Ucrania sienta las bases de un juicio por crímenes de guerra contra Rusia
Es una base de datos en línea como millones de otras. Un fondo blanco, pestañas de colores, múltiples campos que rellenar: fecha, lugar, hora, tipo de prueba. I-Doc es la herramienta utilizada por una treintena de organizaciones ucranianas de derechos humanos para coordinar su investigación sobre los abusos cometidos por el ejército ruso.
"Todo el mundo introduce su información. Otras organizaciones pueden haber trabajado en el mismo caso y haber encontrado testigos donde nosotros no", explica Anastasie Pantelieeva, sentada frente a su ordenador en los locales sin decorar y bajo techo de Media Initiative for Human Rights, una pequeña estructura fundada en 2016 por las periodistas Olha Reshetylova y Maria Tomak. La base de datos incluye ya casi seis mil entradas.
Además de constituir claramente una agresión armada, proscrita por la Carta de la ONU, la invasión rusa de Ucrania se caracteriza por una cantidad espantosa de crímenes de guerra, cometidos desde el principio del conflicto. Según el Fiscal General de Ucrania, Andriy Kostin, se han registrado 67.000 casos. Esta es la otra especificidad de este aspecto tan oscuro del conflicto: los crímenes se documentan casi en tiempo real.
En gran medida, gracias a una sociedad civil muy movilizada desde 2014 en defensa de los derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. En este ámbito, como en otros (lucha contra la corrupción, apoyo logístico a los soldados, etc.), la población está dispuesta a ayudar, apoyar, corregir e incluso sustituir al Estado cuando este se muestra deficiente o insuficientemente equipado.
La proliferación de asociaciones fructificó justo después del 24 de febrero de 2022. Al día siguiente, treinta organizaciones y cuatro expertos unieron sus fuerzas en una coalición llamada 5:00 am.
"Esta coalición reúne diferentes perfiles, nos permite intercambiar información y fortalecernos para obtener justicia durante y después de la guerra", describe Olha Reshetylova, también cofundadora de la plataforma. "Intercambiamos información para no duplicar el trabajo".
La suya, Media Initiative for Human Rights, utiliza técnicas de periodismo de investigación para documentar las violaciones de los derechos humanos: investigación en línea, entrevistas, verificación... No nos limitamos a testificar, seguimos a las víctimas, las defendemos y las acompañamos con abogados", añade Olha Rechetylova, una cuarentona de ojos brillantes. "Si fuéramos un medio de comunicación, no podríamos hacer esto".
Su colega Tetyana Katrychenko, una experimentada periodista de 43 años, lo ilustra con un ejemplo: "Trabajamos en el caso de una mujer retenida que fue violada y cuyo marido fue asesinado en Azovstal [el enorme complejo de Mariúpol, la ciudad portuaria de Donbás capturada por el ejército ruso en primavera]. Como periodista, deberíamos detenernos en el momento en que recogemos su testimonio. Nosotros vamos más allá: nos aseguramos de que sus hijos fueran repatriados".
Desde el 24 de febrero [de 2022], hemos entregado a los tribunales ocho o nueve expedientes de pruebas sobre crímenes de guerra, y unos cuarenta y cinco desde 2014
Inmersa desde 2016 en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto, que comenzó en 2014 tras la anexión de Crimea y el apoyo a los grupos separatistas de Donbás, Olha Reshetylova dice no estar "nada sorprendida" por lo que lleva observando desde hace un año: "Desapariciones forzadas, torturas, todo se había documentado en los territorios ocupados desde 2014. Esto nos permitió predecir lo que harían en los territorios conquistados después del 24 de febrero."
También había viajado a Chechenia en 2016 para ver de lo que eran capaces el FSB ruso (el antiguo KGB) y el Kadyrovtsy, la milicia del poder leal a Moscú. Según sus observaciones, los hombres del FSB tienen prácticas aún más brutales que los militares, incluido el uso sistemático de la tortura.
Maryna Slobodianiuk y Dmytro Koval, respectivamente jefa de investigaciones y director jurídico de la organización Truth Hounds, también miembro de la coalición 5:00 am, nunca hubieran imaginado que los crímenes de guerra del ejército ruso fueran tan numerosos.
"Me impactó la crueldad de estos crímenes. Lo que escuchas en las entrevistas que realizas a los supervivientes en las zonas liberadas es realmente estremecedor", describe Maryna Slobodianiuk, de 41 años.
Fundada en 2014 y registrada oficialmente en 2016, Truth Hounds ha adquirido una reconocida experiencia en crímenes de guerra, en particular sobre bombardeos indiscriminados, hasta el punto de ayudar a las autoridades. "Desde el 24 de febrero, hemos entregado a los tribunales ocho o nueve expedientes con pruebas sobre crímenes de guerra, y unos cuarenta y cinco desde 2014", explica Maryna Slobodianiuk.
Estos casos estaban latentes antes de la invasión de 2022, ya que la judicatura era reacia a procesarlos en virtud del artículo 438 del Código Penal, que castiga los crímenes de guerra: "Los jueces no querían molestarse con estos casos complicados. No eran impermeables a la propaganda rusa que quería hacer creer que las responsabilidades no estaban claras", añade Dmytro Koval, abogado de 35 años. Todo cambió hace un año, no sin dificultades.
Truth Hounds despliega equipos de investigadores sobre el terreno para realizar encuestas, tomar muestras, entrevistar a testigos, etc. Este trabajo se complementa con investigaciones de fuente abierta (OSINT). Familiarizados con los escenarios de crímenes de guerra desde 2014, pudieron comprobar hasta qué punto la policía ucraniana no estaba preparada para hacerles frente. Sus agentes no estaban especializados ni formados.
En Mykolayev, al sur de Ucrania, los miembros de Truth Hounds asesoraron, por ejemplo, al equipo que investigaba el atentado contra un hotel en marzo. "La policía no vio el paracaídas de la bomba. Fue un elemento muy importante que demostró el carácter indiscriminado de este atentado, ya que este tipo de bombas no pueden ser precisas", afirma Dmytro Koval.
La organización intenta ahora mejorar el tratamiento a la hora de abordar los delitos sexuales cometidos por el ejército ruso. A petición del fiscal de Donetsk, Truth Hounds ha enviado a un psicólogo que "sabe qué preguntar y cómo hacerlo", afirma Maryna Slobodianiuk: "La policía no tiene ninguna formación al respecto. Algunos ni siquiera saben lo que constituye violencia o delitos sexuales. Esta es una de las razones por las que estos casos no salen a la luz, no se investigan y no acaban en los tribunales".
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Su trabajo se centra ahora en Ucrania, pero antes del 24 de febrero los equipos de Truth Hounds estaban desplegados en otros países: en Nagorno-Karabaj, escenario de una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, en Kazajstán para trabajar sobre el secuestro de uigures a China, en Bielorrusia sobre la violencia postelectoral del verano de 2021. La ONG mantiene contactos en Rusia para obtener información sobre unidades militares o documentar casos de deportación.
Estos intercambios funcionan en ambos sentidos: las organizaciones ucranianas también aprenden de las experiencias pasadas en Irak, Yugoslavia, Chechenia y Siria. Países atrapados en el choque de bombas, algunas de las cuales ya eran rusas. Tetyana Katrychenko, de la Media Initiative for Human Rights, indica que se está llevando a cabo una larga investigación para "demostrar que los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Siria prefiguraron los crímenes en Ucrania", dibujando una coalición transfronteriza de poblaciones civiles víctimas de Moscú.
Traducido por Miguel López.
