No hay peor sordo que el que no quiere oír

Este es el título de una comedia del ilustre Tirso de Molina, escrita en 1626 y que, a lo largo de los años, se ha convertido en dicho popular para referirse a cómo se convierten en inútiles los razonamientos dados, por muy evidentes que puedan ser, a otra parte si esta última no quiere atender a dichos razonamientos.

En esta ocasión nos viene que ni pintado para hablar de los múltiples intentos de razonar que han sido trasladados en los últimos años al Ministerio de Defensa, bien directamente a su máxima dirigente, la ministra Margarita Robles, bien al resto de responsables con competencia en materia de personal, y me refiero fundamentalmente a las personas que han ostentado en este periodo de tiempo la titularidad de la Subsecretaría de Defensa. Recordemos que la ministra Robles va camino de cumplir los ocho años en el cargo, y durante ese tiempo han sido tres las personas que han ocupado el cargo en su Subsecretaría.

Hablemos de la situación del personal militar y de las grandes carencias con las que desarrollan su servicio a la ciudadanía en su día a día.

No es nada nuevo para el lector saber que los militares tienen, tenemos, disponibilidad permanente para el servicio, y esto supone que pueden ser requeridos para incorporarse a su destino en cualquier momento, algo que hemos comprobado en los últimos tiempos con cierta asiduidad, como por ejemplo para atender a las distintas catástrofes que han asolado nuestro país en el último decenio: Filomena, Covid, volcanes, dana, incendios, nevadas o inundaciones, además de cumplir con nuestras principales misiones como son la seguridad y la defensa del país, y por extensión de las distintas organizaciones multinacionales a las que España pertenece, OTAN, UE, ONU, etc.

Digamos entonces que el militar es un trabajador con un vínculo especial con la sociedad, y esta sociedad suele reconocer con gran estima el trabajo que desempeña, pero obviamente hay aspectos de su desarrollo profesional que no le son tan conocidos, y es aquí donde entra en juego el trabajo de las asociaciones profesionales, a las que la ley les otorga el papel de velar por la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares.

Velando por esos intereses, las asociaciones llevan mucho tiempo —en el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) desde 2005, siendo uno de los motores que impulsaron el pleno reconocimiento legal de la normas por las que hoy se rigen todas las asociaciones profesionales— ejerciendo como tales y no han dejado de expresar la precaria situación de los miles de hombres y mujeres que componen nuestras queridas Fuerzas Armadas; han salido a la calle manifestándose en diversas ocasiones para defender o reclamar esas mejoras, han elevado quejas ante el Defensor del Pueblo, han hablado con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los de los partidos que sustentan el gobierno, han participado en debates y foros intentado aumentar el escaparate de sus reivindicaciones, han emitido innumerables notas de prensa y elaborado cientos de propuestas dirigidas al propio Ministerio de Defensa, para ser tratadas en el supuesto órgano de interlocución que es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En definitiva, han hecho y seguirán haciendo todo cuanto esté en sus manos para seguir proclamando a los cuatro vientos la precaria situación profesional del colectivo militar.

En la negociación entre sindicatos y Gobierno se establece la jornada de 35 horas semanales, y ya el Gobierno está dejando caer el mensaje de que no será de aplicación a las Fuerzas Armadas

El punto que suscita mayor incomprensión entre el personal es el referente a las retribuciones. Como antes he mencionado, esa dedicación permanente para el servicio que afecta al personal militar hace que muchos superen con creces —llegando incluso a doblar— la jornada laboral establecida que, de momento, es de 1.642 horas al año, como el resto de los trabajadores de la Administración General del Estado; digo de momento, porque en la actualidad esa jornada está referida a 37,5 horas semanales, pero en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en la negociación entre sindicatos y Gobierno se establece la jornada de 35 horas semanales, y ya el Gobierno está dejando caer el mensaje de que no será de aplicación a las Fuerzas Armadas.

El trabajador militar, en el escalón más bajo de la pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas, es decir. el soldado o marinero, que a su vez es el empleo más abundante en dicha pirámide, apenas cobra un salario neto de 1.300€ al mes, situándose como los empleados de la Función Pública con unas retribuciones más bajas.

Las jornadas superan de largo lo legalmente establecido y esos excesos horarios no tienen ninguna compensación económica, ya que no se pagan las horas extras, ni las guardias, maniobras o situaciones similares.

Por otra parte, el militar está sujeto a una movilidad muy superior a la de otros servidores públicos. Esta movilidad no se ve compensada con otro tipo de ayudas suficientes que puedan paliar en cierta manera esas bajas retribuciones, ya que en la actualidad la red de alojamientos o residencias militares es totalmente insuficiente, además de deficiente, para atender ni tan siquiera al decreciente número de jóvenes que deciden formar parte de estas Fuerzas Armadas.

Otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el del reclutamiento. El Ministerio de Defensa realiza ingentes esfuerzos por difundir las distintas convocatorias de plazas de Tropa y Marinería, utilizando con asiduidad las redes sociales, que son las ventanas a las que hoy se asoma la juventud para recibir información, y también está presente en ferias y foros de empleo, añadidos a las charlas que se imparten en los centros educativos. Pues todo ello no es suficiente para convencer a nuestros jóvenes y, así, nos encontramos con que el número de chicos y chicas que optan a ellas va disminuyendo año tras año, a pesar de aumentar cada año el número de plazas: según los datos publicados en los últimos meses, apenas se llega a 3 candidatos por plaza ofertada. A esto hemos de añadir la gran cantidad de abandonos en el periodo de formación, en los que aproximadamente 1 de cada 4 alumnos no llega a culminar dicha formación en el acto de jura de bandera.

No pensemos que el resto de las escalas están en mejores condiciones, pues tampoco en las academias de suboficiales y de oficiales se llegan a cubrir todas las plazas ofertadas para el ingreso, y el número de bajas en la fase de formación también es significativa. Sumemos a esto el alto número de militares de ambas escalas que tras pocos años de servicio optan por otros ámbitos laborales, sean privados o públicos; sirva a modo de ejemplo cómo oficiales con una gran proyección de carrera optan por opositar a plazas de agentes de las policías locales o cómo suboficiales con igual proyección de carrera optan por opositar a la escala de Guardias y Cabos de la Guardia Civil, rebajando su “estatus” a una escala funcionarial más baja pero mejor retribuida. 

En definitiva, no somos capaces de retener el talento.

Centrémonos ahora en otro de esos “altavoces” que ponen de manifiesto la situación del personal militar, en este caso el Observatorio de la Vida Militar, órgano que nace de la misma ley orgánica que las asociaciones profesionales, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que es un órgano de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales, y cuya misión es analizar permanentemente la condición de los militares y velar por sus intereses.

Recordemos que el Observatorio de la Vida Militar debe estar compuesto por nueve miembros, cinco elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado de entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas. Para gozar de independencia, su nombramiento se efectúa por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años.

Hay soldados que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales

Entre sus cometidos está la elaboración y presentación ante las Cámaras de un informe anual propio de sus funciones, y de este modo nos podemos remontar a su primer informe del año 2014 con un apartado específico sobre movilidad geográfica en las Fuerzas Armadas, el de 2015 con un especial estudio de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, o el de 2016 con un estudio sobre las retribuciones en las Fuerzas Armadas. Y así llegamos al estudio correspondiente a 2024 presentado hace unos días por su presidente en la Comisión de Defensa del Congreso. Año tras año los mismos problemas se repiten de manera sistemática.

En dicha presentación, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, dejó de una manera muy clara y directa, en relación con las retribuciones, frases tan contundentes como las siguientes: “hay soldados que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales”, “reforma pendiente y urgente”, “descompensadas y desfasadas”, “pongan en valor la cualificación técnica, recompensen la movilidad permanente y la disponibilidad para el servicio”.

También habló el presidente de la escasez de recursos humanos de que adolecen en la actualidad nuestras Fuerzas Armadas, con una falta estructural de efectivos, con serios problemas en muchas unidades para mantener su operatividad, falta muy ligada principalmente a unas retribuciones escasas, a los problemas de movilidad geográfica y también a las faltas de promoción interna.

(Puede verse la intervención completa en el siguiente enlace: Comisión de Defensa - 24/02/2026)

De todos estos informes y estudios (disponibles en Estudios e Informes - OVM), se realiza un dictamen por parte la Comisión de Defensa, y en su contenido se dictan recomendaciones o “deberes”, siendo uno de los más repetidos el relativo a adecuación y mejora de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hemos mencionado la cantidad de ocasiones y el alto número de interlocutores que han aportado razonamientos evidentes y bien fundamentados destinados a la mejora de las condiciones del personal militar pero, lamentablemente, si la otra parte implicada, el Ministerio de Defensa, opta por no atender dichos razonamientos, nos lleva al título de este texto: no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Esperemos que luego no sea tarde para lamentaciones.

Este es el título de una comedia del ilustre Tirso de Molina, escrita en 1626 y que, a lo largo de los años, se ha convertido en dicho popular para referirse a cómo se convierten en inútiles los razonamientos dados, por muy evidentes que puedan ser, a otra parte si esta última no quiere atender a dichos razonamientos.

En esta ocasión nos viene que ni pintado para hablar de los múltiples intentos de razonar que han sido trasladados en los últimos años al Ministerio de Defensa, bien directamente a su máxima dirigente, la ministra Margarita Robles, bien al resto de responsables con competencia en materia de personal, y me refiero fundamentalmente a las personas que han ostentado en este periodo de tiempo la titularidad de la Subsecretaría de Defensa. Recordemos que la ministra Robles va camino de cumplir los ocho años en el cargo, y durante ese tiempo han sido tres las personas que han ocupado el cargo en su Subsecretaría.