televisión sobre la cárcel —el exdiputado y alcalde de Levallois-Perret sabe de lo que habla—; y Louis Sarkozy, el hijo, llama a manifestarse junto a la casa de su padre la mañana de su partida hacia la cárcel para mostrarle su apoyo incondicional.
De principio a fin, este espectáculo es deprimente para el común de los mortales. Pero el asunto es mucho más grave. Porque lo que está en juego no es un debate legítimo sobre la ejecución provisional de las decisiones judiciales. Se trata, ni más ni menos, de los últimos estertores de un cártel que, sin asumirlo públicamente, no pide otra cosa que el retorno de los privilegios, abolidos en Francia en la noche del 4 de agosto de 1789. Podríamos llamarlo un poderoso deseo de 3 de agosto. No es casualidad que la periodista Catherine Nay, una de las más influyentes de su generación, calificara en las columnas de Valeurs actuelles la sentencia que condenaba a Nicolas Sarkozy de “regicidio judicial”.
“Los partidarios de Nicolas Sarkozy socavan los cimientos de la democracia saturando el espacio público de ruido, confusión y furia”, afirmó recientemente Philippe Conte, profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Panthéon-Assas, en una notable entrevista concedida a Le Monde.
Para llevar a cabo esta operación de destrucción del espíritu de la República, este pequeño mundo tiene la imperiosa necesidad de borrar la realidad. Es decir, hacer olvidar los hechos por los que Nicolas Sarkozy ha sido condenado junto con sus dos colaboradores más cercanos de siempre, Brice Hortefeux y Claude Guéant. Sin los hechos, que son de una “gravedad excepcional” según la sentencia —de ahí la entrada en prisión inmediata de Nicolas Sarkozy—, la tarea resulta más fácil para dar paso a la indignación. A partir de ahí, solo se mira la consecuencia (la prisión) y se oculta la causa (el delito perseguido).
Así que, repitámoslo: el trío Sarkozy-Guéant-Hortefeux ha sido declarado culpable de asociación ilícita por haber negociado en otoño de 2005 con el número dos del régimen libio, un terrorista llamado Abdallah Senoussi condenado en Francia por organizar el atentado contra el avión DC-10 de la UTA (170 muertos), un pacto de corrupción cuyo objetivo era la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007. Y, según el tribunal, los libios pagaron efectivamente 6,5 millones de euros para financiar esa campaña, a cambio de lo cual el equipo de Sarkozy se comprometió a examinar la situación penal de Senoussi en Francia y a ayudar al regreso de la Libia de Gadafi al seno de la comunidad internacional.
... y las verdaderas víctimas del caso libio
Este domingo, dos periódicos dieron un ejemplo claro de esta operación de borrado de la realidad. En primer lugar, Le Figaro, que, en un artículo del periodista político Charles Jaigu, afirma que el tribunal “ha establecido” que las pruebas de corrupción “no existen”. “Solo quedan dos reuniones entre dos colaboradores de Nicolas Sarkozy y el entorno de Gadafi”, dice sutilmente el periodista, que evita cuidadosamente las palabras “Senoussi” o “terrorista condenado”.
Falso: no solo el tribunal afirmó por escrito que sí hubo un “pacto corrupto” —Mediapart ya ha explicado aquí y aquí los motivos—, sino que la investigación permitió reunir gran cantidad de pruebas materiales: transferencias bancarias, notas privadas, cuadernos manuscritos, agendas oficiales, cables diplomáticos, rastros de dinero en efectivo, etc.
El director de La Tribune dimanche, Bruno Jeudy, escribió un editorial en el que se podían leer estas palabras: “A base de ejercer una justicia implacable, se corre el riesgo de desnaturalizarla.” A continuación, se emocionaba ante “una severidad espectacular, percibida más como expiatoria que racional”. “La democracia no se engrandece con la humillación de un expresidente, por muy culpable que sea”, concluía, antes de mencionar “un malestar, quizás un paso en falso”, de la justicia, claro está... Ni una sola vez en su texto recordó el director del semanario los hechos que motivaron la condena, medio cuyos periodistas no siguieron el juicio libio.
Al actuar así, todos los nostálgicos del 3 de agosto no hacen más que agravar el perjuicio de las verdaderas víctimas del caso libio: las familias del DC-10, que han sido reconocidas como partes civiles por el tribunal penal de París y a las que los condenados deben pagar una indemnización por daños y perjuicios. Desde la sentencia, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant o Brice Hortefeux no han dicho ni una palabra dirigida a ellas. Gérald Darmanin, que sin embargo juró poner a las víctimas en el centro de su política penal, tampoco les ha dirigido ni una sola palabra.
Es una lástima, porque merecen ser escuchadas. “Este juicio no es una venganza, sino la expresión de una justicia que llevábamos años esperando. Un proceso judicial riguroso enmarcado en nuestras leyes. No, Nicolas Sarkozy no es una víctima. No, Nicolas Sarkozy no encarna él solo a Francia”, respondieron dos representantes de las familias de las víctimas del DC-10, Danièle Klein y Yohanna Brette, en un artículo de opinión publicado en Libération.
“Por desgracia, hemos comprendido hasta qué punto nos ha traicionado quien aspiraba a presidir Francia, Nicolas Sarkozy”, comentó por su parte en Le Nouvel Obs Guillaume Denoix de Saint Marc, miembro de la asociación Familias del atentado del DC-10 de UTA.
Evidentemente, nada de eso habría ocurrido si se tratara de otro tipo de delito que no fuera el de cuello blanco. Si Nicolas Sarkozy hubiera sido condenado por encargar el robo de las joyas del Museo del Louvre o por tráfico de drogas, el presidente de la República nunca lo habría recibido antes de entrar en prisión, y el ministro de Justicia nunca lo habría mimado de esa manera.
Nos encontramos en una situación similar a la de la serie fantástica Stranger Things. Coexisten dos mundos: uno normal y otro invertido, literalmente al revés, poblado de monstruos aterradores. Este mundo al revés es, en Francia, el que se encuentra en la cima de la pirámide social y política, y sobre el que el caso libio acaba de arrojar una fría luz.
Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007
Traducción de Miguel López
El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy es para Francia una experiencia política, mediática y social fascinante. Para el expresidente de la República, condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita en el caso libio, el martes 21 de octubre significa su primera noche en prisión, y una parte del país parece dividirse sobre el significado que se le debe dar a este acontecimiento histórico.