Un magistrado ordena la censura previa de una investigación periodística de Mediapart
Este viernes 18 de noviembre, un agente judicial se presentó en la sede de Mediapart para entregar un auto judicial sin precedentes para cualquier periodista o abogado. En él se ordena no publicar una investigación de interés público por petición expresa de la persona afectada sin permitir a Mediapart exponer sus argumentos. Mediapart no fue informado de este procedimiento y la orden fue dictada por una jueza sin que el periódico pudiera defender su trabajo y sus derechos.
Al despreciar así el principio de contradicción, esta orden de censura previa es un acto arbitrario que utiliza un procedimiento totalmente ajeno al derecho de prensa violando una libertad fundamental regulada por la ley de 29 de julio de 1881.
El auto fue dictado el 18 de noviembre por la vicepresidenta Violette Baty, en calidad de magistrada delegada del presidente del tribunal judicial de París, Stéphane Noël, y atendió con carácter de urgencia una solicitud presentada ese mismo día por el abogado de Gaël Perdriau, Christophe Ingrain.
No publicar bajo multa de 10.000 euros por extracto publicado
El auto insta a “no publicar, bajo multa de 10.000 euros por extracto publicado", nuevas revelaciones sobre las prácticas políticas del alcalde de Saint-Étienne, basadas, en particular, en las mismas grabaciones que permitieron revelar el escándalo de chantaje con un vídeo sexual del que fue víctima su teniente de alcalde centrista, Gilles Artigues.
Las anteriores investigaciones de Mediapart que sacaron a la luz este asunto, bajo la pluma de Antton Rouget, no fueron impugnadas ante los tribunales. Causaron un gran revuelo en Saint-Étienne, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el seno del partido Les Républicains (LR) y del gobierno, y tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación nacionales.
Provocaron la dimisión del concejal de educación del municipio y la destitución del jefe de gabinete de Gaël Perdriau, alcalde de Saint-Étienne, quien ha anunciado que abandona (sin dimitir) sus funciones de representación en el ayuntamiento y en la ciudad, que preside.
En particular, nuestras investigaciones llevaron a la fiscalía de Lyon a abrir diligencias encomendadas a dos jueces de instrucción por "invasión de la intimidad, chantaje agravado, apropiación de bienes públicos por una persona encargada de una función pública, abuso de confianza y encubrimiento de esos delitos". Las diligencias ya están en marcha tras la primera detención policial a mediados de septiembre, incluida la de Gaël Perdriau.
Continuando con su investigación, Antton Rouget descubrió nuevos hechos que, una vez más, ponen en tela de juicio las prácticas del alcalde de Saint-Etienne, especialmente en el uso de rumores como herramienta política. Pero esta vez, su víctima es una figura notable de la derecha, Laurent Wauquiez, presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, cuyas ambiciones presidenciales son bien conocidas.
Al igual que las anteriores, estas revelaciones se basan en conversaciones de trabajo mantenidas en el despacho del alcalde de Saint-Etienne y grabadas por la víctima para protegerse del chantaje del vídeo sexual, su teniente de alcalde Gilles Artigues, que fueron entregadas a la justicia por este último.
Estamos ante una decisión tomada sin audiencia pública ni proceso contradictorio, en el ámbito de una conversación entre sólo dos personas: el abogado del demandante y el presidente del tribunal
Cuando se nos notificó la orden de censura previa, esta investigación aún no se había publicado, a pesar de que habíamos cumplido con todas nuestras obligaciones, tanto profesionales como legales: su interés público, su base factual y material y su verificación.
Fueron contactadas varias personalidades afectadas por estas nuevas revelaciones, en primer lugar Laurent Wauquiez, y nos enviaron sus respuestas. Gaël Perdriau , contactado a principios de semana por Antton Rouget para que respondiera a estos nuevos hechos, había solicitado un plazo adicional hasta el viernes 18 de noviembre a las 13:00 horas, a lo que accedimos de buen grado.
Tres horas después de que hubiéramos recibido sus respuestas detalladas por email, a las 12.57 horas, un agente judicial vino a darnos la orden de no publicar nada más, solicitada por el mismo Perdriau al presidente del tribunal judicial de París. El alcalde de Saint-Étienne sabe perfectamente qué información no quiere que se publique.
Esta censura previa es el resultado de una decisión tomada con urgencia, por no decir precipitadamente, sin audiencia pública ni proceso contradictorio, en el ámbito de una conversación entre sólo dos personas: el abogado del demandante y el presidente del tribunal. En sus fundamentos, la solicitud de Gaël Perdriau, que fue así concedida, invoca falsamente una invasión de la intimidad que, en una audiencia pública, habríamos demostrado que no existe en absoluto.
Al principio de este asunto, a finales de agosto, el alcalde de Saint-Etienne ya nos acusó –sin llegar esta vez a los tribunales– de proceder a una "exposición de la intimidad" de su adjunto Gilles Artigues, la víctima del chantaje con el vídeo sexual. Le respondimos entonces que si se había producido una invasión de la intimidad del Sr. Artigues en esta historia, no era cosa nuestra, sino atribuible a las prácticas vigentes en el ayuntamiento.
Es más, cuando en nuestros artículos anteriores revelamos extractos de las grabaciones que ahora no nos dejan publicar, Gaël Perdriau no inició ningún procedimiento, reconociendo así el carácter de interés general de nuestra información. Sin embargo, el proceso, sus circunstancias y su contexto eran los mismos, lo que confirma el interés público de esta información.
Este expeditivo procedimiento se basa en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil: el artículo 493, que concierne a todas las jurisdicciones, según el cual "el auto a instancia de parte es una decisión provisional dictada sin procedimiento contradictorio en los casos en que se justifique que el demandante no llame a la parte contraria"; el artículo 875, que se inscribe en las "disposiciones especiales para el tribunal de comercio": "El presidente puede ordenar a instancia de parte, dentro de los límites de la competencia del tribunal, cualquier medida urgente cuando las circunstancias exijan su adopción sin proceso contradictorio".
Esto es algo inédito en nuestra historia democrática desde la ley del 29 de julio de 1881, que instauró definitivamente en Francia, aún en vigor, el derecho a la información y la libertad de expresión
Que sepamos, esta vía excepcional nunca se ha utilizado en un caso de prensa. Sólo el hecho de que uno de los dos artículos de la ley invocada sea competencia de los tribunales de comercio subraya, hasta el absurdo, este abuso procesal. De hecho, el requerimiento de no publicar notificado a Mediapart se dirige a la directora general de nuestra empresa y no a su director de publicación, que es la única persona legalmente responsable del contenido de un periódico.
Totalmente al margen del derecho de prensa, el procedimiento de excepción elegido pretende, según la jurisprudencia, crear "un efecto sorpresa" que, en este caso, consiste en cortar de raíz la publicación de una información sin que el periódico pueda defender ante jueces independientes el interés general que justifica su publicación.
A solicitud de un político, principal protagonista de un caso objeto de debate público y de una investigación penal, en la que los métodos utilizados para desestabilizar a un rival político están en el centro del debate judicial, el presidente del tribunal judicial de París ha decidido, él solo en su despacho, restablecer un arma del Antiguo Régimen contra la libertad de prensa: la censura previa.
Salvo en los periodos de eclipse democrático, esto es algo inédito en nuestra historia democrática desde la ley del 29 de julio de 1881 que instauró definitivamente en Francia, aún en vigor, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Al proclamar, en su primer artículo, que "la imprenta y la edición son libres" sin añadir ninguna restricción, o como dijo uno de sus legisladores en su momento, que "la prensa y la palabra son libres", significaba que no se podía impedir a priori el derecho fundamental a difundir información y opiniones.
La ley de 1881 acabó con la autorización previa, la censura y la fianza –las armas utilizadas por todos los regímenes para frenar la libertad de prensa– y derogó de un plumazo 325 artículos de 42 leyes de prensa anteriores y amnistió todas las condenas, sin excepción, dictadas en su nombre.
Sus disposiciones políticamente liberales permitieron la construcción progresiva de una jurisprudencia profundamente democrática, con tribunales y magistrados especializados, que garantiza la protección de una libertad que no es la de los periodistas, sino la de los ciudadanos: el derecho a conocer todo lo que sea de interés público.
El espíritu que subyace es que no se puede desvirtuar prohibiendo sacar a la luz verdades que contribuyan a un debate general, por muy incómodas que sean. En cuanto a los abusos cometidos por la prensa en el ejercicio de esta libertad, sólo pueden ser sancionados, a posteriori, por jueces independientes, tras un debate público y, repetimos, contradictorio.
Este logro democrático esencial de 141 años se está tirando por la borda con la censura previa de la investigación de Mediapart mediante una orden emitida a petición de parte. Mientras no se anule, este acto liberticida impide a nuestros lectores, y a toda la opinión pública, conocer los nuevos hechos de un gran escándalo político de alcance nacional.
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Esta censura previa es tanto más alarmante cuanto que se produce unas semanas después de una decisión similar adoptada el 6 de octubre por el tribunal de comercio de Nanterre en nombre del secreto comercial: a instancias del grupo Altice y su presidente Patrick Drahi, el tribunal no dudó en prohibir a Reflets.info la publicación de "nuevas informaciones". Esa web de investigación ha interpuesto un recurso.
Evidentemente, hemos pedido a nuestro abogado Emmanuel Tordjman, del bufete Seattle, que utilice todos los medios legales posibles para poner fin, lo antes posible, a esta censura previa, es decir, a este desorden democrático que constituye una grave violación de una libertad fundamental, "uno de los derechos más preciados del hombre", según el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y para que así los lectores puedan descubrir por fin las nuevas revelaciones de Antton Rouget en el caso Saint-Etienne.
Traducción de Miguel López
