¿Hacia un golpe de Estado?

En las últimas semanas estamos asistiendo a una preocupante escalada de la tensión social provocada por sectores de la derecha y extrema derecha que, con un evidente desprecio a las normas sanitarias establecidas para hacer frente a la peligrosa pandemia que se extiende por el planeta, han decidido salir a la calle, vulnerando la legalidad, para manifestar su oposición al Gobierno. A pesar de que nuestro país ha seguido, en líneas generales, el modo de actuar de los países de su entorno, como Francia o Italia, de que medidas de excepción se han establecido en numerosísimos países del mundo con regímenes políticos muy diferentes, de China a EE.UU., ciertos sectores sociales actúan como si el español fuera un caso excepcional en el panorama internacional. Estos mismos sectores acusan al Gobierno, en una prueba de su desmesura y mala fe, de ser el responsable de la muerte de las miles de víctimas de nuestro país, cuando otros países europeos, como Bélgica, superan porcentualmente a España en número de víctimas y otros, como Italia, Francia o Gran Bretaña, no le andan demasiado a la zaga.

Parece bastante evidente que quien quiera hacer del tema del covid-19 un tema de política nacional lo hace por intereses que poco tienen que ver con la salud de la ciudadanía y sí, y mucho, con intereses partidistas, en nuestro caso profundamente preocupantes por el aroma antidemocrático que desprenden. Los motivos para criticar al Gobierno, que sin duda los hay, son muy semejantes a los que existen en otros muchos países del mundo, en los que, sin embargo, no se ha visto una movilización tan radicalizada como en nuestro país. Por eso, nos parece preciso enmarcar la actual situación en un doble contexto.

Por un lado, es preciso recordar que las críticas feroces al Gobierno, al que, sorprendentemente, se ha calificado de ilegítimo desde el momento mismo de su constitución, a pesar de ser ésta resultado de un procedimiento escrupulosamente ajustado a la legalidad constitucional, y contra el que se ha llegado a llamar, incluso, a una intervención militar, son muy anteriores a la aparición de la pandemia en España. La extrema derecha, apoyada por un PP que ha perdido toda centralidad y que se ha lanzado a disputar el espacio ultra a Vox, viene alentando un  discurso de insumisión a las instituciones democráticas desde el inicio de la legislatura. La situación de emergencia nacional provocada por la pandemia, lejos de generar un espíritu unitario en beneficio del país, ha llevado a las derechas, tiradas al monte, a endurecer su discurso de deslegitimación de las instituciones, en un ejercicio de extrema irresponsabilidad.

Por otro, íntimamente relacionado con lo anterior, nos encontramos ante el primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia actual, cuyos antecedentes remotos se encuentran en el Frente Popular, ganador de las elecciones en febrero de 1936. Por primera vez en la España actual, se sientan en el consejo de ministros representantes de partidos a la izquierda del PSOE. Y da la impresión de que una parte de los poderes fácticos del país no son capaces de digerir esta realidad. Y por ello van a aprovechar cualquier contingencia para lanzar toda su artillería, mediática, política y organizativa, contra un Gobierno que les irrita profundamente, pues siguen considerando España como de su propiedad. Lo vemos día tras otro, cuando enarbolan una bandera que, constitucionalmente, es de todos para lanzar todo su odio contra quienes no piensan como ellos. España son ellos.

Creo, con sinceridad, que estamos ante una situación tremendamente preocupante. Que ciertos sectores de la ultraderecha están intentando crear las condiciones propicias para un golpe de Estado, para acabar con el orden constitucional y la democracia. Acaba de darse a conocer un manifiesto, firmado por un puñado de intelectuales, en el que se llama a sustituir al gobierno salido de las urnas por otro de técnicos y gestores. Imaginamos que técnicos y gestores tan rigurosos como estos

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Ciertamente, nos hallamos ante una derecha disparatada, caricaturesca, que llega incluso a utilizar al servicio para golpear cacerolas, pero ello no les resta un ápice de peligrosidad. Es más, quizá esa estulticia de que hacen gala sea una expresión más del peligro que entrañan, pues ni siquiera el carácter letal del virus les ha aconsejado un mínimo de prudencia. Al tiempo que denuncian el ciertamente elevado número de víctimas en nuestro país, desarrollan acciones irresponsables que pueden desembocar en más contagios. No sabemos qué quieren, qué proponen con respecto a la pandemia, cuáles son sus líneas de actuación sanitaria, más allá de ese grito de libertad que más parece una expresión de su histórico libertinaje. Se creen el país, ellos son España, suya es la bandera, y todo gobierno que atente contra sus intereses es tildado de ilegítimo. De ahí a promover una vuelta a la legalidad, frase habitual en todo golpe de Estado, solo hay un paso. A veces es preciso mirar a la historia. En el 36 solo permitieron seis meses de gobierno de la izquierda. Y ya sabemos que andan muy escasos de paciencia.

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Juan Manuel Aragüés es profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.