El éxodo que no cesa de los desplazados forzosos colombianos

Llegó por casualidad, merced a los recovecos de la Administración colombiana. Josué Aguirre vive en una casa de madera con techo de chapa, perdida en mitad de una de extensa pradera salpicada de arbustos, en el departamento del Meta, en el centro del país. Es oriundo de la pequeña localidad de Calamar, a 450 km al sur, en el departamento de Guaviare, próximo a la región Amazónica. Cuando apenas tenía 13 años, su vida dio un giro. Las FARC controlaban el territorio y enrolaban a jóvenes, los más desocupados. Necesitaba trabajar. Sus vecinos le daban los terrenos que él mismo se encargó de delimitar durante 15 días. Los guerrilleros empezaron a mirar al joven agricultor con malos ojos. 400 hectáreas eran demasiadas. “60 hectáreas por cabeza, ni una más; los cultivos de coca, por los que pagaba un impuesto, no les bastaba”, recuerda Josué. Recibió amenazas de muerte.

Huyó. Vivió en varios sitios antes de instalarse en el departamento del Meta, en 1998. Después de varios años de papeleos con la Administración colombiana, en 2011 le otorgaron 28 hectáreas, en esta zona, al final de una pista, a 45 minutos de la ciudad más próxima, Puerto López (30.000 habitantes): “O lo tomas o lo dejas. Haces lo que quieras”, me dijeron. El terreno “pertenecía a un narco al que le expropiaron 28.000 hectáreas”. En estas tierras dedicadas a la ganadería extensiva, no crece nada. Otros han tirado la toalla. Él no desiste, se dedica a la agricultura biológica en su pequeña parcela, que limita con sendos terrenos de 1.700 y 3.000 hectáreas.

Josué, como el 12% de la población colombiana, es un desplazado, una persona que se vio obligada a migrar al interior de su propio país. En Colombia suman más de seis millones, lo que le convierte en el segundo país del mundo con mayor número de desplazados en el interior de sus fronteras, solo por detrás de Siria, según el informe publicado a principios de mayo por el Observatorio de Desplazados Internos (IDMC), una ONG noruega.

Andrés Celis, responsable de la unidad de protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, recuerda que “los desplazados forzosos del país cuentan con una larga tradición, de más de 20 años”. El conflicto armado entre las guerrillas y el Estado dura ya más de medio siglo. La población migra por la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de los paramilitares, de las bandas criminales e incluso por la acción del Gobierno. El último escándalo que ha provocado la huida interna de colombianos son las fumigaciones de los campos de coca, destinadas a acabar con las plantaciones ilícitas. Juan Manuel Santos, presidente colombiano, pidió su suspensión a principios de mayo.

Gracias a las negociaciones para alcanzar la paz, que se mantienen en La Habana desde hace dos años y medio, estas migraciones internas se han reducido. En 2014, “sólo” hubo 137.200 nuevos desplazados. A título comparativo, entre los años 2002 y 2005, durante el primer mandato de Álvaro Uribe (elegido en 2002 y reelegido en 2006), una media de 463.697 personas dejaron cada año su lugar habitual de residencia, según las cifras que maneja el Gobierno. Las treguas temporales y el alto el fuego unilateral de las FARC, de diciembre a finales de mayo explican, esta reducción.

“No puedo decir que antes era peor, pero las exacciones de los paramilitares continúan”, asegura Carmen Palencia, presidente de la asociación Tierra y Vida, que pone como ejemplo la región de la que es oriunda, Urabá. La situación geográfica de la zona, fronteriza con Panamá, con salida al mar del Caribe, favorece el tráfico de todo tipo. Cuenta que la unión de algunos empresarios bananeros, grandes terratenientes, con grupos paramilitares coaccionan a los campesinos a dejar sus tierras para quedarse con ellas.

“Aunque algunos como Raúl Hazbún fueron detenidos, otros siguen en libertad”, precisa esta mujer que ha sobrevivido a cinco atentados y que, desde la asociación, acompaña a más de 200 familias en su retorno. “Las amenazas siguen existiendo, sigue habiendo heridos. Los que ocupan ilegalmente las tierras no responden ante la justicia. Grupos armados, como el ejército antirestitución, se oponen al regreso de los desplazados”. Amnistía Internacional denuncia que desde “finales de agosto de 2014, la Fiscalía General investiga al menos 35 homicidios de personas implicadas en el proceso de restitución” y hace hincapié en que el número real de asesinados es posiblemente mucho más elevado.

En un país donde, según algunas estimaciones, se han abandonado o usurpado ocho millones de hectáreas, el presidente Santos tiene como objetivo acelerar la restitución de tierras. En 2012 se dio un primer paso con la entrada en vigor de la ley sobre las víctimas y la restitución de tierras. Andrés Celis aplaude “las respuestas del Estado". "A diferencia de otros países, como Siria, el Gobierno actualiza las estadística con las que podemos trabajar”, aunque, según dice, “se podría hacer más”. Porque las restituciones cojean. La agencia encargada de la aplicación de esta ley, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), según sus propios datos, “ha proporcionado 100.000 hectáreas a unas 3.000 familias”. Insuficiente, según la ONG Amnistía Internacional.

En la agencia, el ambiente es tenso, algunos jóvenes colaboradores teclean en sus ordenadores, en un espacio abierto de varias plantas. Ricardo Sabogal, el director, explica: “Hay muchos factores al margen de de la voluntad del Gobierno. Comenzamos la restitución cuando hay regiones donde el conflicto sigue abierto. No podemos actuar en estas zonas ni en las que están a la espera de ser desminadas”, añade. De alcanzarse un acuerdo de paz, se liberará una parte del territorio bajo el fuego de la guerra y se permitirá un eventual regreso. Sin ninguna duda, sepondría freno a los desplazamientos forzados. El Gobierno y las FARC alcanzaron en mayo de 2013 un compromiso sobre la cuestión esencial de la “reforma rural”. Dicha reforma, que no se aplicará hasta que no se firme el acuerdo definitivo”, prevé la “distribución de las tierras” y tiene como “objetivo poner remedio a las consecuencias del conflicto y compensar a las víctimas por las expoliaciones y los desplazamientos forzados”.

“¿Restitución de tierras? No espero nada. No quiero”

Ricardo Sabogal recurre a las cifras: “Hay 350.000 hectáreas investigadas, que están siendo estudiadas por los jueces y que esperan a ser distribuidas. El 78% de los desplazados ya han regresado a sus tierras o se han establecido en otro sitio”, a menudo por sus propios medios, lo que parece demostrar que los desplazados no quieren esperar a los esfuerzos gubernamentales para conseguir un techo.

En muchos casos carecen de títulos de propiedad. La agencia estudia los testimonios de los vecinos o de los gobiernos locales, el rastro dejado en la Administración y los documentos que pueden proporcionar las víctimas. Se trata de detectar las “falsas reclamaciones”. “Los que mienten pueden ser condenados a entre uno y dos años de cárcel”, avisa el director de la agencia.

A día de hoy, la URT apenas supera las 70.000 peticiones. Un número muy exiguo, habida cuenta de que hay seis millones de desplazados. La falta de información, el miedo a tener que hacer frente a una burocracia farragosa frenan las ganas de regresar. Alexandre Torres vive en Soacha, una localidad limítrofe con Bogotá, al sur, en una aglomeración de barrios populares, similar a las favelas brasileñas. Huyó a Pitalito, una ciudad a 500 kilómetros al sur. Oficialmente, ni siquiera está registrado como desplazado, lo que le daría derecho a percibir ayudas. “Supone horas de espera, de burocracias”, dice este jardinero, a las puertas de su casa, que da a una calle de tierra. Prefiere guardar las fuerzas para hacerse con un título de propiedad de su casa, pintada en rosa, situada en la zona alta del barrio.

¿La restitución de las tierras? No espero nada. No quiero nada”, afirma con franqueza, Eridia Rodríguez, otra vecina de Soacha. Ha corrido para siempre un tupido velo sobre “las montañas”, visibles desde el pueblo, Bolívar, en el departamento del Cauca, con o sin acuerdo de paz. “Las FARC me robaron a cinco de mis nietos. Me recorrí esa montaña durante tres meses para recuperarlos. Lo logré, pero mataron a mis hermanos. Las montañas, no quiero ni verlas”.

La pareja que forman Rubén Mosquera y Cindy Moreno tampoco espera “volver”. Sentados alrededor de una mesa de plástico, el único mueble del salón, no entran en detalles sobre qué es lo que les llevo a huir del departamento del Choco, el único del país a caballo entre los dos océanos. Sus miradas se cruzan. Los ojos se humedecen. “No regresaré ni aunque se alcance la paz. Tengo miedo de volver a ver a la gente que me hizo daño”, mantiene Cindy.

Soche es una ciudad refugio. Cada vez que vuelve a estallar el conflicto, la ciudad absorbe a nuevos desplazados. Según un estudio elaborado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entre 50 y 100 personas se instalaninstalan cada día en Soacha. La ciudad cuenta oficialmente con 500.000 habitantes. “En realidad, habrá alrededor de un millón”, asegura Rosa Nieves Batres, responsable de la misión del Acnur en Soacha. “Los municipios no cuentan con presupuesto para un millón de personas. Para ellos, es muy difícil hacer nada. Por ejemplo, hay problemas con la distribución de agua”.

Bajo la atenta mirada de su esposa, Rubén Mosquera dice tener dificultades para encontrar un empleo. En otra vida, fue agricultor. En esta inmensa aglomeración que es Bogotá no puede poner en práctica su saber hacer. Más de una vez, ha echado una mano en el edificio, pero dice que “no le han pagado”. Es de origen africano y habla de la “discriminación”, del “racismo” para con los desplazados del Choco. Según el Gobierno, el 63% de los hogares víctimas de desplazamientos forzosos se encuentra en situación de pobreza.

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El desplazamiento forzoso de la población no solo es una cuestión rural, vinculada con la restitución de las tierras. Es un problema urbano y de integración. Rosa Nieves, de la Acnur, habla de la existencia en Soacha de una “urbanización pirata”. Grupos paramilitares que no están desmovilizados comercian con los alojamientos de los que se han incautado.

En estos barrios al margen de todo, los desplazados se ven confrontados a aquello que habían dejado atrás, una violencia que presenta múltiples rostros. Grupos armados, paramilitares llamados “posdesmovilización” de las FARC, más raros, o simplemente narcotraficantes hacen estragos. Los paramilitares, para instalarse sosteniblemente en un barrio, se entregan a la “limpieza social”, matan, expulsan a los individuos “socialmente indeseables”: los drogadictos, prostitutas, marginados… los que habían huido del conflicto vuelven a echarse a la carretera y van de barrio en barrio por las grandes ciudades colombianas. Es lo que se llama el “desplazamiento forzado intraurbano”. El final del conflicto no resolverá esta violencia social. “A día de hoy, lo único que quiero es vivir en un barrio normal con un centro comercial y un parque donde poder jugar con mis tres hijos”, concluye Cindy Moreno, mientras agarra la mano de su marido.

Traducción: Mariola Moreno