Un colectivo de organizaciones de trabajadores del sector del espectáculo pide, en un comunicado difundido en vísperas de la inauguración del Festival de Cannes, que se ponga fin al “cribado”, una investigación administrativa impuesta por ley al término de la cual se puede denegar a una persona el acceso a un evento, con lo que puede perder su empleo.
“Desde 2016 ha aparecido el concepto de 'gran evento' en la legislación francesa”, explica el comunicado firmado por los sindicatos Sud Culture, la CGT Spectacle, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de festivales de cine Sous les écrans la dèche et le Stucs (Tras las pantallas, miseria y apariencia, Sindicato de Trabajadores Unidos de la Cultura y el Espectáculo).
“Detrás de este término”, prosigue, “se esconden varias disposiciones de seguridad y, en particular, el cribado que, con el pretexto de la lucha antiterrorista, otorga a las prefecturas un poder desmesurado sobre la contratación de trabajadores”.
El dispositivo al que se refiere el colectivo forma parte de las medidas introducidas por la Ley de Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo (Silt), aprobada al salir del estado de emergencia con el fin de transponer algunas de sus medidas al derecho común.
Esta norma introdujo el artículo L211-11-1 en el Código de Seguridad Interior (CSI), que permite a las autoridades designar, mediante decreto, “los grandes eventos y las grandes concentraciones de personas cuyo objetivo sea asistir a la retransmisión de eventos expuestos a un riesgo de actos terroristas debido a su naturaleza y a la magnitud de su afluencia”.
El acceso a los lugares donde se celebra este gran evento queda así sujeto “a una autorización que expide el organizador previa conformidad de la autoridad administrativa”. Esta última se encarga de llevar a cabo una investigación administrativa de seguridad en el marco de la cual se consultan numerosos ficheros.
El Pasp, “el fichero más problemático”
“La idea de estas investigaciones administrativas de seguridad es verificar la compatibilidad del perfil de la persona con el empleo o la habilitación”, explica Yoann Nabat, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Burdeos y autor de Vigilar y fichar. Retrato de un país bajo control (editorial Divergences, abril de 2026).
“Las investigaciones administrativas de seguridad implican la consulta de una decena de ficheros, sobre todo policiales”, prosigue. “En primer lugar está el fichero TAJ, tratamiento de antecedentes judiciales, que es el principal fichero policial. Su nombre es muy engañoso porque, en realidad, no contiene los antecedentes judiciales y el simple hecho de haber sido considerado sospechoso en un caso basta para que figures en él”.
“También cabe citar el FPR, fichero de personas buscadas, donde se encuentran las famosas ‘fichas S’, de seguridad del Estado”, añade Yoann Nabat. “Pero, en mi opinión, el fichero más problemático es el fichero de prevención de atentados contra la seguridad pública de la policía, el Pasp, y su equivalente en la gendarmería, el Gipasp”.
“Se trata de un fichero muy amplio que incluye información sobre personas que se cree pueden representar una amenaza para la seguridad pública”, detalla el jurista. “Nos situamos, por tanto, en un momento muy anterior a que se cometa un delito. Además, es un fichero estrictamente policial, no hay ningún magistrado que valide el acceso al mismo”.
“Es en el Pasp donde pueden entrar manifestantes y activistas, en nombre de la prevención de atentados contra la seguridad pública”, señala. “La lógica es que un activista o un manifestante podría, con motivo de concentraciones, suponer un riesgo para la seguridad pública”.
“Se consultan muchos otros ficheros, unos diez”, concluye Yoann Nabat. “Pero la búsqueda está automatizada a través de un sistema central, el Accred, que recopila la información de cada fichero. Lo gestiona el Sneas, el servicio nacional de investigaciones administrativas de seguridad”.
Desde la entrada en vigor de la ley Silt, a trabajadores del sector del espectáculo, discontinuos, se les deniega la acreditación que les permitiría acceder a los lugares donde se celebra el evento, y se les rescinde el contrato.
Por ejemplo, “durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, la prefectura de París emitió cerca de 4.000 dictámenes desfavorables sin justificación alguna; y a otras tantas personas se les impidió trabajar en el evento, privadas de su medio de subsistencia, injustamente precarizadas”, recuerda el comunicado del colectivo intersindical. “Otros eventos culturales o comerciales también son declarados ‘grandes eventos’ y llevan a cabo un cribado de empleados y voluntarios, como el carnaval de Niza o la fiesta del Limón en Menton”.
El recurso de Camille, víctima del fichaje político
Camille (ficticio) forma parte de esas trabajadoras que han perdido su empleo tras pasar por la criba. Desde 2023, trabajaba para la “Semana de la Crítica” del Festival de Cannes como responsable de protocolo. Pero el 30 de abril de 2025, poco antes de incorporarse a su tercer contrato de duración determinada de un mes, se enteró de que las autoridades administrativas habían emitido un dictamen desfavorable sobre su acreditación, indispensable para acceder al perímetro de seguridad establecido en torno al festival.
No solo he perdido a un empleador con el que había establecido una relación de confianza, sino que además esto me impide optar a un puesto fijo en otra organización dentro del Festival de Cannes
A Camille le confirmaron varias veces su exclusión por parte de su empleador y de la “Semana de la Crítica”, así como los motivos de la misma. La administración no respondió a ninguna de sus solicitudes de explicación. Por ello, el pasado mes de octubre, Camille recurrió ante el Tribunal Administrativo de Lyon para obtener la anulación de la denegación de su acreditación.
En su recurso, el abogado de Camille, Thibault Laforcade, subraya que ella “nunca ha puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública ni la seguridad del Estado con su comportamiento”. Además, “nunca ha sido detenida ni puesta bajo custodia policial”.
Solo un elemento del currículum de Camille podría explicar la desconfianza de las autoridades: el hecho de que se defina como “una activista ecologista” que expresa “sus convicciones públicamente, a veces acudiendo a manifestaciones”. En su recurso, asegura no haber “participado nunca en una sola acción violenta o que haya puesto en peligro la seguridad de las personas, la seguridad pública o la seguridad del Estado” y se presenta como “una activista pacifista que respeta el Estado de derecho”.
“El problema de la represión administrativa es difícil de entender porque se trata de un concepto difuso”, explica Camille a Mediapart. “Es muy difícil determinar qué acción concreta me ha llevado a esta situación. No he podido evitar recordar todos los controles de identidad, más o menos largos, a los que me han sometido en las manifestaciones”.
“No solo he perdido a un empleador con el que había establecido una relación de confianza, sino que además esto me impide optar a un puesto estable en otra organización dentro del Festival de Cannes”, prosigue. “Cuando veo que cada vez más eventos se clasifican como ‘grandes eventos’, me pregunto si no será en todo el sector de eventos donde va a ser cada vez más difícil trabajar cuando se defienden valores ecologistas y de justicia social.”
Basándose en este fichaje político, que parece ser la única explicación al rechazo de la acreditación por parte de la administración, el abogado Thibault Laforcade presentó el jueves 7 de mayo, ante el Consejo Constitucional, una cuestión prioritaria de constitucionalidad (CPC). Este procedimiento permite, en el marco de un proceso ante un tribunal administrativo o judicial, acudir al juez constitucional para solicitarle que se pronuncie sobre una cuestión de derecho.
Mediante su uso abusivo del cribado, la subprefectura de Grasse pone en peligro sus libertades de expresión y de opinión y practica una discriminación política
La CPC presentada por el abogado de Camille se refiere a las disposiciones del artículo L211-11-1 del CSI. Estas, al permitir impedir que una persona ejerza una profesión, “sin excluir la consideración de sus opiniones o de su compromiso activista pacífico y sin prever garantías procesales que aseguren una información suficiente, un acceso efectivo a los elementos determinantes del expediente y un debate contradictorio útil, ¿suponen una vulneración desproporcionada de la libertad de opinión y de expresión, del principio de igualdad y de la prohibición de la discriminación, así como del derecho a un recurso efectivo?”, se pregunta en la CPC.
“No cabe duda de que [el dictamen negativo atribuido a Camille] se basa en el fichaje de los activistas y apunta a las convicciones políticas de nuestra compañera”, afirma por su parte el comunicado intersindical. "Mediante su uso abusivo del cribado, la subprefectura de Grasse pone en peligro sus libertades de expresión y de opinión y practica una discriminación política".
En vísperas de la inauguración del festival, el colectivo ha creado una web que ofrece a los trabajadores del Festival de Cannes una Guía de autodefensa política y jurídica contra el cribado.
Las organizaciones firmantes se ofrecen además “como voluntarias para acompañar en cada trámite a las personas víctimas de un dictamen desfavorable y a las que se haya impedido participar en el evento, sea cual sea su sector de actividad”.
Bienvenidos a Cannes 2024, el festival encantado de conocerse a sí mismo
“Cuando me pasó a mí, me quedé como paralizada”, cuenta Camille. “Me daba vergüenza, sobre todo ante los demás profesionales, a quienes no me atrevía a explicar los motivos de mi exclusión. Menos mal que yo tenía algunos conocimientos que me permitieron presentar este recurso. La idea de esta guía es ayudar a las personas que también pasan por lo mismo y recopilar el número de casos para dar visibilidad a esta represión”.
Traducción de Miguel López
Un colectivo de organizaciones de trabajadores del sector del espectáculo pide, en un comunicado difundido en vísperas de la inauguración del Festival de Cannes, que se ponga fin al “cribado”, una investigación administrativa impuesta por ley al término de la cual se puede denegar a una persona el acceso a un evento, con lo que puede perder su empleo.