La Ley de Cambio Climático acaparará el debate 'verde' en 2018

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hace unas semanas un "gran impulso" del Ejecutivo al medio ambiente en 2018. El próximo año es clave para este ámbito en España y para todo a lo que afectan las reformas en el horizonte. Cuando hablamos de medio ambiente no solo hablamos de fauna, flora y ecosistemas: hablamos de economía, de política, de energía, de sociedad, de nuestro modelo productivo. Si la discusión no se tuerce hasta el bloqueo, 2018 será el año de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aun con el borrador sin elaborar por parte del Gobierno, ya han empezado las conversaciones entre los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Cambio Climático de la Cámara Baja. Entre todos hay acuerdo en dos cuestiones: la norma debe salir adelante con el máximo consenso posible para que dure décadas con independencia de quien gobierne; y debe ser ambiciosa. La oposición tiene serias dudas de que lo sea y de que llegue a tiempo ante una emergencia de tal calibre. De lo que no cabe duda es de que la Ley de Cambio Climático será el gran debate del año que entra en materia medioambiental en España.

Tras un proceso participativo que incluyó jornadas presenciales y un formulario online y que generó críticas por sus limitaciones, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, se reunió a finales de noviembre con los portavoces de los grupos en la comisión para avanzar en la elaboración del anteproyecto. El Ministerio se limitó a presentar a los partidos los seis bloques temáticos en los que se articulará la ley: los principios rectores (quien contamina, paga, seguridad jurídica, participación, transparencia y coordinación entre administraciones), el esfuerzo para cumplir las metas de reducción de emisiones, la financiación para la descarbonización, los responsables de cada acción, los sistemas de Gobernanza y la necesidad de una transición justa.

"No hubo una aportación sustancial que permita ver qué están haciendo realmente, más que entreteniendo", asegura el portavoz del PSOE en la Comisión, el diputado Ricardo García Mira. "Utilizan el proceso participativo como una excusa. Están vendiendo humo. ¿En qué consiste la ley? ¿Cuál es el borrador?", se pregunta su colega en la comisión de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde. Ciudadanos se une a la sensación compartida por la oposición de que los ritmos no son los deseables. "El proceso va un poco lento. Coincidimos todos. Dada la posición geográfica de nuestro país, España debería ser líder en lucha contra el cambio climático. Pero no vemos ese liderazgo", explica el diputado portavoz del ramo, José Luis Martínez.

Unidos Podemos mueve ficha

La tardanza y la supuesta inacción del Ejecutivo ha alentado a Unidos Podemos a mover ficha anunciando que en el primer trimestre de 2018 presentará su propia ley de cambio climático. El partido celebró su Foro del Clima los pasados 13 y 14 de diciembre para apuntalar esta decisión, con el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, calificando de "histórico" el movimiento. Sin embargo, ha generado inquietud, dentro de la cautela, en el resto de formaciones, que temen que el consenso vital para que la norma sirva para algo se vea en peligro. "El hecho de que nosotros tengamos una propuesta propia no pone en riesgo el consenso. Lo que no podemos es seguir esperando pasivamente a que el Gobierno decida moverse", asegura López de Uralde. El PSOE, en palabras de su portavoz en la materia, prefiere no pronunciarse sobre el desmarcaje morado. "Tienen todo el derecho", señala Ciudadanos, pero temen que una norma que afectará a nuestra forma de consumir, de producir y de vivir no salga adelante por las diferencias "en una sociedad tan fragmentada".

El PP, por su parte, defiende los plazos de la ley al tratarse de un asunto "complejo", en palabras de su portavoz en la comisión, Belén Bajo, que asegura que Unidos Podemos presentará su propio texto porque "tiene complejo de que le ha tomado la delantera el Partido Popular en esta cuestión". Afirma Bajo que, en conversaciones con López de Uralde, le consta que la formación morada busca el acuerdo total en la materia, y reconoce, a pesar del escepticismo, que "cuanto más papeles sobre la mesa, mejor".

Todas las previsiones apuntan a que la transición energética, la segunda pata de la norma, generará controversia. La intención es reformar el sistema energético para descarbonizar el sector, de cara a un futuro en el que las renovables copen, si no el total, la inmensa mayoría del mix. El Gobierno estableció en julio un comité de expertos, con presencia de organizaciones sociales, lobbys de empresas, patronal y sindicatos, que elaborará en enero de 2018 un informe que tendrá en cuenta el Ejecutivo a la hora de plantear las líneas maestras del cambio. "Los 14 miembros de la comisión llevan trabajando en distintas alternativas y analizando la combinación de las diferentes fuentes de energía en un marco de transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono", defiende el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) a través de su gabinete de prensa.

Las dudas de los portavoces parlamentarios consultados por infoLibre sobre la ambición del Gobierno a la hora de plantear la transición energética son más pronunciadas que con el cambio climático. Los últimos acontecimientos no han ayudado a la certidumbre: el Gobierno pretende trabar mediante un decreto el cierre de las dos térmicas de carbón que le quedan a Iberdrola y, durante la cumbre del clima de Bonn, rehusó firmar un compromiso de abandono del carbón como fuente de generación de electricidad. Defiende un cierre de las centrales más contaminantes alargado en el tiempo y planificado con cuidado para no causar trastornos en los sectores sociales más vulnerables en el proceso, como las comarcas mineras. Algo en lo que coinciden todos los grupos políticos, que a la vez exigen que el proceso se inicie cuanto antes mejor.

Los plazos previstos marcan el primer trimestre de 2018 para la presentación del primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A partir de ahí empezará la tramitación parlamentaria habitual, que todos desean que se reduzca al mínimo y que se llegue a un acuerdo total que permita mantener la norma como máxima referencia de la acción climática en el país más vulnerable al desafío de la Unión Europea.

Otros desafíos medioambientales de 2018

La sequía se ha convertido en la más grave consecuencia del cambio climático en España y en el principal desafío que debe abordar la cartera de Medio Ambiente en España en 2018. En junio el Congreso aprobó convertir en ley el decreto que declara la emergencia por la falta de agua en cuencas como la del Segura, Júcar y Duero. La Comisión de Medio Ambiente asumió la competencia legislativa y a finales de noviembre, aprobada la mayoría de las enmiendas de Unidos Podemos y PSOE, salió adelante el proyecto de ley.

Sin embargo, el PSOE anunció en diciembre que, cuando la norma pase por el Senado antes de volver al pleno del Congreso, la enmendarán para poder incluir a la Confederación del Guadalquivir, que no llegó por poco a los requisitos mínimos para poder declararse en emergencia pero que también atraviesa una carestía significativa. En diciembre, las reservas hidráulicas de los embalses españoles no alcanzan ni el 37%, y los meteorólogos no auguran que la situación mejore en poco tiempo, por lo que la sequía será una de las grandes preocupaciones del próximo año. La tramitación de la ley que plantea las medidas para paliar los daños de la sequía no aparecerá en el BOE, pese a la urgencia, hasta el segundo trimestre de 2018.

En cuanto al sector del transporte, perteneciente al "sector difuso" causante de gran parte de los gases de efecto invernadero en España, para 2018 se prevé una reforma del impuesto de matriculación, englobado dentro de los llamados impuestos ambientales, herramientas de fiscalidad que, en teoría, persiguen un reequilibrio de los recursos de cara a fomentar la sostenibilidad y las buenas prácticas verdes. A través de la nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, cuya aprobación se estima para 2018, se abordará la modificación de los impuestos de Matriculación y Circulación para que los vehículos no paguen por su potencia sino por su potencial contaminante, una medida que piden todos los expertos en fiscalidad medioambiental para que el país deje de estar a la cola en esta materia.

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Además, el Ministerio de Energía presentará un anteproyecto de ley el próximo año de reducción de emisiones contaminantes, obligatorio para trasponer una directiva comunitaria de 2015 que regula la producción de carburantes para que sean lo menos contaminantes posible y regula la producción y el uso de biocombustibles. La tercera ley relativa al medioambiente que presentará el Gobierno busca modificar la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta.

El Ejecutivo contempla aprobar además una docena de decretos relativos al medioambiente y que buscan reducir el uso de plástico, reformar el Consejo Nacional del Agua para adaptar su estructura o actualizar las medidas de conservación de parajes pertenecientes a la Red Natura 2000, entre otras medidas. Destaca la intención del Gobierno de presentar un decreto para acometer la reducción de las emisiones a la atmósfera de ciertos contaminantes que afectan a la calidad del aire y cumplir con unos niveles de emisión máximos.

Un abismo, a veces insalvable, separa en política las intenciones de los hechos. Pero nadie duda de que el medioambiente, con todo lo que conlleva, estará en el debate público durante 2018. Aunque nadie se atreva a pronosticar que se abordarán las carencias con la suficiente ambición.