Las empresas recurren a los tribunales para intentar frenar las acciones contra el cambio climático
Poco a poco, la justicia entra en una nueva era, la de los litigios "anticlimáticos". El jueves 27 de julio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo balance de estos nuevos tipos de casos publicando su tercer informe sobre litigios climáticos. En él se evalúan los 2.180 casos judiciales relacionados con la legislación, la política o la ciencia del cambio climático que se han registrado en la base de datos jurídica del Centro Sabin para el Cambio Climático, la más completa del mundo.
En todo el mundo, los activistas están utilizando el arma jurídica para impulsar la acción por el clima. Pero al mismo tiempo, en los últimos años han proliferado los casos “backlash” o de reacción violenta. Dirigidos por empresas, gobiernos o ciudadanos de a pie, su objetivo es retrasar o detener la acción por el clima. Y en los próximos años, "es probable que se sigan emprendiendo acciones legales para frenar los avances para atenuar el cambio climático y la adaptación a sus efectos", señala el informe.
Los inversores extranjeros llevan cada vez más a los gobiernos ante los tribunales por sus medidas climáticas y medioambientales. Apoyándose en las normas de protección establecidas en los tratados de inversión, como las empleadas por el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (Cirdi) desde finales de los años sesenta, las empresas suelen reclamar indemnizaciones por las pérdidas que temen sufrir.
Por el momento, los resultados son dispares. Mientras que el gobierno de los Países Bajos se ha defendido con éxito ante los jueces europeos, evitando tener que pagar indemnizaciones a las empresas de combustibles fósiles debido a su política de eliminación progresiva del carbón en el país, Colombia se arriesga a tener que pagar cientos de millones de dólares por daños y perjuicios a Eco Oro, una empresa canadiense que extrae oro y plata del Páramo de Santurbán.
Este humedal de gran altitud es uno de los sumideros de carbono más importantes del país y contiene una reserva de agua vital para la región de Santander. Según Cirdi, las medidas de protección del medio ambiente infringían las normas de libre comercio.
La sentencia ha puesto de manifiesto uno de los principales problemas que obstaculizan los esfuerzos por mitigar el cambio climático: el razonamiento del Derecho económico internacional. "La decisión en este caso no es sorprendente. Se deriva de la lógica neoliberal del comercio internacional", explica Zhu Mingzhe, investigador de la Universidad de Amberes y especialista en derecho comparado.
Desde los años sesenta, gracias a un complejísimo proceso de aplicación de técnicas jurídicas, las empresas transnacionales han conseguido a menudo situar sus intereses por encima de las normativas de los Estados. Las consecuencias son nefastas e irreversibles.
"La ley protege cierto tipo de intereses que se consideran legítimos según el paradigma jurídico-político vigente, pero hoy este paradigma ya no tiene sentido. No podemos seguir utilizando un razonamiento jurídico que no tenga en cuenta las cuestiones climáticas y medioambientales", insiste Ivano Algona, jefe de investigación del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado (BIICL).
Activistas climáticos acusados
Los activistas también están en el punto de mira. Ante la urgencia de la crisis climática y la amenaza actual de colapso ecológico, la ausencia de acción gubernamental ha dado lugar a un creciente movimiento de protestas. Las acciones de desobediencia civil, que no están definidas legalmente, han dado lugar a menudo a acusaciones contra activistas en Australia, Francia, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá y Reino Unido, según el informe.
Aunque los jueces suelen tener en cuenta la crisis climática a la hora de condenar a los activistas procesados penalmente –las decisiones tienen en consideración la libertad de expresión y la necesidad del cambio climático–, también se producen abusos. Por ejemplo, tras los bloqueos que tuvieron lugar en 2021 en el Reino Unido, activistas de los movimientos Insulate Britain y Just Stop Oil fueron encarcelados durante meses antes de ser juzgados.
En los casos de derecho público, la libertad de asociación se ve regularmente amenazada por el poder ejecutivo, como ocurrió en Francia con el arresto domiciliario de activistas medioambientales durante la COP21 y la prohibición de manifestaciones a favor del clima, o con la reciente disolución de Soulèvements de la Terre, que han declarado su intención de llevar el caso ante el juez administrativo del Consejo de Estado.
Su batalla no está perdida: "La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Estado sobre la información y la participación del público en las decisiones que afectan al medio ambiente es bastante clara", explica Pauline-Marie Abadie, profesora de Derecho Privado y Ciencias Penales en la Universidad de París-Saclay. “El Consejo de Estado deberá pronunciarse teniendo en cuenta la naturaleza particular de los asuntos medioambientales en lo que se refiere a los derechos de información y participación, en particular a través de asociaciones, protegidos por el Convenio de Aarhus de 1998, que garantiza el derecho de control de los ciudadanos sobre las decisiones medioambientales".
Cuando los sindicatos están en contra
Las desigualdades socioeconómicas también han dado lugar a una serie de casos judiciales en los que los planes para reducir las emisiones de CO2 se han topado con la oposición de ciudadanos, pueblos indígenas o sindicatos. Por ejemplo, en Chile, en 2021, tres sindicatos de trabajadores llevaron al Ministerio de Energía a los tribunales porque había firmado acuerdos de descarbonización con empresas energéticas sin consultar previamente a los empleados.
"Estos casos se basan generalmente en argumentos de derechos humanos y cuestionan la forma en que se distribuyen los beneficios en los procesos de descarbonización", señala María Antonia Tigre, investigadora en litigios internacionales sobre el clima del Centro Sabin y coautora del informe.
"Muestran las preocupaciones de los trabajadores, pero también de las comunidades tradicionales o indígenas, que pueden verse afectadas por proyectos vinculados a las energías renovables o a la minería para las baterías", prosigue, argumentando que este tipo de litigios podrían evitarse si se involucrara a la ciudadanía en una consulta previa.
Zhu Mingzhe, de la Universidad de Amberes, no comparte este análisis. "La llamada transición 'verde', como el despliegue de instalaciones de energías renovables, se hace a menudo a expensas de la equidad social, y la mayoría de los debates sobre el cambio climático no cuestionan al propio capitalismo", observa.
En su opinión, sin reducir el consumo, apostar por la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables para reducir las emisiones oculta la realidad del desarrollo industrial en el Sur global, que tiene "una fuerte dimensión colonial".
Pero, por otro lado, los expertos también esperan que los casos judiciales ayuden a que la ley evolucione a favor de la justicia climática. En 2019, tras seis años de batallas legales –tres decisiones, dos apelaciones y dos sentencias– entre la fundación ecologista Urgenda (con 900 ciudadanos holandeses) y el gobierno holandés, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ordenó al Estado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% en comparación con los niveles de 1990 para finales de la década.
El caso Urgenda inició una serie de procesos judiciales en todo el mundo, en los que ha responsabilizado a los gobiernos de la crisis climática, por ejemplo en Francia en octubre de 2021 y el pasado mes de mayo. "En su decisión, los jueces movilizan la base jurídica de los derechos humanos en los juicios climáticos", explica Ivano Algona, "una innovación" según los juristas internacionales.
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La humanidad dispone ahora de sólo cinco años para limitar el calentamiento global a +1,5°C. En los próximos años, la oposición cada vez más feroz de los distintos intereses dará lugar a aún más juicios climáticos.
Traducción de Miguel López
