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Energía no renovable

300 organizaciones acusan a la UE de abrir la puerta al ‘fracking’ por intereses económicos

  • Los colectivos denuncian la inminente aprobación de una regulación sobre esta práctica que tan sólo contendrá "un conjunto de recomendaciones no vinculantes" para las empresas
  • En ese sentido, acusan directamente a la Unión Europea de conocer los efectos perjudiciales del fracking y, sin embargo, haber cedido a "intereses cortoplacistas" y económicos

Publicada 21/01/2014 a las 06:00 Actualizada 21/01/2014 a las 00:30    
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Manifestación contra el 'fracking' en Santander.

Manifestación contra el 'fracking' en Santander.

EUROPA PRESS
300 organizaciones de 22 países europeos, entre las que se encuentran varias españolas como Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, han hecho pública una carta abierta en la que alertan del "error energético, climático y ambiental" que supone apostar por el fracking, y han acusado a la Unión Europea de primar "beneficios cortoplacistas inciertos" a costa de "la salud pública y del medio ambiente". La misiva ha sido enviada al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, así como al Consejo Europeo y a los diputados del Parlamento comunitario.

Los colectivos se muestran "extremadamente preocupados" en relación a "los últimos acontecimientos relacionados con la revisión de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", así como con la futura regulación comunitaria –que se aprobará el próximo día 22– sobre la extracción de combustibles fósiles no convencionales, entre los que se cuentan el gas metano, el gas de esquisto o el petróleo de esquisto bituminoso. Las organizaciones denuncian que esta normativa se limitará a "un conjunto de recomendaciones no vinculantes" que "carecerán de toda efectividad al no ser de obligado cumplimiento".

En este sentido, las entidades acusan directamente a la Unión Europea de conocer los efectos perjudiciales del fracking y, sin embargo, haber cedido a "intereses cortoplacistas" y económicos a la hora de legislar para regularlo. "Las autoridades europeas ya han publicado estudios que demuestran estos riesgos, y son conscientes de que numerosas investigaciones científicas revisadas por expertos alertan sobre los múltiples y preocupantes impactos vinculados a esta industria", recuerdan en la carta, donde sin embargo denuncian que "a pesar de ello, algunos responsables políticos parecen haberse puesto de acuerdo para ignorar todos estos hechos significativos".

"El Ejecutivo [comunitario] detectó en otoño de 2012 hasta 11 vacíos legales en materia de residuos mineros, de agua, de evaluación ambiental, etc., que deberían ser subsanadas", recuerda Ecologistas en Acción en un comunicado que acompaña a la carta, donde también relata que "en Octubre pasado se filtró el rumor de que la Comisión preparaba [...] una exigente directiva que convirtiera las nuevas normas en vinculantes". Sin embargo, la ONG denuncia que ésto finalmente no será así por la "intensa campaña de presión" de países como Reino Unido o Polonia, muy interesados en el proyecto y que han logrado "convencer" a Barroso de que "poner trabas regulatorias a las empresas espantaría la inversión".


Motivos ecológicos y económicos

Pero, ¿por qué se oponen con tanta unanimidad estos organismos a la práctica del fracking? Obviamente, las razones medioambientales pesan mucho en su rechazo, pero también citan motivos económicos. La carta asegura que "la extracción de estos hidrocarburos afectará negativamente a nuestra huella de carbono, comprometiendo incluso los objetivos energéticos y climáticos de la UE", y alerta de que "las técnicas de extracción causan un efecto destructivo e irrevocable en los ecosistemas y entornos locales".

"El funcionamiento de la industria extractiva implica un enorme sistema de tuberías, instalaciones reguladoras de presión y centros de transporte. Esto supone inevitablemente fugas de metano, estimadas por diferentes estudios entre un 4% y un 11% del total del volumen de metano producido. En un plazo de 20 años, el metano es 86 veces más potente como gas invernadero que el CO2, por lo que la quema de combustibles fósiles no convencionales podría ser más perjudicial para el clima que el mismo carbón", explican las organizaciones en la misiva.

En cuanto a las razones económicas, los firmantes de la carta afirman que la industria del fracking puede provocar "un incremento de la pobreza", ya que según denuncian, afectaría a "un importante número" de personas, "incluyendo a quienes viven exclusivamente de la agricultura". Los colectivos también señalan que esta actividad resultaría perjudicial para las cuentas europeas por los daños que puede suponer el uso de los grandes vehículos necesarios para llevar a cabo las extracciones. "La mayoría de las carreteras de la Unión Europa no se han diseñado para soportar el peso adicional de los 'megacamiones' o 'trenes de carretera' que utiliza esta industria, especialmente en las zonas rurales", remacha la carta.

No obstante, las 300 organizaciones son aún más duras al criticar la escasa voz que la UE está dando a los ciudadanos que se verán directamente afectados por la implantación de la industria del fracking, que según explican se han manifestado "en múltiples ocasiones" en contra. "Esto constituye una grave ausencia de democracia", alerta la carta, que también denuncia la "corrupción a nivel local", así como que "las comunidades locales se han visto atrapadas en la angustia y la inseguridad por la violación de derechos humanos y la represión [al protestar contra esta industria], como ocurrió recientemente en Pungesti (Rumanía), Zurawlow (Polonia) y Barton Moss (Reino Unido)".

En este sentido, los firmantes de la carta han pedido que en las negociaciones de los tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos se defiendan sus argumentos, si bien se han quejado de que las conversaciones "se están llevando a cabo con absoluto secretismo".

"La comisión ha anunciado un 'marco no vinculante' sobre el gas de esquisto. ¿Qué flexibilidad se tendrá a la hora de valorar la enorme presión de los inversores y de la industria energética?", se preguntan las organizaciones, que aseguran que es "cada vez más evidente" que estas empresas están centrando sus esfuerzos en poner en discusión "el Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), a pesar de que es la herramienta para evitar que las industrias puedan hacer lo que quieran, especialmente en el sector químico, que elabora productos para la industria minera".


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