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Crisis del coronavirus

Madrid, Castilla y León y Asturias se acercan a mitad de legislatura con la producción normativa paralizada: sólo una ley aprobada

  • La única norma que ha conseguido alumbrar el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso desde que llegó a la Puerta del Sol ha sido la reforma de la Ley del Suelo, que supone la sustitución de la mayoría de licencias urbanísticas por declaraciones responsables
  • Como Madrid, Castilla y León tampoco ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos propios, un proyecto de Ley que es el único que hasta la fecha ha aprobado el Gobierno asturiano
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Publicada el 10/11/2020 a las 06:00
Pleno de la Asamblea de Madrid.

Pleno de la Asamblea de Madrid.

EP

La pandemia de coronavirus frena en seco la producción normativa en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Asturias. Desde que se inició la legislatura hace casi año y medio, tras unas elecciones que dibujaron un escenario a nivel regional completamente fragmentado, sólo tres normas han conseguido recibir luz verde en las susodichas Cámaras –una en cada una de ellas–. Una cifra que contrasta enormemente con la registrada en otros territorios como Castilla-La Mancha o Navarra, donde el dato supera ampliamente la docena entre proyectos de ley –aquellos que pone sobre la mesa el Gobierno autonómico– y proposiciones de ley, planteadas directamente por los diferentes grupos parlamentarios. Son las dos únicas figuras que se han tenido en cuenta en el análisis realizado por este diario. Fuera han quedado los decretos-ley, principalmente porque se trata de una figura jurídica que no se contempla en todos los Estatutos de Autonomía. Es lo que ocurre, por ejemplo, en La Rioja o Comunidad de Madrid, donde se pretende reformar la norma regional para incluirlo.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es, precisamente, uno de los que menos textos ha logrado impulsar en una legislatura enormemente marcada, de momento, por la crisis sanitaria. En total, durante este casi año y medio se ha aprobado en la Asamblea un solo proyecto de Ley. Con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, consiguió sacar adelante a comienzos de octubre la reforma de la Ley del Suelo, una nueva apuesta por el ladrillo. El texto, con el que se busca dinamizar la construcción en plena crisis económica con la sustitución de la mayoría de licencias urbanísticas por simples declaraciones responsables, fue rechazado de forma tajante por todos los grupos de la oposición. Primero, por las implicaciones de las modificaciones legales. Y segundo, por la decisión de aprobarlo por el procedimiento de lectura única, es decir, sin posibilidad de enmiendas. Esto provocó que, en señal de protesta, diputados de Más Madrid y Podemos trataran de frenar la tramitación saliendo del hemiciclo para así impedir que hubiera el quórum necesario para que recibiera luz verde. A pesar de ello, el presidente del Parlamento dio por aprobada la norma entre las críticas de una oposición que no dudó en anunciar recursos.

En Castilla y León la situación es exactamente la misma. La única diferencia es que su Estatuto de Autonomía sí que pone a disposición del ahora Ejecutivo de coalición la posibilidad de legislar vía decreto-Ley. De momento, en la región el único texto que ha superado el trámite, también por lectura única, es el proyecto de reforma de la Ley de Hacienda y Sector Público, un cambio normativo pensado para flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública. Ninguna de las dos proposiciones planteadas por el PSOE –una reforma de la ley del juego y una ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género– han conseguido ni siquiera superar el primer obstáculo, el de la toma en consideración, en las Cortes. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, al igual que el de Díaz Ayuso, tampoco ha sido capaz de alumbrar unos nuevos presupuestos para 2020. De hecho, la Comunidad de Madrid y Castilla y León son los dos únicos territorios que están haciendo frente al complejísimo año sin disponer de unas cuentas propias.

Sí que las tiene, sin embargo, Asturias. Es más, allí el único proyecto de ley que ha recibido el beneplácito de la Cámara autonómica por el momento ha sido el de Presupuestos Generales para 2020. En tramitación se encuentran, a día de hoy, otros dos. El primero, sobre el derecho de acceso al entorno de las personas con discapacidad en acompañamiento de sus perros de asistencia. El segundo, de garantía de derechos y prestaciones vitales. Este último, que quedó pendiente de tramitación durante la pasada legislatura, es una de las banderas del Ejecutivo presidido por el socialista Adrián Barbón. La norma busca consolidar el salario social, poner en marcha varios complementos vitales para las personas en situación vulnerable, impulsar el acceso a viviendas públicas en régimen de alquiler. Más allá de estos tres proyectos, a lo largo de este año y medio se han registrado también por parte de los grupos en la Junta General del Principado hasta once proposiciones de ley. Cuatro se están tramitando en estos momentos, entre ellas una de la extrema derecha para tumbar la norma de memoria democrática autonómica. El resto, se han caído.

No es habitual en las tres comunidades un comienzo de mandato con un nivel de producción legislativo tan bajo. Es lo que se desprende si se presta atención a la anterior legislatura. Desde julio de 2015 a finales de octubre de 2016, el mismo espacio temporal, en la Asamblea de Madrid salieron adelante una decena de normas: 3 proposiciones de ley y 7 proyectos de ley, según consta en la página web del Parlamento regional. En la Cámara asturiana, por su parte, se dio luz verde a media docena de iniciativas: 4 procedentes del Ejecutivo regional y un par más llegados desde los propios grupos parlamentarios. Y en el caso de Castilla y León, ese número se situó en tres: el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la región para 2016, el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y la proposición de Ley de creación del Estatuto del Consumidor.

Hasta media decena

Menos de media decena de textos han recibido luz verde, por su parte, en otras cinco comunidades en el último año y medio: Baleares, Aragón, La Rioja, País Vasco y Galicia –en estas dos últimas, que acaban de arrancar legislatura, se han tenido en cuenta aquellas a partir de julio, cuando se constituyeron la mayoría de Parlamentos autonómicos–. En la primera, se han aprobado dos normas: el proyecto de ley de presupuestos para 2020 y una proposición de ley para reformar uno de los artículos de la Ley de Capitalidad de Palma en relación con el defensor de la Ciudadanía. Una norma más, tres, se ha aprobado en lo que va de legislatura en suelo aragonés. En concreto, se han sacado adelante las cuentas públicas para este año, un texto por el que se bonifican para lo que resta de 2020 la tasa fiscal sobre el juego y el impuesto medioambiental a las grandes áreas de venta y la Ley de Estadística, que tiene como objetivo establecer un sistema estadístico oficial propio en la comunidad autónoma –hasta la fecha, era la única región que no disponía de una regulación en este sentido–.

Tres normas se han aprobado en lo que va de legislatura, también, en La Rioja y País Vasco. En la primera comunidad, dos tienen un carácter exclusivamente económico-financiero: la de presupuestos y la de medidas fiscales y administrativas para 2020, a la que se suma otro proyecto de Ley por el que se modifica la denominación del municipio de Lumbreras, una iniciativa que parte del Consistorio de dicha localidad, que pasará a denominarse Lumbreras de Cameros. En la segunda, se ha dado luz verde a dos proyectos de Ley –el de presupuestos para este año y el de modificación de este mismo texto a causa de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia– y a una proposición, impulsada y respaldada por los cinco grupos en la Cámara, para que quede prohibida totalmente la caza con armas en las denominadas “zonas de seguridad”. En Galicia, son cuatro los proyectos que han sido aprobados en el Parlamento: presupuestos, medidas fiscales y administrativas, una ley relativa al uso de aguas termales y una norma de medidas de garantía del abastecimiento en situaciones de sequía o riesgo sanitario.

Media decena de textos han recibido el beneplácito de las Cámaras autonómicas en otras cuatro regiones: Canarias, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia. Más allá de cuentas públicas y medidas fiscales, entre las normas alumbradas algunas tienen un marcado carácter social. Es el caso, por ejemplo, de la Ley del Juego en territorio valenciano, que prohíbe la apertura de este tipo de establecimientos a menos de 850 metros, o del proyecto de Ley canario que frena la puesta en marcha de nuevos locales de apuestas o salones de juego, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, se ha dado luz verde también a diferentes textos para mitigar el impacto socioeconómico del coronavirus, algunos de ellos, centrados en cuestiones específicas como la vivienda y el medioambiente. Andalucía, Cataluña y Cantabria, por su parte, han aprobado 7, 8 y 9 textos, respectivamente. De ellos, destaca la proposición de ley para regular el precio del alquiler en decenas de municipios catalanes aprobada por el Parlament a comienzos de septiembre con los votos a favor de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem y las CUP.

En Castilla-La Mancha y Navarra se dispara

Dos comunidades autónomas se salen de la tónica general en cuanto a producción legislativa: Castilla-La Mancha y Navarra. En la primera región, donde el PSOE gobierna con una amplia mayoría absoluta, se ha dado luz verde en las Cortes en lo que va de legislatura a nada menos que una quincena de textos diferentes. Diez de ellos son proyectos, es decir, parten directamente del Ejecutivo de Emiliano García-Page, un grupo en el que destacan la Ley de Protección y Defensa de los Animales, la Ley de Economía Circular o la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales. A estas hay que añadir, además, otras cinco proposiciones de los grupos –de las ocho registradas en lo que va de legislatura– que ya tienen el visto bueno del Pleno del Parlamento. Alguna de ellas, centrada exclusivamente en la pandemia de coronavirus y pionera en el país. Es el caso de la Ley para crear una reserva estratégica de productos sanitarios en la región, un texto que tiene por objetivo “establecer la obligación de mantenimiento de existencias mínimas” de equipos de protección individual, estableciendo incluso un marco sancionador para castigar los incumplimientos.

En el caso de Navarra, el número de iniciativas legislativas aprobadas por el Parlamento regional en este casi año y medio asciende a 23. La inmensa mayoría son proyectos de Ley que el Gobierno navarro ha sacado adelante por el procedimiento de lectura única y que tienen un perfil económico-financiero, como por ejemplo la aprobación de numerosos créditos extraordinarios o las modificaciones tributarias. Sólo dos de estos textos que han recibido luz verde parten, directamente, de los grupos parlamentarios. Una es la Ley de Símbolos, que recibió el beneplácito del Pleno de la Cámara tres años después de que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E derogaran el anterior texto. La otra es una reforma de la Ley de incompatibilidades autonómicas, impulsada por EH Bildu, para derogar el complemento del 25% que hasta la fecha han percibido aquellos altos cargos de confianza de la administración foral tres regresar a sus plazas habituales de funcionarios.

La mayoría de estas comunidades autónomas siguen una tónica similar a la de Madrid, Castilla y León y Asturias. La producción normativa en gran parte de ellas también se ha ralentizado. Así, por ejemplo, en Aragón se han alumbrado hasta la fecha ocho textos menos que los que recibieron luz verde entre julio de 2015 y octubre de 2016. En Extremadura y la Comunitat Valenciana, se han aprobado en la Cámara regional la mitad de textos que en el mismo periodo de la legislatura anterior. Una diferencia que es aún más grande en el caso de Murcia, donde la producción normativa en el arranque del Ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez se tradujo en una veintena de textos en algo menos de año y medio, frente a los cinco actuales. En otras comunidades, sin embargo, la tendencia ha sido la contraria. En Canarias se dieron luz verde entre julio de 2015 y octubre de 2016 a un par de textos, frente a la media decena actual. En el caso de Cantabria, se ha aumentado de siete a nueve. Y en el de Castilla-La Mancha, se ha pasado de 6 a 15. La diferencia en este caso es que ahora el PSOE gobierna en solitario con mayoría absoluta.

 

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