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¿Crisis económica o crisis institucional?

Amador Ramos Martos
Publicada el 19/10/2018 a las 06:00
El abusivo recurso, en ocasiones falaz, a la weberiana ética de la responsabilidad, solo evidencia, la impotencia institucional del poder político, que frente al económico, ha renunciado a la ética de la convicción. 

En la entrevista realizada por Soledad Gallego-Díaz a Felipe González publicada en el suplemento Ideas de El País el pasado 14 de octubre este afirmaba que: “Los ciudadanos deben elegir si quieren destinar parte de sus ingresos a un nuevo pacto social”.

El comentario del expresidente socialista del Gobierno, me provocó a renglón seguido una reflexión. Debe creer Felipe González, que la precaria situación de muchos ciudadanos tras la brutal crisis económica que padecemos (fruto de la quiebra del pacto previo), les permitirá veleidades fiscales adicionales como la cesión de parte de sus ingresos de supervivencia, para la reedición de un nuevo pacto social.

No sé a que segmento de ciudadanos se refería Felipe González. Pero no se pueden exigir más sobreesfuerzos a los perdedores y... pagadores (lo más injusto) de una crisis gestada en las entrañas financieras del sistema. Crisis, derivada de los excesos del poder económico y de la incompetencia institucional en el diagnóstico, prevención, control y resolución de la misma. Crisis, coincidente con la de la socialdemocracia; cuyo desconcierto, inacción y ausencia de discurso alternativo creíble, contribuyó a su deslegitimación, y a la precarización de derechos y bienestar de la mayoría social en beneficio exclusivo de la minoría causante de la misma. Algo, que a destiempo, ¡más vale tarde que nunca! y a duras penas, empiezan a reconocer (tras la catástrofe de la tercera vía) algunos líderes socialdemócratas y entiendo que también Felipe González.

Una quiebra, la del pacto social previo, con tres consecuencias terribles: la desigualdad obscena y divergente de renta entre las élites, y la morralla (incluida la clase media) popular; la xenofobia fruto de la incertidumbre ante el futuro de aquellos, que desde la precariedad, descargan sus miedos contra una inmigración tan víctima o más de la crisis como ellos. Y por último, la desafección popular hacia sus representantes, cuyo descrédito, ha permeabilizado y legitimado socialmente discursos populistas, carentes de la más mínima ética social, y que peligrosamente inundan el escenario político.

Y todo, como consecuencia de una economía financiera, desbocada en la búsqueda de beneficios injustificables a costa del bienestar y derechos de la mayoría. Vendedora del humo económico fruto de la quema de las rentas del trabajo en beneficio exclusivo de las financieras. En manos estas, de una minoría elitista, cruel, y ajena a las secuelas de la tragedia provocada por la misma. Un selecto clan de genocidas económicos, que franqueó, los márgenes pactados (que debieron ser infranqueables) por mor de un poder político incompetente, cuándo no ausente, y que ha hundido en el descrédito a las instituciones.

¿Dónde estaba el poder político? ¿Dónde los líderes socialdemócratas? ¿Hacia donde miraban, las instituciones que renunciando a su papel protector y regulador de desequilibrios, dejaron a muchos ciudadanos, flotando “al pairo” en el océano encrespado de los mercados, mientras a su alrededor, nadaban a sus anchas y sin control... los escualos financieros?

Un inquietante divorcio entre economía y política, que Antón Costas, catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona, una “rara avis” del pensamiento económico, y desde hace tiempo, un estimulante descubrimiento para mí, analizaba en un artículo publicado en La Vanguardia en febrero de este año. 

Recurría el autor en su artículo, al concepto de “economía institucional”. Una corriente clásica, no sé si de investigación o pensamiento económico que sugiere que: “La riqueza de las naciones y el bienestar de sus ciudadanos dependen más de la calidad de las instituciones y del buen gobierno que de la mayor o menor cantidad de recursos naturales y capacidades de que disponga un país". Un argumento, que analizando el origen y evolución de la crisis, ha puesto a los pies de los caballos, a instituciones nacionales, europeas y globales. Desacreditadas ante la ciudadanía, como consecuencia de la renuncia a la mínima “calidad institucional” exigible en su papel regulador de la economía. Un hecho, que ha abierto la puerta a una vergonzosa desigualdad, y a populismos xenófobos de alto riesgo, que bajo formas de “democracia iliberal”, rozan ideológicamente el autoritarismo cuando no el fascismo.

Como Antón Costas concluye: “El divorcio entre la economía y la política suele acabar mal”. Los hechos acontecidos, los que acontecen, y me temo que los que acontecerán de la mano del futuro, así lo confirman. Lo que me sorprende, es que a estas alturas, Felipe González (si lo interpreto bien) descargue la responsabilidad de la decisión de destinar los ingresos necesarios en la reedición de un nuevo pacto social, a la voluntad de los ciudadanos.

¿Cómo puede venir a estas alturas, uno de los iconos de la socialdemocracia europea como fue Felipe González con este discurso? ¿Ignora, o no quiere ver que una parte nada despreciable de ciudadanos, se ha quedado en la cuneta sufriendo las consecuencias de la precarización, cuando no de la pobreza provocada por esta crisis interminable, de la que no fueron responsables?

Estragos de una crisis económica, alimentada por la incompetencia de instituciones básicas en una democracia (entre ellas los partidos políticos, con mención especial a los socialdemócratas) complacientes en exceso con “los mercados”, que siguen fuera del control institucional. Marcando, lo más grave, a la medida de sus bastardos intereses, el rumbo, cadencia y prioridades en la salida del infierno económico y social provocado por los mercaderes.

Pero recuperar la desafección hacia nuestros representantes, la confianza en el futuro y nuestra dignidad ciudadana pisoteada por los responsables de la crisis, es un objetivo que debe ir precedido de un requisito indispensable: la regeneración institucional garante de nuestros derechos, bienestar y libertades.

Solo la vigilancia institucional de los desequilibrios entre los diferentes elementos del sistema. Solo controlando el riesgo de deriva de los excesos políticos y económicos que puedan originarse en su seno. Solo con instituciones de prestigio y fiables que minimicen el peligro de distorsión o voladura de la cohesión social imprescindible en una democracia, será posible consensuar y alcanzar un renovado Pacto Social.

Pero atribuir la voluntad ¿en exclusiva? del sobreesfuerzo para lograrlo a una ciudadanía víctima de las élites responsables de la crisis, y castigadas por estas de forma cruel, no es moral ni éticamente aceptable. Si queremos un nuevo pacto social no podemos empezar la casa por el tejado (exigir más a los ciudadanos) sino cimentar bien el mismo, exigiendo más a las élites.

Dar la vuelta a la vivencia de una crisis instalada entre nosotros y percibida por muchos ciudadanos como ¿irreversible?, no vendrá de la mano de la “magia de la política” (no hay conejo en la chistera) como sugiere el mago Felipe González. La superación de la crisis actual, y lo más importante, la prevención de las futuras (que vendrán), solo será posible con políticas más justas, sociales y redistributivas, y de la mano como defiende Antón Costas del prestigio de las instituciones.

Es hora de poner en cuarentena el recurso táctico, en muchas ocasiones falaz y creo que cobarde, a la socorrida y degradada ética de la responsabilidad. Priorizando (hay motivos para ello) el valor a la baja por la incompetencia de tantos políticos, de la ética de la convicción frente a tanta injusticia y tantos desmanes.
 


Amador Ramos Martos es socio de infoLibre