Un punto de carga para vehículos eléctricos por cada 349 kilómetros cuadrados de la España rural
La infraestructura de carga para vehículos eléctricos varía según el punto de España en el que te sitúes. En las zonas rurales puedes cargar tu vehículo cada 349 kilómetros cuadrados, mientras que en las áreas urbanas puedes hacerlo cada 4,11. Así lo demuestra el informe realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Observatorio de la Sostenibilidad titulado Puntos de recarga para la movilidad eléctrica en España. Diagnóstico de situación y propuestas para una movilidad sostenible que garantice la vertebración territorial y la cohesión social.
La descarbonización del transporte por carretera es clave para reducir las emisiones –ya que son las que más han aumentado y las que más deben disminuir–. Sin embargo, el despliegue de la actual red de recarga en la red de carreteras españolas no ha sido homogéneo, impidiendo que el vehículo eléctrico se convierta en una alternativa real al motor de combustión. A pesar de suponer más de cuatro quintas partes de la superficie peninsular, las zonas rurales poseen una gran escasez de infraestructuras; casi 7 de cada 10 puntos de carga para vehículos eléctricos se encuentran en áreas urbanas, calculan las organizaciones.
“El despliegue masivo de la red de puntos de recarga es vital para la implantación de la movilidad eléctrica de manera rápida, eficaz y eficiente. Y esta se debe extender por igual en la España urbana y en la rural”, explica Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de Ecodes. Por su parte, Raúl Estévez, responsable de Big Data y Sistemas de Información Geográfica del Observatorio de Sostenibilidad, destaca que es la España vaciada la que está produciendo masivamente la energía renovable y “soportando sus importantes impactos sobre biodiversidad, paisaje y sus ciudadanos”, por lo que deberían ser “los primeros beneficiados en cuanto a accesibilidad y precio por esta electrificación del transporte”. Sin embargo, sólo el 36% de los puntos de carga se encuentran en territorio rural o en carreteras principales.
Además, el informe constata que los tramos más largos sin disponibilidad de carga se sitúan en su mayoría en las zonas del interior peninsular, estando la franja costera mediterránea y del atlántico sur mucho mejor cubierta.
Por otro lado, sólo un 2% de los conectores disponibles cuentan con una potencia igual o superior a 150 kW, algo que afecta directamente al tiempo que el vehículo debe permanecer enchufado. De estos puestos únicamente un 0,7% se encuentra en zonas rurales. Actualmente, en comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra no hay ningún conector de alta potencia, así como tampoco se encuentran en las provincias de Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. Esto quiere decir que en el 28% del territorio español no hay ni un sólo punto de carga público de alta potencia.
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El informe constata la desigualdades territoriales, pero también el incumplimiento del estándar europeo, que establece el objetivo de disponer un punto de carga cada 60 kilómetros. A esto podría contribuir el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, que obliga a las gasolineras con ventas superiores a los 5 millones de litros en gasolina y gasóleo en 2019 a instalar como mínimo un punto de recarga (que tendrá que ser igual o superior a 150 kW o 50 kW, dependiendo del volumen de ventas).
Para lograr una verdadera vertebración territorial y cohesión social, el estudio anima a la colaboración entre la apuesta pública y la privada, la cual también se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
El objetivo del PERTE en cuanto a los vehículos eléctricos es “crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red”. Para lograr esto está prevista la inversión de más de 24.000 millones de euros entre 2021 y 2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros.
