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Jornada laboral en Andalucía

El Constitucional suspende las 35 horas en Andalucía

  • El TC ha subrayado que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas"
  • La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz el pasado mes de noviembre

infoLibre Publicada 24/07/2017 a las 17:53 Actualizada 24/07/2017 a las 19:13    
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Sede del Tribunal Constitucional

Sede del Tribunal Constitucional.

TC
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió admitir a trámite la normativa de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y decretó la suspensión cautelar de esta medida.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de julio dos acuerdos para interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra normas de la Junta de Andalucía, con invocación al artículo 161.2 de la Constitución para que se produjera su suspensión. Uno de los recursos iba contra el decreto ley de la Junta que regula el trabajo de sus empleados públicos en 35 horas semanales y otro, contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.

En dos acuerdos adoptados el pasado 18 de julio, consultados por Europa Press, el Pleno del TC decidió admitir a trámite estos recursos promovidos por el presidente del Gobierno y la "suspensión de la vigencia y aplicación" de los decretos impugnados, además de dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, el Senado, la Junta de Andalucía y al Parlamento andaluz para que "en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".

Según informó el TC en un comunicado, la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas impugnadas "es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución", que establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas" y determina que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

"No hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto"

En este sentido, el TC subrayó que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas".

Al anunciar la interposición de los recursos, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que la decisión del Ejecutivo central de acudir al TC se justifica porque "no es vertebrador" que las jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad donde trabajen. En este sentido, Méndez de Vigo defendió que no se puede "romper ese marco común" con el resto de España, pero dejó claro que el diálogo del Gobierno con la Junta de Andalucía "sigue abierto" para "buscar acuerdos".

Aunque la Junta de Andalucía defendió su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estimó en su recurso que el Decreto Ley 5/2016 de la Junta "contraviene" la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas y el artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El Gobierno consideró, del mismo modo, que el decreto ley no sería "el instrumento adecuado" para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia. Además, los cambios, "sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos", solo podrían producirse con una modificación de la normativa estatal, cuya constitucionalidad habría sido ratificada por el TC. El recurso, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se producía al no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con la Junta de Andalucía.

Recurso contra la ley del presupuesto de Andalucía

El segundo recurso del Gobierno se presentó contra la parte de los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, que habilitaba la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando fuera necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

El Gobierno recordó también que, tras la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con los límites de déficit y endeudamiento fijados por la Administración del Estado, la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 estableció la jornada general de trabajo no inferior a treinta y siete horas y media, cuya constitucionalidad y vigencia fue confirmada por el TC en la sentencia 99/2016.

El Ejecutivo central añadió que, si consideraba inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también estimaba inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva en la Ley de Presupuestos de Andalucía, "vulnerando las competencias estatales", como afirmó el Consejo de Estado en su dictamen favorable al recurso.

Por otro lado, el artículo 36 de la mencionada norma autorizaba a la Junta de Andalucía a realizar anticipos a las Corporaciones Locales a cuenta de la participación en los tributos del Estado. Sin embargo, los fondos derivados de la participación en los tributos del Estado serían recursos propios de las Entidades Locales, cuya recaudación y criterios de distribución estarían encomendados al Estado y la Comunidad Autónoma sería mera intermediaria de la asignación de los mismos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.

En vigor desde mediados de Enero

La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz el pasado mes de noviembre. Dicho decreto permitió restablecer una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.

En varias ocasiones, el Gobierno andaluz había mostrado sus dudas ante la posibilidad de que el Ejecutivo central pudiera recurrir esta medida que, según los datos de la Junta, mejora las condiciones de más de 270.000 trabajadores y forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del 2 de junio del 2016 con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Tras conocer los recursos acordados por el Consejo de Ministros, la Junta de Andalucía insistió en reclamar al Gobierno que no solicitase al TC la suspensión cautelar de las 35 horas para no perjudicar a los empleados públicos andaluces. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF llegaron a anunciar que no descartaban movilizaciones en septiembre si se hacía efectiva la suspensión cautelar de las 35 horas.

Incluir las 35 horas en los PGE 2018

La última novedad acontecida antes de que este lunes se diera a conocer la admisión a trámite de los recursos, la protagonizó el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, que abrió la puerta a introducir una modificación en los PGE de 2018 que permitiera implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.

Ante este anuncio, la Junta defendió que "ya no tiene sentido la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía, pues supondría una alteración en la planificación de los servicios públicos". "Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de PGE", afirmó entonces la Consejería de Hacienda.
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2 Comentarios
  • korrosivo korrosivo 25/07/17 11:29

    El PP tiene un problema con Andalucía: los andaluces, conocedores de su historia, no quieren más señoritingos. Y se lo llevan diciendo, elección tras elección, 35 años. Y, con recursos como éste al TC, peor aún que le va a ir. Espero.

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  • Manuelso Manuelso 24/07/17 21:38

    Tampoco es vertebrador las negociaciones con vascos y canarios para la aprobación de los presupuestos del Estado. Por lo tanto habría , por la misma razón, que llevar al Constitucional los presupuestos.

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