Bruselas recibe el primer gran varapalo a su nueva política climática

La Comisión Europea lo tiene muy claro: la salida de la pandemia y la respuesta a la guerra en Ucrania pasa por más esfuerzos climáticos, no por menos. Y la Comisión Europea sabe también que no va a ser nada fácil, no solo por las resistencias de los mayores emisores, sino por lo delicado de un momento histórico en el que el mundo fósil no acaba de morir y el mundo renovable no acaba de imponerse. "Y en ese claroscuro surgen los monstruos", que diría Gramsci. El pleno del Parlamento Europeo, celebrado este miércoles en Estrasburgo, ha sido testigo de las tensiones, cada vez más tirantes, de la transición: los eurodiputados, entre gritos y discusiones de última hora, han tumbado inesperadamente la reforma del sistema de comercio de emisiones, una de las grandes herramientas de la UE para afrontar el calentamiento global.

Para entender las connotaciones de este varapalo a la política climática del Ejecutivo comunitario, liderado por Ursula Von der Leyen, hay que entender primero qué es el sistema de comercio de emisiones, abreviado como ETS por sus siglas en inglés, cuya reforma ha sido pospuesta en la Eurocámara. El sistema está ideado para la industria pesada, emisora de CO2: siderurgia, cementeras, centrales de carbón y de gas. Para que, en resumidas cuentas, paguen por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.

Sin embargo, el diseño actual no convencía a muchos, por exceso o por defecto. Muchas de esas instalaciones cuentan con derechos de asignación gratuitos, para que la transición sea más suave: es decir, que cuentan con cuotas de CO2 que pueden emitir sin pagar. Ecologistas y verdes aseguran que esa salvaguarda está permitiendo a las empresas esquivar la reducción de emisiones. "Las numerosas exenciones y permisos gratuitos no han logrado que este mercado sea una herramienta eficaz para reducir las emisiones: la expulsión de carbono de la industria pesada apenas ha disminuido desde 2012. Y tampoco se espera que baje hasta 2030", denunciaba en un informe reciente la organización Carbon Market Watch.

Y, al otro lado, esas mismas empresas, y los políticos que defienden sus intereses, aseguran que el mercado de carbono les aprieta demasiado y que la transición debe ser más suave aún, a pesar de las insistentes llamadas de científicos de todo el mundo a acelerar la acción. Tener que pagar por el CO2 emitido –o por las reformas necesarias para emitir menos– es una soga adicional en un contexto de precios altos de las materias primas, incertidumbre y caos geopolítico. Hay una pescadilla que se muerde la cola, además: el alto precio del CO2 encarece la generación de electricidad con gas, que es la que marca el precio de todo el mercado eléctrico por el diseño del sistema marginalista... y buena parte de esta industria pesada es también electrointensiva, por lo que se dispara una factura adicional a final de mes.

En definitiva, el juego anda entre los que piensan que el mercado de carbono no es útil para la acción climática, directamente, por lo que la Unión Europea debería simplemente obligar a los grandes emisores a reducir sus emisiones; y entre los que piensan que sí es útil, pero que es demasiado estricto o demasiado laxo. En ese campo minado, la Comisión Europea y los legisladores del Europarlamento están intentando hacer equilibrios. Y se han caído con todo el equipo.

En mayo, en base a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, los dos grandes grupos (el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas) alcanzaron un acuerdo en el comité de Medio Ambiente para acabar con las asignaciones gratuitas en 2030 e incluir a dos grandes sectores en el ETS: la edificación y el transporte. Las empresas automovilísticas tendrán que pagar por el CO2 que emitan los vehículos y las constructoras por las emisiones de las nuevas viviendas. Un acuerdo en la trastienda suele ser sinónimo de un acuerdo en el pleno, pero en esta ocasión no ha sucedido así. El ponente, del Partido Popular Europeo, pactó enmiendas con los grupos de extrema derecha para retrasar el fin de los derechos gratuitos a 2034; socialdemócratas y verdes han votado en contra en respuesta porque, siguiendo un dicho habitual de las negociaciones climáticas, mejor la falta de acuerdo que un mal acuerdo.

La negociación ha saltado por los aires y los lobbies tienen mucho que ver en el resultado. Los legisladores encargados de la reforma se han reunido 52 veces con grupos de presión; sobre todo, con la siderúrgica alemana Thyssenkrupp, la asociación siderúrgica Eurofer y la Federación de Industrias Alemanas (BDI), claramente interesadas en un acuerdo que descafeinara el sistema de comercio de emisiones. Y estos encuentros se han evidenciado en el agrio debate político de la sesión plenaria. "Dejad de estar en manos de los lobbies", se ha dirigido al Partido Popular Europeo Pascal Canfin, de los liberales de Renew Europe. "En vez de leer mails de lobistas, escuchad a las generaciones más jóvenes", ha reclamado el socialdemócrata Mohammed Chahim.

La reforma volverá al comité de Medio Ambiente. Se volverá a intentar un acuerdo mayoritario. No será fácil, después de las acusaciones cruzadas de este miércoles: los populares acusan a los socialdemócratas de cargarse el acuerdo previo, obviando sus conversaciones y enmiendas aceptadas con la extrema derecha, y han hecho un alegato a favor de una "transición tranquila" para que la industria no pague los platos rotos; si se les carga demasiado con el precio de sus emisiones, las compañías extracomunitarias jugarán con ventaja y se perderán puestos de trabajo en el club comunitario.

Verdes y socialdemócratas, que en principio iban a votar a favor de la reforma, han lamentado que el Partido Popular Europeo pacte con la ultraderecha. Los liberales de Renew Europe, por otro lado, han jugado la baza de considerar de equiparar a la izquierda y a los populistas ultranacionalistas por su idéntico voto negativo. Y la extrema derecha, a pesar de que han sido aceptadas sus enmiendas, ha votado en contra de la reforma porque los dos grupos dentro de esta etiqueta ideológica están de acuerdo en boicotear cualquier iniciativa climática o medioambiental, bajo la falsa premisa de que estas políticas empobrecen a Europa.

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Así, la Comisión Europea ha recibido el primer revés serio de sus nuevas políticas climáticas, englobadas bajo el paquete Fit for 55, que prometen reducir en un 55% las emisiones del club comunitario con respecto a 1990 en la década actual; para ello son necesarias múltiples políticas de todos los sectores, pero manteniendo un equilibrio extremadamente delicado entre la acción medioambiental y la necesidad de no impactar en las clases más vulnerables y en un tejido productivo muy tocado por la pandemia, la crisis de suministros y el ambiente bélico.

Uno de los frentes, sin embargo, se ha resuelto de manera favorable para Bruselas: a partir de 2035, según el voto favorable emitido por el Parlamento este mismo miércoles, se prohibirá la venta de vehículos nuevos de combustión. Ahora es el Consejo Europeo el que debe ratificar el veto, y los Estados miembro los que deben ponerse las pilas; en España, la infraestructura de recarga de coches eléctricos sigue en pañales, a pesar de todas las promesas de inversión y rebajas con fondos europeos.

La Comisión Europea todavía tiene que sacar adelante en el complejísimo trámite legislativo de la Unión Europea una reforma fiscal que equipare, por ejemplo, los impuestos de diésel y gasolina, una medida que puede despertar diversas furias en un contexto de encarecimiento del petróleo; también necesita la aprobación de la mejora de los objetivos de eficiencia energética y de renovables; y, en definitiva, necesita que triunfe el mantra de "quien contamina, paga" en un entorno de inflación en el que todo el mundo, pero sobre todo las clases más bajas, está pagando ya mucho por todo. La encrucijada es abrumadora.