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Brasil

La magnitud del escándalo de Petrobras amenaza a Dilma Rousseff

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

La noche acaba de caer sobre São Paulo este 8 de marzo de 2015 cuando Dilma Rousseff aparece en todas las pantallas de televisión y radios. La presidenta aprovecha la celebración del Día Internacional de la Mujer para tomar la palabra y defender su política. En Pinheiros, Higienopolis, Jardins y Vila Madalena, los barrios chics de la capital económica del país, la solemnidad hace sitio al guirigay. Sin salir de sus casas, familias enteras salen a sus balcones y ventanas cacerolas en mano.

Es un cacerolazo, el medio privilegiado de las clases medias y acomodadas para protestar contra la clase política en América Latina. Frecuente en Argentina, el procedimiento es raramente utilizado en Brasil. Los mismos apartamentos inundados de ramos de rosas durante la mañana en homenaje a las mujeres que los arbitran estallan ahora en cantidad de insultos machistas como “vaca” y “puta”. Al mismo tiempo, otros les hacen la peineta a la pantalla y le toman fotos con sus dedos delante. Todo se propaga mediante miles de mensajes en las redes sociales bajo el nombre de “los indignados online”. Su grito: “Fuera Dilma”.

Dos meses después del comienzo de su segundo mandato, la popularidad de la presidenta brasileña está por los suelos. Un 42% de los brasileños consideraba su gobierno “excelente o bueno” en diciembre, según el instituto de sondeos Datafolha. El 8 de febrero, este porcentaje caía al 23%. Hay que remontarse a 1999, cuando el presidente conservador Fernando Henrique Cardoso dirigía el país, para encontrar una cifra tan baja.

“En las clases acomodadas hemos visto surgir un verdadero odio hacia la presidenta y el Partido de los Trabajadores (PT)”, reconoce el economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro en varios gobiernos de derechas durante los años 90 y miembro fundador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal formación de la oposición. “Y este odio, sensible estos dos últimos años, no ha hecho más que aumentar desde que Dilma Rousseff fue reelegida por poco en octubre”, prosigue.

Es este odio el que alimenta hoy las reivindicaciones de destitución de la jefa de Estado, generosamente aumentadas por la prensa, aliada asumida de la oposición. Su principal argumento: el escándalo de corrupción en el seno de Petrobras, la compañía nacional de hidrocarburos.

Hace un año que Brasil vive al ritmo de las revelaciones provocadas por una gigantesca investigación policial bautizada como Lava-jato Lava-jato–nombre que hace referencia al electrodoméstico multiuso de limpieza conocido en España como Vaporeta–. A lo largo de las operaciones, los ciudadanos descubren una sobrefacturación casi sistemática de los gastos en infraestructuras de la compañía y beneficiosa para las principales empresas del sector de la construcción. Estos últimos se organizaron para repartirse los mercados, inflando las facturas y revirtiendo una comisión variante del 1 al 3 por ciento del montante de los contratos a un puñado de ejecutivos podridos de la empresa.

Una parte de los fondos desviados –según la policía, cerca de 10 millardos de reales, es decir, 3,4 millardos de euros– fueron redistribuidos entre los políticos de siete partidos, miembros de la mayor parte de la coalición en el poder. Después de haber sido objeto de varias filtraciones, la lista de implicados sujetos a investigación policial fue publicada el 6 de marzo.

Denunciados por los ejecutivos de la empresa que habían aceptado colaborar en la investigación a cambio de una reducción de su pena, 49 políticos son señalados con el dedo, entre los cuales se encuentran el presidente del Parlamento Eduardo Cunha y el del Senado, Renan Calheiros.

Si la corrupción es endémica en Brasil, Lava-jato ha permitido, por primera vez, descifrar sus mecanismos y denunciar a los políticos beneficiarios. Igual de inédito es que haya empresas involucradas en el origen de la corrupción. Aliadas de todos los gobiernos desde los años 50, las “hermanas” de la construcción, como se las llama en referencia a su poder, han sido tradicionalmente evitadas por la justicia, los políticos y la prensa, quienes les deben muchos espacios publicitarios. Por primera vez, los corruptos son requeridos con igualdad por la policía.

CIUDADANOS ESTÁN CANSADOS DE LA IMPUNIDAD 

El alcance del escándalo de Petrobras se justifica por el peso de la compañía. Controlada por el Estado mientras cotizaba en São Paulo y Nueva York, consecuencia de su apertura de capital, es la primera empresa de América Latina. Representa el 10 por ciento del PIB brasileño y el 10 por ciento del total de las inversiones del país. Es también la principal fuente de subvenciones que van a parar a todas las manifestaciones culturales.

El episodio de corrupción no tiene nada de original. Los investigadores estiman que el procedimiento de malversación se produce desde hace, al menos, quince años, remontándose a la época del gobierno conservador del presidente Fernando Henrique Cardoso. Paulo Roberto Costa, ex director de suministro de la empresa petrolera, resumió con cinismo su banalidad: “No se hagan ninguna ilusión, lo que ha pasado en el seno de Petrobras pasa en todo Brasil. En las carreteras, en los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, las presas, en todo Brasil, solo basta con informarse”, declaró en diciembre de 2014 durante una audición de una comisión de investigación parlamentaria sobre el escándalo.

Más allá de la legítima indignación de los ciudadanos, cansados de la impunidad de su clase política, la denuncia se amplifica porque existen “numerosos intereses económicos y geopolíticos ligados a la crisis de Petrobras”, subraya Luiz Gonzaga Belluzzo, profesor de Economía en la Universidad Unicamp de São Paulo. El descubrimiento, hace ocho años, de gigantescos filones de petróleo bautizados “pre-sal”, porque están protegidos por una capa de sal de 5 a 7 kilómetros sobre la superficie del mar, propulsó al país al grupo de las potencias exportadoras de oro negro.

Este hallazgo ya provocó un cambio profundo en la legislación en 2010 impulsado por el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Él puso fin al régimen de concesión en vigor hasta el momento, haciendo del Estado el único propietario del petróleo y dio a Petrobras un estatus privilegiado: la empresa debe estar asociada al menos al 30% de todas las explotaciones. La ley instituyó una política de preferencia nacional de los proveedores. Estas medidas provocaron el despecho de los grandes grupos de hidrocarburos internacionales que se vieron relevados por sus interlocutores locales.

La oposición ha sabido explotar hábilmente el asunto de Petrobras desde la campaña electoral de finales de 2014. Candidata a un segundo mandato, ¿no era Dilma Rousseff responsable de los errores de una empresa que supuestamente conocía muy bien desde 2003, cuando ella era ministra de Energía? Graça Foster, la directora general nombrada en 2012, ¿no era una de sus íntimas? ¿Haría falta más pruebas de la manía del PT de colocar a sus aliados como altos cargos de empresas públicas para instrumentalizarlas? El escándalo es una de las razones del fiable resultado electoral de la presidenta, que no debe más que a la movilización social la ventaja de tres millones de votos sobre el candidato conservador, el senador Aécio Neves.

A pesar de la victoria, la presidenta está desde entonces a la defensiva. Si ganó, bien se comporta como una perdedora. Justo después de su discurso de investidura, el uno de enero de 2015, literalmente desapareció, dejando la escena parlamentaria a los otros partidos de la mayoría, en particular al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –una formación cajón de sastre, que se formó con miembros de toda la oposición tras el restablecimiento de la democracia–.

Esto ha permitido a las corrientes conservadoras imponer al diputado Eduardo Cunha, uno de los líderes de la política evangélica, a la cabeza del Parlamento y en contra de la voluntad de la presidenta. En Brasil, este es un puesto de una importancia temible, ya que es desde donde se decide sacar adelante el texto de una ley o enterrarlo, la distribución de ciertas prebendas, o las atribuciones de las comisiones parlamentarias de investigación. En resumen, él tiene la iniciativa política.

No es el nuevo gobierno el que le hará sombra. Marcado por la mediocridad y declarando más batallas de favores entre partidos que fuerza política, el nuevo equipo parece desprovisto de estrategia. La política de la ciudad es confiada a Gilberto Kassab, ex figura de la oposición, cuyo paso a la cabeza del ayuntamiento de São Paulo entre 2006 y 2012 ha quedado en la memoria de la ciudad más grande de América Latina como un desastre. Su cartera la debe al control del PSD, creado por él en 2011 y felicitándose de que no sea “ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha”.

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología Aldo Rebelo, ex comunista, es famoso por su rechazo a las teorías del calentamiento climático, “no probadas científicamente”. El Ministerio de Deporte, crucial a poco más de un año de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ha sido confiado a George Hilton, que no conoce nada del sector pero ha sido impuesto por la centena de diputados evangélicos del Congreso. “Esto no es un gobierno, ni una coalición, es la representación de un conjunto de feudalismos, resume Gilberto Maringoni, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal ABC, en São Paulo.

LA PRESIDENTA SE REFUGIA EN EL MUTISMO

Las dos únicas personas visibles del Gobierno encarnan a los enemigos históricos del PT, de los movimientos sociales y de la izquierda en general. Katia Abreu, representante principal del complejo agro-industrial brasileño y gran propietaria terrateniente, también ha sido promovida como ministra de Agricultura.

Durante su discurso de investidura recalcó, por cierto, que no cabía lugar pensar en una reforma agraria, ya que el “latifundio no existe en Brasil”, haciendo referencia a las gigantescas tierras adquiridas con frecuencia de forma ilegal. Los militantes del Movimiento de Paisanos sin Tierra (MST), que se movilizaron fuertemente para la reelección de Dilma, todavía no han salido de su estupefacción.

Queda Joaquim Levy, ministro de Finanzas y alto cargo del sector bancario, formado en la universidad de Chicago y consejero económico del PSBD, principal partido de la oposición. Es la primera vez, desde la elección de Lula a finales de 2002, que el PT ve escapar su puesto estratégico.

A los lados de una Dilma Rousseff que parece jugar un papel de ayudante, el ex banquero, presentado por la prensa como el primer ministro virtual, pone en marcha medidas de austeridad para reequilibrar las cuentas públicas. Una política que atañe directamente a las clases más pobres y a los trabajadores con salario fijo y cuya finalidad es acabar con el pleno empleo, que sería la fuente de las tensiones inflacionistas.

“Como los líderes europeos, Dilma ha capitulado frente a las presiones del mercado”, resume Luiz Gonzaga Belluzo. Más de 111 millardos de reales (38.000 milllones de euros) en recortes del gasto presupuestario, incluyendo en los ministerios de vocación social, algo nunca visto desde la llegada del PT al poder en 2003. Menos del 31'1% destinado a educación nacional, aunque Dilma Rousseff había prometido hacer de Brasil durante su segundo mandato una “patria educadora”. Menos del 9,4% para el Ministerio de Desarrollo Social, responsable del pago del conocido subsidio Bolsa Familia (del que se benefician 14 millones de hogares pobres, es decir, 50 millones de personas). Los subsidios de empleo están limitados, así como las inversiones en el alquiler social e infraestructuras, y sin embargo cruciales en el aumento de la productividad brasileña.

En nombre de la lucha contra la inflación, el tipo de interés alcanzó la semana pasada el nivel récord del 12'75% por año. Aunque ninguna tributación sobre las grandes fortunas está proyectada, la transferencia de fondos del Estado hacia los descompresores de deuda pública se ha acelerado. Más del 40% del presupuesto federal se gasta cada año en el reembolso de créditos públicos. El modelo de la renta se fortalece, el sector productivo se debilita y el gobierno admite ya una posible recesión en 2015. Todo lo que la candidata denunciaba durante su campaña, hace seis meses.

El objetivo de la presidenta es menos claro desde que se refugia en el mutismo. Su discurso del 8 de marzo, abucheado por la oposición, pretendía una justificación de la austeridad doblada y pedía “paciencia” a los ciudadanos. “El Gobierno sufre el estancamiento del modelo de desarrollo adoptado en 2003”, explica el analista político Breno Altman, director de la web de información Opera Mundi.

Durante cerca de una década, la estrategia de expansión del mercado interno a partir de las políticas públicas generadoras de inversión, subsidios, derechos sociales y empleos en las clases más desfavorecidas, ha estado drogada por un contexto internacional marcado por la explosión de la demanda de materias primas, de las que Brasil es un fuerte exportador. Una situación que ha permitido al Gobierno privilegiar a los pobres sin poner en tela de juicio los grandes intereses capitalistas, que han disfrutado de esos nuevos mercados. Al final del segundo mandato de Lula, si la sociedad brasileña cambió profundamente, la estructura económica es prácticamente idéntica a la de la época de la derecha.

La crisis internacional, la caída de los precios de las materias primas y el aumento del endeudamiento de los hogares han puesto fin a este modelo económico. Desde 2011, el crecimiento es solo del 1,3% de media y las cuentas del Estado están a la deriva. En 2014, el déficit presupuestario se ha situado en el 6,75% del PIB. Para salir de esta encrucijada, el gobierno debía elegir entre reformas estructurales, provocando un enfrentamiento con el sector financiero, principal beneficiario de la política de la renta, o la austeridad.

Sin fuerza política y prisionera de su mayoría, Dilma Rousseff optó por la segunda opción ante el estupor de su pueblo. “El problema es que ella no conquista a la derecha, es un cálculo político condenado al fracaso”, estima Breno Altman. De su lado, el ex presidente Lula, blandido por el PT como una carta mágica para la elección de 2018. Un día critica la austeridad, al día siguiente elogia la necesidad, desestabilizando más todavía a los electores.

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El domingo, los ciudadanos cacerola en mano exigieron una destitución de la presidenta. Ellos tampoco se benefician del apoyo oficial de la oposición. “Y con razón, ¿para qué hacer nada? Dilma aplica una política de derechas y, dando la impresión de no gobernar, encaja golpe tras golpe, sin reaccionar. Creemos que estamos viendo la semifinal Alemania-Brasil y el humillante 7-1”, lamenta Gilberto Maringoni. Para él, el riesgo no es ver a la presidenta abandonar su puesto antes de tiempo, sino ver el interés de la oposición de dejar que se hunda su popularidad. “Hemos inventado un nuevo concepto de ciencia política: la destitución, sin la marcha física del presidente”, concluye.

Traducido por: Marta Semitiel

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