Hacia una política de seguridad urbana que apueste por la "prevención social"

En este texto avanzo algunas ideas a modo de propuesta a los miembros del Foro Europeo para la Seguridad Urbana y a los participantes en la Conferencia que el 15-17 de noviembre de 2017 reunirá en Barcelona a 250 representantes de ciudades europeas, pertenecientes a 17 países. Este Foro (FESU en francés, italiano y castellano, EFUS en inglés) fue creado en 1987 por Gilbert Bonnemaison (exdiputado del Partido Socialista francés, especialmente comprometido con la defensa de los derechos fundamentales) y Michel Marcus, exjuez que durante más de 25 años fue su principal impulsor, hasta su fallecimiento el 10 de noviembre de 2016. La lucha principal de Bonnemaison y Marcus, dos grandes ejemplos de compromiso con una justicia efectivamente democrática, ha sido demandar a las autoridades europeas y nacionales que den prioridad a la prevención social –es decir, a la gestión pacífica de los problemas y malestares sociales– frente a la represión y las sanciones, centrándose ante todo en la responsabilidad de los entes locales a la hora de defender los derechos fundamentales y las políticas sociales.

Desde entonces, el Foro ha ido acumulando adhesiones en toda Europa, pero los efectos de su actividad se han visto limitados por la coyuntura actual, en la que desde 1990 y, sobre todo, tras el 11-S, se promueve la “tolerancia cero” y el securitarismo (con frecuencia racista), que condicionan notablemente a todos los cargos públicos a nivel nacional y local, sobre todo a los alcaldes, incluidos los que se autodenominan demócratas.

Tras las conferencias organizadas por el FESU-EFUS en Montreal (1989), París (1991), Nápoles (2000), Zaragoza (2006) y Aubervilliers/Saint Denis (2012), el Foro, en colaboración con el Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, organiza esta nueva conferencia internacional e interdisciplinaria, que tendrá como tema la “co-producción de las políticas de seguridad urbana”.

El Manifiesto de Aubervilliers y Saint Denis, con el que concluyó la conferencia de 2012, se ha propuesto como la “plataforma política sobre la seguridad urbana que reúne los valores y principios que fundan su acción, así como la de sus miembros”. Tales valores y principios se sintetizan en la frase: “Los entes locales europeos priorizan la prevención, con el objetivo de garantizar a las generaciones futuras la seguridad, como derecho fundamental y elemento indispensable de la calidad de vida en la ciudad”; a ello se añade la idea de que “las políticas sociales de prevención son particularmente eficaces en la lucha contra la violencia y la criminalidad. Cabe recordar que la prevención es menos costosa, no solo desde un punto de vista económico, sino también social”. La acción del FESU-EFUS, por lo tanto, se “sustenta en la convicción de que la seguridad es un bien común, cuya producción debe implicar al conjunto de actores de la vida urbana, y que se basa en un equilibrio entre prevención, sanción y cohesión social”.

Los tópicos de la nueva conferencia de Barcelona son “la prevención de la radicalización violenta, la lucha contra las discriminaciones, la prevención de las violencias contra las mujeres, la asistencia a las víctimas, así como la planificación del espacio público, la gestión de la vida nocturna, etc.”.

Esta conferencia es, sin duda, una “buena noticia” ante la deriva securitaria de tantos alcaldes y cargos públicos, de derechas pero también de izquierdas. En casi todos los países europeos, una buena parte –si no la mayoría– de los cargos públicos asume discursos, actitudes y comportamientos abiertamente a favor de un “puño de hierro”, “más represión y más penalidad”. Todo ello no solo afecta al terrorismo, sino que lleva a sospechar incluso de los refugiados que escapan de las guerras y el hambre, y alcanza también a lo que se entiende como “decoro, moral e higiene”, al denominado “incivismo urbano”, habitualmente atribuido a los jóvenes de las periferias, a los hijos de los inmigrantes y a los denominados “ilegales”.

No obstante, mientras que buena parte de Europa apoya un endurecimiento del prohibicionismo racista de las migraciones, gran número de urbes se ha sumado a la red mundial de ciudades antirracistas y contrarias a ese prohibicionismo. Tras Barcelona, donde en febrero de 2017 más de 160.000 personas se manifestaron a favor de la acogida de refugiados, Nueva York ha organizado el NYC Immigrant Heritage Week, Boston el Immigrant Heritage Month-I am an Immigrant, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ha lanzado la cuenta de Twitter @ChiNewAmericans para dar la bienvenida a los nuevos inmigrantes, y Madrid está organizando una manifestación como la de los 100.000 del pasado 18 de mayo en Milán. A esta red se han incorporado también Londres, Amsterdam, Atenas, Berlín, Gdansk, Los Ángeles, Montreal, París, Estocolmo, Toronto y Varsovia.

Frente a ello, el discurso y las acciones del FESU-EFUS y de sus miembros no solo tienen un perfil muy moderado –lo que es comprensible–, sino que no reclaman la prioridad que debería corresponder a un gobierno de la seguridad efectivamente democrático. Por tal se entiende la tutela de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la ciudad (no solo de los residentes, ya que sin el bienestar de todos no puede haber bienestar solo de algunos). Esto quiere decir, ante todo, la tutela frente a los riesgos sanitarios-ambientales y económicos. Un gobierno de la ciudad efectivamente democrático debería actuar, de forma prioritaria, frente a tales riesgos, es decir, los que provocan el mayor número de muertes (como consecuencia de tumores y otras enfermedades causadas por la contaminación, por las emisiones tóxicas realizadas por muchas actividades industriales, etc.), así como frente a las especulaciones financiero-inmobiliarias y sus desastres (pensemos en las inundaciones y en las consecuencias de los terremotos); cabe añadir las economías sumergidas, que producen nuevas esclavitudes, el tratamiento criminal de residuos, las defraudaciones fiscales y contributivas, e incluso las intersecciones entre actividades legales y criminalidad organizada o mafias. Recordemos que en Italia las economías sumergidas suponen más del 32% del PIB, y se estima que alrededor de 8 millones de personas (migrantes regulares e irregulares y, sobre todo, italianos) oscilan entre la precariedad, la semi-precariedad y el trabajo negro. En la lucha contra estos riesgos, los entes locales podrían promover una sólida cooperación con los vecinos, así como con las organizaciones sociales locales y nacionales. El discurso de la prevención, en suma, no debe limitarse únicamente a la prevención social, es decir, a las respuestas sociales ante la denominada desviación y/o delincuencia de jóvenes o “marginales”. Es bien conocido que sin saneamiento / recuperación / restauración o renovación no se puede implementar la prevención, por lo que se refiere tanto a los riesgos sanitario-ambientales como a las economías sumergidas o, incluso, a la desviación y degradación de los espacios públicos. A mayor abundamiento, el saneamiento y la posterior prevención pueden generar un buen número de puestos de trabajo y de estructuras para el futuro de la sociedad.

En consecuencia, la apuesta fundamental en materia de gobierno local es la relativa a la policía municipal. La deriva securitaria que se ha impuesto en toda Europa ha conducido a las policías municipales a imitar la orientación unilateral de los cuerpos de seguridad nacionales, es decir, a convertirse en una suerte de auxiliares en la lucha contra el terrorismo o, peor aún, contra la denominada inmigración ilegal e incluso contra las falsas inseguridades. Como señala Laurent Mucchielli en su estudio sobre las policías municipales en Francia, en línea con otras investigaciones italianas, esta deriva en ocasiones conduce a una verdadera “distracción” de la atención, de los medios y de los recursos, hasta el punto de perder de vista las tareas institucionales que competen a las policías municipales (en parte cabe decir lo propio de los cuerpos nacionales). En relación con ello, el FESU-EFUS y los cargos electos y alcaldes democráticos deberían reclamar el respeto de los principios y finalidades de las tareas de las policías locales, esto es, ante todo la tutela de los vecinos frente a las amenazas a la salud pública, la lucha contra las fuentes de contaminación, y contra las economías sumergidas y las nuevas esclavitudes, que producen graves daños a las comunidades locales y a la riqueza pública. Es necesario recordar que las fuerzas de policía y la judicatura deberían tutelar ante todo a las víctimas (incluidos, obviamente, los inmigrantes irregulares), proteger la propia vida de los habitantes y proteger a las mujeres (inmigradas y nacionales) afectadas por acosos y violencias sexuales que son típicas de los puestos de trabajo precarios, semiprecarios y neoesclavos. En síntesis, la promoción de una seguridad que se pretende efectivamente democrática debería comprometerse con el respeto riguroso de las misiones de los entes locales en el marco de un Estado de derecho concebido como democrático: la tutela de la vida de la población y, por lo tanto, de las víctimas de cualquier atentado contra la vida.

Recordemos: cada año en las ciudades europeas se muere sobre todo de cáncer, provocado por la contaminación y las diversas emisiones tóxicas, y a causa de condiciones de vida y trabajo características de una nueva esclavitud. Es indiscutible que el terrorismo es una amenaza muy grave; no obstante, las policías y la justicia que actúan solo contra tal amenaza e ignoran otras que producen más víctimas, se ven fagocitadas por la lógica instrumental que oculta las verdaderas inseguridades, desprecia a las víctimas y oculta a los responsables. La “distracción masiva” que se ha verificado, fundamentalmente, tras los atentados terroristas en Europa ha tenido como efecto preocupante el contagio de las personas sinceramente demócratas que forman parte de las fuerzas de policía, la judicatura y la administración pública. Las cuestiones de seguridad merecen siempre la máxima atención y rigor. Será difícil revertir la adhesión a la lógica securitaria que domina hoy este sector del gobierno local, nacional y europeo. Con todo, es posible promover prácticas más humanas y atentas a las expectativas de la mayoría de la población. Para ello, es necesario fomentar la cooperación entre los sectores democráticos, los comités de defensa de la salud, el personal de las fuerzas de policía, los jueces y los profesionales de las agencias de prevención y control (comenzado por los inspectores de trabajo, los servicios de salud pública, los trabajadores de los entes de tratamiento de residuos y de protección civil, etc.). A modo de referencia, las experiencias consolidadas en Italia muestran que las denominadas operaciones de cooperación entre fuerzas deberían implantarse de forma generalizada, del mismo modo que la tutela de los trabajadores en negro, a los fines de ofrecer perspectivas de trabajo regular. ¡Los mejores deseos a los participantes en la conferencia de Barcelona! ____________

Salvatore Palidda es profesor de Ciencias Antropológicas en la Universidad de Génova.