La ausencia de la tasa de vertedero en Castilla-La Mancha propició la entrada ilegal de residuos de Italia

Vista parcial, de la Celda 1 (cuenta con 16 celdas de vertido) del macrovertedero de Almonacid del Marquesado, durante las tareas de cubrición tras el incendio de junio de 2021.

El pasado martes, la Guardia Civil desarticuló en Tarragona y Cuenca una red dedicada a introducir residuos urbanos desde Italia para enterrarlos en vertederos de la península. Uno de los puntos donde terminaba esta basura era el macrovertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca), donde Ecologistas en Acción lleva desde 2019 investigando la entrada ilícita de residuos. Según esta organización, es el Gobierno regional el que propició esta situación al retirar en 2021 la creación de una tasa específica de vertedero, como sí tienen otras comunidades autónomas, lo que hace extremadamente rentable para empresas de otras zonas de España y del extranjero llevar allí sus restos urbanos.

Según explica Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción de Cuenca, verter basura en los vertederos italianos cuesta alrededor de 400 euros por tonelada, y hacerlo en Francia, son unos 250. En España, sin embargo, las cifras están muy por debajo. En enero de 2023 se introdujo un impuesto nacional cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas que grava cada tonelada llevada a vertedero con entre 15 y 40 euros, en función del tipo de residuo. Las comunidades autónomas tienen la opción de incrementar todavía el impuesto para aumentar la recaudación e invertir el sobrante en mejorar sus sistemas de basuras, pero Castilla-La Mancha ha optado por no hacerlo. 

"Evidentemente no poner una tasa mayor es una decisión política. En Cataluña cobran hasta 65 euros por tonelada, en Aragón tienen una tasa extra de 31 euros por tonelada… y aquí cero euros. Para mí la explicación es clara, tienen montada una economía basada en hacerse cargo de la basura de los demás, y poner un impuesto sería tirar piedras contra su propio tejado", opina Arribas. "Eso explica que en una zona donde no hay prácticamente industria tengamos el mayor vertedero de España", añade.

En realidad, el Gobierno manchego preparaba en 2021 la creación de un tributo por depósito en vertedero en su Ley de Economía Circular, pero una enmienda en una ley presupuestaria aprobada a finales de ese año eliminó el párrafo que hacía mención a ese gravamen, lo que Arribas entiende que fue "eliminado por la puerta de atrás".

19 millones de euros en solo cuatro años

La diferencia entre las tasas de vertedero españolas e italianas es tan grande que la trama italiana que operaba en Cuenca y Tarragona ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años, según la Guardia Civil. Ese dinero provendría de la diferencia entre lo que cobrarían a las autoridades italianas por hacerse cargo de la basura, y el coste real de deshacerse de ella en vertederos españoles.

El problema es que esos residuos, entre los que hay productos tóxicos y contaminantes, entraban en España con una documentación falsa que garantizaba que esa basura sería separada en una planta de tratamiento para dar una segunda vida a los materiales de alto valor. Sin embargo, eran directamente enterrados en el vertedero de Almonacid del Marquesado y en otros puntos de España. 

La organización ecologista fue la que dio la voz de alarma tras denunciar el pasado mes de septiembre que la planta, gestionada por Grupo Griñó, una empresa catalana, recibía camiones de basura que directamente volcaban la carga en el vertedero sin pasar por la planta de valorización de residuos. En inspecciones de 2020 y 2021, los activistas directamente se encontraron con que en el interior de la planta no había maquinaria para separar la basura.

Según la Guardia Civil, los residuos viajaban en barco desde Italia hasta el puerto de Tarragona, y de ahí se distribuían a los vertederos de Lleida, Constantí y Riba Roja D´Ebre y Almonacid del Marquesado. En total, habrían llegado más de 40.000 toneladas de residuos italianos a estas plantas. En un comunicado, el grupo catalán explica a infoLibre que se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar y "confía en que el asunto quedará aclarado lo antes posible". "La compañía siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad", añaden.

El Grupo Griñó, que estaría detrás de las cinco empresas que fueron registradas este martes por la Guardia Civil, lleva años en el punto de mira del tráfico de basuras. En un documental publicado en junio de 2023 por TV3 sobre la importación de residuos se apuntaba a que esta compañía estaba importando basura gestionada por la mafia italiana, aunque Joan Griñó, presidente ejecutivo de la compañía, afirmó en esa cinta que esas acusaciones formaban parte de la "rumorología" del sector y que ellos no tenían constancia. En ese mismo documental, Carlos Astrain, comandante de la Guardia Civil - Seprona, confirmó que detrás de las empresas que se dedican a exportar basura de Italia está la mafia italiana: "Según los estudios que nos trasladan los compañeros italianos, todo apunta a que sí"

Al margen de esta operación, Ecologistas en Acción también cree que otros vertederos españoles estarían acogiendo residuos importados con documentación ilegal. La planta Pantoja, en Toledo, también pertenece al Grupo Griñó y Carlos Arribas cree que estaría funcionando con el mismo sistema que la de Almonacid del Marquesado. En Aragón, otro equipo de la misma ONG lleva años denunciando que la comunidad está tratando muchísimos más residuos de los que puede generar, y tienen ejemplos recientes, como la Operación Blanzar, de que el tráfico de residuos está presente en la región. En ese caso, la Guardia Civil destapó una red que envió 190 camiones con unas 6.000 toneladas de residuos desde Burdeos (Francia) hasta la planta de Rinza (Zaragoza).

Jesús Maestro, miembro de Ecologistas en Aragón, explica que en 2022, los últimos datos disponibles, su región gestionó 7,5 millones de toneladas de residuos, de las que 4,5 toneladas eran de fuera, ya sea otras comunidades autónomas o del extranjero. "Si comparamos lo que cuesta aquí verter una tonelada con los 250 euros que cuesta en Francia, evidentemente les merece la mena traer los camiones hasta Zaragoza. Ya le hemos pedido al Gobierno regional que incremente las tasas para equipararlas al menos a otras comunidades como Cataluña, pero se niegan porque no quieren que ese coste repercuta en las empresas de la zona", dice Maestro.

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