Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración en España. Es un ecosistema donde el efectivo sigue circulando con intensidad, la contratación es acelerada y la demanda parece capaz de absorber casi cualquier oferta. Precisamente por eso, el ocio de verano se ha convertido desde hace muchos años en un espacio especialmente atractivo para las organizaciones criminales que buscan transformar B en A. Los investigadores especializados en delincuencia económica coinciden en un patrón que se repite en distintos países europeos. Las grandes organizaciones ya no buscan únicamente controlar mercados ilegales como el narcotráfico o el contrabando. Cada vez destinan más patrimonio en la llamada economía legal, donde pueden diversificar riesgos, obtener rentabilidad y, sobre todo, blanquear capitales.
El turismo ofrece una combinación difícil de igualar. Durante pocos meses se multiplican las transacciones, aumentan las inversiones de oportunidad y proliferan sociedades mercantiles creadas para explotar negocios de temporada. En ese contexto resulta más complicado distinguir entre un empresario con éxito y un inversor cuya fortuna procede de actividades ilícitas.
Las fórmulas utilizadas son muy variadas. En algunos casos aparecen empresarios aparentemente independientes que adquieren restaurantes, beach clubs o locales de ocio nocturno mediante sociedades instrumentales. En otros, el dinero llega a través de préstamos privados, fondos de inversión opacos o entramados empresariales registrados en distintos países. La propiedad real termina diluyéndose tras una compleja red de intermediarios.
Las zonas costeras concentran buena parte de estas operaciones en España; la Costa del Sol, Islas Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. El elevado valor inmobiliario, unido al constante flujo de turistas, convierte determinados destinos turísticos en escenarios especialmente atractivos para quienes desean mezclar capitales legales e ilegales.
No se trata de afirmar que un territorio concreto esté dominado por estas prácticas, sino de reconocer que allí donde existe una elevada circulación de dinero también aumenta el interés de las redes criminales. Clanes de la Camorra mantienen en propiedad discotecas y restaurantes en España en el que han diluido tanto la propiedad real de la empresa que resulta casi imposible descubrir al verdadero propietario.
Desde la época en las que los Amato-Pagano le estaban arrebatando la soberanía de Scampia a los Di Lauro hasta ahora, los clanes camorristas han invertido en España cientos de millones de euros que han conseguido evitar las miradas indiscretas del SEPBLAC y de Hacienda. La restauración es su sector favorito, pero los hoteles y las discotecas son negocios predilectos. Y si miramos estrictamente a las discotecas tenemos ejemplo como Jonas Falk que fue absuelto en el Tribunal Supremo tras ser investigado por comprar la discoteca Opium de Barcelona en 2008 supuestamente con dinero ganado a base de operaciones de narcotráfico.
Las autoridades financieras han incrementado durante los últimos años la vigilancia sobre operaciones sospechosas. Bancos, notarios, registradores y sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben comunicar aquellas transacciones que presenten indicios de riesgo. Sin embargo, la sofisticación de las estructuras utilizadas por las organizaciones criminales ha aumentado al mismo ritmo que los mecanismos de control. El crimen organizado siempre va por delante.
El fenómeno presenta además una dimensión internacional. El dinero generado por una organización dedicada al tráfico de drogas puede recorrer varios países antes de terminar financiando un complejo hostelero o una empresa de ocio. La digitalización financiera, las sociedades constituidas en distintas jurisdicciones y el uso de testaferros dificultan seguir el rastro de los fondos.
Existe además un efecto menos visible, pero igualmente preocupante. Cuando el crimen organizado entra en un mercado legal no busca únicamente obtener beneficios. También pretende ganar influencia económica y social.
Un empresario que controla establecimientos de referencia puede establecer relaciones con proveedores, administraciones, entidades financieras y otros actores económicos, ampliando así su capacidad de influencia mucho más allá de la actividad delictiva que originó su patrimonio. Y precisamente este networking hace que un narcotraficante sea para el gran público un empresario más, es su gran baza para dejar atrás esa sombra que le persigue toda la vida a un criminal.
El turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y la inmensa mayoría de sus operadores cumplen las normas fiscales, laborales y mercantiles. Precisamente por ello, identificar a quienes utilizan este sector para blanquear capitales resulta esencial para proteger la competencia y la reputación del mercado.
Los expertos sostienen que la respuesta no pasa únicamente por aumentar las investigaciones policiales. La transparencia societaria, el intercambio internacional de información financiera, la cooperación judicial internacional y el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos se han convertido en elementos decisivos para detectar operaciones sospechosas antes de que el dinero ilícito quede completamente integrado en la economía formal.
El verano seguirá siendo una temporada de crecimiento económico y oportunidades empresariales. Pero también continuará representando un escenario atractivo para quienes intentan ocultar el origen de fortunas construidas al margen de la ley.
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La batalla ya no se libra únicamente en puertos, fronteras o almacenes clandestinos. Cada vez con mayor frecuencia se desarrolla detrás de una barra de un establecimiento de moda, en la compraventa de un hotel o en la adquisición de una empresa que, sobre el papel, parece una inversión tan legítima como cualquier otra. Ahí reside el verdadero desafío: distinguir cuándo el éxito empresarial responde al dinamismo del mercado y cuándo es simplemente la última fase de un proceso de blanqueo cuidadosamente diseñado. Marbella e Ibiza son los grandes focos del turismo internacional de ocio durante el verano en España, y en ellos son donde más ha invertido el crimen organizado internacional.
Por ejemplo, en Marbella en 2019 asesinaron a tiros al dueño de la mítica discoteca Tibu de Puerto Banús y también era dueño de otros cuatro establecimientos de ocio de la zona. Lo asesinó un clan de la Mocro Mafia, pero la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a dos sicarios neerlandeses que se encontraban ese día en Marbella de estos hechos.
Otro caso reciente fue el doble asesinato del clan Lyons en Fuengirola que ocurrió el año pasado en el Pub Monaghans, un establecimiento en pleno paseo marítimo de la ciudad. Un lugar privilegiado que acabó con un reguero de sangre y que al poco tiempo cambió de apariencia para tapar que los verdaderos dueños pertenecen a la estirpe del narcotraficante Ross Monaghan. Es sólo un ejemplo, hay muchos más.
Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración en España. Es un ecosistema donde el efectivo sigue circulando con intensidad, la contratación es acelerada y la demanda parece capaz de absorber casi cualquier oferta. Precisamente por eso, el ocio de verano se ha convertido desde hace muchos años en un espacio especialmente atractivo para las organizaciones criminales que buscan transformar B en A. Los investigadores especializados en delincuencia económica coinciden en un patrón que se repite en distintos países europeos. Las grandes organizaciones ya no buscan únicamente controlar mercados ilegales como el narcotráfico o el contrabando. Cada vez destinan más patrimonio en la llamada economía legal, donde pueden diversificar riesgos, obtener rentabilidad y, sobre todo, blanquear capitales.