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En Transición

Siempre es buen momento para hablar de impuestos

Se supone que agosto no es mes para grandes debates, pero como todo cambia a ritmo acelerado, esto también. Entre performances de negociaciones para llegar a acuerdos de unos y desacuerdos de otros se han colado en la conversación pública unas cuantas noticias de esas que, queriéndolo o no, van al corazón de lo que está en juego. El anuncio de Isabel Díaz Ayuso de una rebaja de impuestos histórica para Madrid, el globo sonda sobre un posible pago por el uso de las autovías en España o la polémica sobre la propuesta alemana de subir el IVA a la carne para conseguir una dieta más sostenible son asuntos esenciales en los que entra en juego el modelo de sociedad.

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid profundiza en la herida de las desigualdades territoriales mientras se aplaza el debate de fondo sobre el modelo territorial del Estado. Madrid es la única comunidad que bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, a lo que se suma otra rebaja del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y tras sucesivas bajadas desde 2007 del tramo autonómico del IRPF, ahora se anuncia otra de medio punto en todos los tramos. Estas políticas, que no son nuevas, generan lo que se ha llamado dumping fiscal, que no es otra cosa que la competencia desleal o las diferencias en el cobro de impuestos entre las Comunidades Autónomas.

En el caso de Madrid esta menor carga impositiva se plantea en un territorio que disfruta de los beneficios que genera disponer de la capitalidad –con las sedes de buena parte de las grandes empresas, las principales dependencias de la Administración central del Estado, nudos de comunicaciones, etc.–, y contar con buen número de rentas altas y medias altas, que además hacen más uso de servicios privados y menos de públicos en educación, sanidad, etc. Es decir, se beneficia un territorio que dispone de mejores condiciones y salen perjudicados otros que parten de peor posición. Aunque la idea la ha anunciado Díaz Ayuso, es evidente que forma parte del acuerdo de las tres derechas que sostiene a la Comunidad de Madrid, como reivindica Iván Espinosa de los Monteros en este tuit: “Me encanta cuando los demás asumen nuestro mensaje y hasta nuestro lenguaje!”, dice respecto a las declaraciones de Díaz Ayuso invitando a las autonomías socialistas a acabar con su “infierno fiscal”. Queda por explicar por qué, si son partidarios de aplicar estas políticas de dumping fiscal en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, luego tachan de insolidarios los cupos de Navarra y País Vasco.

La cuestión de la capitalidad y la desigualdad territorial, siendo relevante como sin duda lo es, no debería tapar el otro tema de fondo, esa obsesión por falsear el debate sobre la fiscalidad anunciando bajadas de impuestos sin aclarar a quién van a beneficiar y a quién no y, sobre todo, qué coste van a tener, es decir, qué servicios públicos se van a dejar de financiar o van a ver disminuida su financiación. Por poner un ejemplo: una de las más anunciadas medidas de la BMI –según denominó Juan Manuel Moreno a la “bajada masiva de impuestos” que anunciaba en la campaña electoral andaluza– fue la rebaja del 99% del impuesto de sucesiones para cónyuges y familiares directos, aplicable a las herencias a partir de un millón de euros, ya que las de menos de un millón de euros ya estaban bonificadas. Es decir, se bonificó al 99% -que es tanto como decir que se eliminó– el impuesto sobre herencias de más de un millón de euros, con la consiguiente pérdida de recursos para las arcas públicas –hay discrepancias en las cuantías, que van entre 17 y 40 millones de euros anuales–. En síntesis: se eliminan impuestos para las rentas altas que repercutirán en la calidad de los servicios públicos generalmente más utilizados por las rentas más bajas.

El segundo tema, esta vez en forma de globo sonda, ha sido el anuncio del cobro de un precio “simbólico” por el uso de las autovías. España es, según distintos informes, el tercer país del mundo con más kilómetros de autopistas y autovías, sólo adelantado por China y EEUU, sin comparación posible con España por extensión. Estas inversiones se han hecho en los años del desarrollismo a costa de dinero público con infraestructuras insostenibles y casi imposibles de mantener: autopistas rescatadas, autovías por las que apenas pasa nadie, aeropuertos “peatonales”, etc. Un mínimo análisis de retorno de la inversión hubiera paralizado esos proyectos que hacían las delicias de las grandes constructoras y eran recibidos –y demandados- por las autoridades locales como el maná caído del cielo que les iba a permitir el crecimiento económico eternamente prometido. Ya sabemos que eso no es así. La España vacía tiene muchos problemas, pero las infraestructuras por sí solas no los resolverán. De hecho, las autovías se han convertido en vías rápidas para llegar, pero también para huir. Ahora se plantea el reto del mantenimiento y salta el debate sobre la posibilidad de cobrar por uso como ocurre en otros países. ¿A todos por igual o de forma progresiva? ¿Con qué finalidad, es decir, a qué va a ir destinado el dinero que se recaude? Como buen tanteo de verano estas preguntas quedarán en el aire, pero hemos de tenerlas presentes siempre que surjan debates parecidos.

Algo similar ocurre con la polémica sobre la propuesta alemana de subir el IVA  a la carne para fomentar una dieta más saludable para las personas y para el planeta. Existen evidencias científicas como este informe del IPCC que nos dicen que el consumo desmesurado de carne en las sociedades occidentales produce problemas de salud para las personas y de sostenibilidad para el planeta por el alto consumo de recursos que implican –agua, territorio, energía, etc.-. Ahora bien, el incremento del IVA de forma indiscriminada a toda la ciudadanía y a todo tipo de carne no haría sino reducir la ingesta de carne de las rentas más bajas o abocarles a consumir carne de peor calidad. Si en lugar de en el consumo de carne nos fijamos en la forma en que se produce veremos que no es igual la industria cárnica intensiva que las prácticas ganaderas responsables. ¿A todos hay que gravar por igual? Si se trata de cambiar el modelo habrá que hilar fino y analizar qué alternativa se quiere fomentar, cuál no, y sobre todo, hacerlo de forma que no se deje a nadie atrás.

La responsabilidad de los Estados en un mundo global

Como se ve en estos tres casos los debates sobre fiscalidad, sobre ingresos y gastos de dinero público, necesitan abordarse con rigor y acudiendo a las preguntas fundamentales: ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Sirve para el cambio de modelo que necesitamos? Y esto es crucial en un momento en el que los desafíos que nos plantea la crisis climática, el desarrollo de la inteligencia artificial o el nuevo panorama geopolítico global exigen una transformación de los sistemas que requiere abundante financiación.

Parece que Alemania ha estornudado y Europa entera se ha echado a temblar pensando en una nueva recesión. A España, en concreto, nos pillará –cuando llegue– con los deberes sin hacer. Con esas promesas de cambio de modelo económico pendientes, con la economía del conocimiento vista más como una amenaza que como una oportunidad, con la transición ecológica en mantillas y con niveles de desigualdad que una democracia difícilmente puede soportar. En ese contexto, debates como estos son trascendentales, porque está en juego una sociedad solidaria, cohesionada y segura, o un sálvese quien pueda… y ya sabemos quiénes son los que pueden salvarse.

Acabo como la semana pasada y como la anterior, ¿hacen falta más motivos para llegar a un acuerdo de gobierno?

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