"Demandas mordaza": el Parlamento Europeo alerta de los obstáculos de los periodistas para trabajar
Seis años después del asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, sobre la que pesaban cuarenta y siete demandas por difamación en el momento de su muerte, el Parlamento Europeo pidió el pasado martes 11 de julio que se ponga fin a este tipo de procedimiento judicial abusivo, las "demandas mordaza", que impiden a periodistas y activistas trabajar sobre temas de interés público.
"Nuestros sistemas jurídicos están siendo utilizados para obstruir investigaciones periodísticas cruciales", declaró el martes el ponente del proyecto de directiva, el liberal alemán Tiemo Wölken. El texto, cuyo alcance exacto seguirá siendo objeto de enconadas batallas, prevé un mecanismo para poner fin rápidamente a este tipo de procedimientos, en cuanto se demuestre que se trata de un procedimiento mordaza.
También propone pagar una compensación económica a las víctimas, para disuadir a quienes inicien procedimientos abusivos.
El texto fue adoptado por amplia mayoría (498 a favor, 33 en contra, 105 abstenciones), con el apoyo de casi todos los representantes franceses, a excepción de Rassemblement National (RN) y Reconquête (ambos de extrema derecha, ndt). La ponente del texto por el grupo La Gauche, Manon Aubry (La France Insumise) dijo que hay que "evitar que los tribunales sean secuestrados por los acosadores judiciales", apuntando en particular a Vincent Bolloré (magnate de los medios, ndt), que "envía batallones de abogados para acosar a todos los periodistas y activistas que denuncian la corrupción, la explotación de los trabajadores y los desastres medioambientales de su imperio industrial".
La socialista Sylvie Guillaume lo describe como “una amenaza sorda, en constante aumento” y lamenta que el Consejo, la institución que representa a los gobiernos nacionales en Bruselas, haya aprobado en junio una posición "que barre esos esfuerzos prometedores", sugiriendo que las negociaciones entre las tres instituciones -junto con la Comisión Europea- serán duras en la recta final, de aquí a las elecciones europeas de junio de 2024.
La extrema derecha francesa, de RN a Reconquête, se mostró dividida. Jordan Bardella votó a favor, al igual que Thierry Mariani. Sin embargo, una gran mayoría de la delegación de RN se abstuvo. Contactado por Mediapart, Jean-Paul Garraud, presidente de la delegación RN, asegura que no hubo divisiones, sino un simple "error de indicación" en el momento de la votación.
La posición oficial de RN es la abstención, como explicó Gilles Lebreton (RN) durante el debate que precedió a la votación. "A primera vista, la intención parece loable", dijo. Pero, en su opinión, el texto tiene varias lagunas. En primer lugar, porque "el círculo de personas a proteger se ha ampliado exageradamente a los activistas de ONG, y yo no estoy convencido de que las ONG sean tan vulnerables como los periodistas. Basta pensar en la dirigida por el multimillonario George Soros".
Pero también porque "las supuestas víctimas podrán solicitar el sobreseimiento anticipado de los procedimientos contra ellas y beneficiarse así de un privilegio procesal que me parece chocante (...) - No quiero apoyar la creación de una justicia a dos velocidades". Nicolas Bay (ex RN, ahora en Reconquête) votó en contra.
Una batalla a la vista sobre el alcance del texto
En las próximas semanas, las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo para alcanzar un compromiso se centrarán en el alcance exacto de la directiva. Con los periodistas griegos, por ejemplo, en el punto de mira de los procedimientos abusivos iniciados por personas próximas al gobierno de Atenas, muchos Estados miembros están a la defensiva y harán todo lo posible por reducir al máximo el ámbito de aplicación de la directiva.
La mayoría de estos procedimientos mordaza en Europa tienen lugar en el ámbito nacional. La Comisión no tiene voz directa en los litigios nacionales, sólo en los transfronterizos. Cuando presentó su propuesta de directiva, ya había hecho algunas acrobacias, abogando por una definición amplia que abarcara todos los litigios con "implicaciones" transfronterizas.
"Un periodista que escriba sobre la contaminación causada por una empresa en un río que atraviesa varios países de la UE podría, según la propuesta de la Comisión, estar protegido por la directiva que está sobre la mesa", explica Julie Majerczak, representante de Reporteros sin Fronteras ante la UE. En el texto aprobado el martes, el Parlamento fue aún más lejos, incluyendo cualquier litigio, siempre que "el acto de participación en el debate público (...) afecte a más de un Estado miembro y sea accesible en línea".
Sin embargo, los Estados miembros se aferran a una definición más restrictiva de los litigios transfronterizos, es decir, sólo cuando las dos partes están domiciliadas en Estados miembros diferentes. En palabras de Julie Majerczak: "Si los Estados miembros no reconsideran su posición, esta directiva no será más que un brindis al sol”
Este texto, cuyo resultado es incierto, forma parte de un proyecto europeo más amplio sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, iniciado tras los asesinatos de Daphne Caruana Galizia en Malta en 2017 y de Ján Kuciak en Eslovaquia en 2018. También se está negociando en paralelo un "Acta europea para la libertad de los medios de comunicación". Pero en junio Mediapart ya documentó la forma en que Francia, junto con otros países, ejerció presión en las negociaciones para permitir a los Estados vigilar las comunicaciones de los periodistas, mostrando cómo puede ser rápidamente traicionado el espíritu loable de esos textos.
Un árbitro, por favor (en defensa del periodismo)
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Traducción de Miguel López
