Del 'caso Pegasus' a la bajada de impuestos (y otros graves trampantojos)

Por segunda vez en muy pocas semanas, el Gobierno afronta este jueves una votación clave en el Congreso cuyo resultado depende prácticamente de las hadas: o cede a las exigencias de algunos de los socios de investidura que reclaman cortar cabezas por el espionaje Pegasus, o da cancha al discurso demagógico de Feijóo que compromete bajadas de impuestos insostenibles, o confía en que alguien se haga ‘un Casero’ que facilite en el tiempo de descuento (como ocurrió con la reforma laboral) una salida del bucle que continuará debilitando la siempre endeble fortaleza de un gobierno de coalición en un parlamento altamente fragmentado. El nuevo líder del Partido Popular tiene muy fácil sacar réditos de su posición: él gana pase lo que pase, sobre todo si de su abstención depende la salida adelante de unas medidas urgentes contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania que siempre podrá defender o rechazar dependiendo de sus resultados.

Vayamos por partes:

1.- El escándalo provocado por el espionaje del CNI mediante el programa Pegasus se ha cruzado (curiosamente) en el camino de otra votación de esas que pueden hacer tambalearse a un gobierno en cualquier país democrático. Que haya o no una intencionalidad organizada en la explosión del asunto no resta un ápice de gravedad al hecho incontestable de que volvemos a descubrir que “en este casino se juega”. Cuesta más entender las contradicciones cacareadas por el camino en la gestión de los daños. ¿Hubo escuchas a mansalva en 2017 a políticos o activistas partidarios del independentismo? Si fuera así, procedería llamar a declarar en sede parlamentaria y/o judicial a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Pico, como mínimo, responsables entonces de estar al tanto de lo que los servicios de inteligencia hacían o no (siempre con autorización judicial, se supone) para defender “la estabilidad e integridad territorial del Estado”). Pero no sólo porque hubieran ordenado o permitido la intromisión en la intimidad de un montón de ciudadanos y la violación de sus datos personales, sino también (desde un punto de vista estrictamente político) por su demostrada incompetencia. ¿Para qué tanto espionaje si no se enteraron de la organización del referéndum del 1 de octubre, ni del origen y distribución de las urnas ni de la vía de huida posterior de Puigdemont en el maletero de un turismo? ¿Qué coño escuchaban quienes se dedicaban por órdenes políticas y/o judiciales a escuchar al prójimo? Sin acritud: ¿no tiene nada que decir el juez responsable de autorizar o denegar las escuchas que propongan los servicios de inteligencia del Estado? Y un detallito más: unas escuchas autorizadas judicialmente en 2017 con motivo de la anunciada rebelión independentista quizás tengan un encaje en la arquitectura legal de la actuación del CNI, pero ¿tres años después? ¿Bajo qué argumento se puede sostener el espionaje sobre un asunto juzgado y sentenciado ya con penas durísimas, incluso incomprensibles desde el punto de vista del derecho internacional? Espiar a quien ya ha sido indultado de sus presuntas culpas cabalga entre el surrealismo y la estulticia. No tiene el escándalo salida fácil. Dentro del CNI los ánimos están que trinan, a la escucha de que se exige “cortar cabezas”. Quienes se ven señalados aducen: “nunca actuamos sin autorización política y judicial”. La patata está en el ministerio de Defensa y en el Tribunal Supremo. Con nombres y apellidos.

Quedémonos con algo positivo de cara al debate parlamentario de este jueves: el PP ha pasado de tachar de “clientelistas e ineficaces” los fondos europeos logrados por España, a reclamar “medidas para agilizar la ejecución” de esos mismos fondos

2.- El PP de Núñez Feijóo aprovecha la compleja coyuntura para colocar exigencias que le permitan anotarse tantos (ya sean fácticos o simplemente teóricos) en el debate político. Y aquí procede ser contundentes (creo): el nuevo líder popular ha convertido en eje de su discurso la promesa de una “bajada de impuestos”, vía IRPF, vía IVA a la electricidad, etc, que cosecha frutos con su simple enunciado a pesar de que sea bien sencillo desmontar el trampantojo: ni Feijóo y el PP han bajado nunca los impuestos a quienes más sufren la carga fiscal (ver aquí), ni existe hoy por hoy una sola autoridad económica internacional que no advierta de lo contraproducente que sería una reducción de impuestos en la coyuntura crítica que padecemos (ver aquí). Lo que a uno le sorprende no es que el PP insista en el demagógico y electoralista mensaje de la rebaja fiscal, sino que el Gobierno de coalición y todos sus socios de investidura no contrapongan de inmediato una propuesta sólida y valiente de reforma fiscal justa y progresiva que España viene necesitando (y aplazando) desde la mismísima aprobación de la Constitución de 1978. Va siendo hora, cuando seguimos sufriendo una recaudación fiscal 5,5 puntos por debajo de la media europea, y no por culpa de los asalariados que llevan toda su vida laboral trabajando más de tres días de cada siete para la caja común, sino más bien por la actuación de todos esos ‘patriotas’ expertos en desviar beneficios a paraísos fiscales o a deducirse de forma legal hasta el oxígeno que respiran. Quedémonos con algo muy positivo de cara al debate parlamentario de este jueves: el PP ha pasado de tachar de “clientelistas e ineficaces” los fondos europeos logrados por España, a reclamar por escrito “medidas para agilizar la ejecución” de esos mismos fondos. Cualquier aterrizaje en la realidad frente a la pura y dura desinformación, bienvenido sea.

3.- En su infinita capacidad para el asombro, a uno le produce perplejidad el hecho de que en España —al tiempo que afrontamos los efectos de una guerra en Europa y las consecuencias de una pandemia— nos dediquemos a discutir con vehemencia durante semanas o meses la conveniencia o no de adelantar elecciones en Castilla y León o Andalucía. Peor aún: quienes dominan el debate público (nunca suficientemente alimentados por las subvenciones institucionales y su bien financiada potencia en la guerra del click) han conseguido sin la más mínima dificultad instalar el axioma de que era imprescindible abrir un ciclo electoral autonómico en mitad de una situación excepcional desconocida desde la Segunda Guerra mundial. ¿Alguien pregunta por los efectos que ya ha tenido esta táctica política cortoplacista en Castilla y León y ahora en Andalucía en la ejecución de los fondos europeos concebidos precisamente para afrontar con urgencia las consecuencias de esta megacrisis? No pasa absolutamente nada. Por el camino ya se ha normalizado a la extrema derecha en el sistema institucional y se ha dado vía libre a la derecha supuestamente moderada para gobernar como mejor le plazca o le permitan los números: bien sea con un pacto con Vox o con el consentimiento/rendición del PSOE. 

4.- El reto de las fuerzas progresistas en España va mucho más lejos de lo que ocurra en el Congreso este último jueves de abril. No se trata sólo de sacar adelante medidas keynesianas para afrontar lo peor y más urgente de las consecuencias de la guerra en Ucrania, del galáctico incremento de la inflación por los precios energéticos o de la necesidad de afrontar hojas de ruta que frenen la crisis climática. Se trata de que tanto el PSOE como todo el espacio a su izquierda comprendan que nos enfrentamos a una encrucijada que marcará a esta y a las siguientes generaciones. Feijóo está lanzando mensajes muy sencillos de comprar: “este señor me rebaja el IRPF, y parece serio, moderado y sensato”. No demos tanta importancia a la intención de voto de los sondeos como a las tendencias, a la valoración de líderes y a la credibilidad de propuestas (por increíbles que sean a nada que uno se esfuerce en informarse). Si no se confronta ese discurso con una didáctica valiente y sólida sobre la urgencia de la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude de las élites extractivas y los comisionistas que nadan en la impunidad… disculpen el pesimismo, pero no es descabellado pensar que retomarán el poder muy pronto quienes siempre han estado convencidos de que ese poder les pertenece por herencia.

5.- Para ser claros: me parece secundario (por mucha demagogia que obviamente encierran los ultimátums planteados a raíz del caso Pegasus) que tenga que caer un alto cargo del CNI, un enlace con Moncloa o la mismísima ministra de Defensa. Es prioritario que este jueves salga adelante una batería de medidas que contribuirán sin duda a proteger a los sectores más castigados por la crisis y a evitar una eclosión social que, más pronto que tarde según el grado de prepotencia que muestren los más listos de la clase, está más o menos pronosticada. ¿Esto es imponderable y debe salirle gratis el Gobierno? Pues obviamente no. Se equivocan Sánchez y sus asesores si piensan que no tiene caducidad la fuerza del mensaje de que todo es válido y aceptable ante la amenaza de terminar gobernados por un pacto entre la derecha y la ultraderecha. Miremos a Francia, pero sin espejismos sectarios: cada punto de crecimiento de Le Pen es en buena parte responsabilidad de la prepotencia de Macron, y, más atrás, de la ceguera de la socialdemocracia.

Hoy mismo, coincidiendo con la votación clave en el Congreso, infoLibre desvela datos que deberían sonrojar no ya a quienes han demostrado reiteradamente que les importa un bledo la responsabilidad democrática en el servicio público, sino también a quienes autojustifican su voto con la excusa del supuesto “mal menor”, el “ventilador” o el “y tú más”. Lean, por favor, lo que aportamos sobre una de las clamorosas estafas al Ayuntamiento de Madrid en el tramo peor de la pandemia. Si a usted le parece justificable, si cree que a cualquiera podría haberle pasado, ya le anticipo que a servidor le dan ganas (una vez más) de hacerse portugués. Hemos identificado y localizado a uno de los presuntos estafadores de dinero público. Que cada palo aguante su vela, ya se trate del poder político o del judicial. Respecto al oficio del periodismo, aquí procuramos cumplir nuestro compromiso, siempre que contemos con su apoyo en forma de suscripción. (No es publicidad, créanme, sino reclamación cívica y democrática).