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El juez Marchena nos quiere gobernar

Se diría que antes o después de que el Gobierno o el Parlamento deciden una medida a favor de la convivencia o de los sectores más castigados por las múltiples crisis surge alguna contramedida desde otros poderes empeñados en marcar no sólo la conversación pública sino el funcionamiento mismo de la gobernabilidad.

Este martes se aprueba una nueva subida del salario mínimo que lo sitúa en 1080 euros al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La medida supone un alza de los salarios más bajos del 47% desde 2018. Quienes ganaban 735 euros hace cinco años hoy ganan 1.080, como se prometió en el acuerdo de gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Contra los vaticinios catastrofistas, ya parece suficientemente documentado que subir el salario mínimo no destruye empleo ni dispara la inflación, o al menos no lo hace de forma automática, como sugerían las más variadas voces de la ortodoxia neoliberal, desde la CEOE al mismísimo Banco de España. Lo que sí está demostrado es que subir salarios en la franja más baja ayuda a reducir la brecha de desigualdad, el mayor problema socio-económico que enfrenta el capitalismo desde hace mucho tiempo.

Pero muy poco se hablará de esta medida, como de tantas otras que conforman el llamado “escudo social” que define el grueso de las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno de coalición desde que estalló la pandemia del covid (pocas semanas después de su toma de posesión) hasta hoy, con la invasión de Ucrania por medio, la crisis de suministro energético y la inflación disparada por ese y algunos otros factores (ninguno relacionado, por cierto, con un “calentamiento” de la demanda que justifique las galopantes subidas de los tipos de interés que vienen decretando los bancos centrales como si no hubiera un mañana para los hogares hipotecados). Y los principales bancos aplican esas subidas a toda velocidad, cosa que no hacen con la rentabilidad de los ahorros, especialmente en España (ver aquí).

Se diría que la subida del salario mínimo, los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, el “tope ibérico” que ha permitido el mayor descenso de Europa en el precio de la luz o las ayudas directas a hogares y empresas para superar baches inéditos hubieran surgido como por esporas, medidas caídas del cielo como esos beneficios extraordinarios que nutren la caja de las grandes energéticas.

Es probablemente el mayor problema del Gobierno de coalición: su incapacidad o impotencia para lograr que la conversación pública no difumine los avances conseguidos en un periodo de turbulencias inéditas. Porque esa es la realidad: el debate político sigue girando sobre los asuntos que más interesan a la derecha política, económica y judicial. Desde el sí es sí y sus “efectos indeseados” hasta la aplicación de la reforma de la sedición o de la malversación a los condenados por el procés

Vaya por delante una obviedad: todo el mundo acatará el fallo emitido este lunes por la Sala Penal del Tribunal Supremo. Es lo que tenemos los demócratas, aunque pensemos que una sentencia es disparatada, la respetamos y cumplimos, porque creemos en la ley y en la separación de poderes. Dicho esto, volveré a algo que en más de una ocasión hemos denunciado aquí: las ilegalidades cometidas por dirigentes independentistas en 2017 han tenido una respuesta penal absolutamente excesiva, y la renuncia del Gobierno de Rajoy a afrontar por vías políticas el conflicto constitucional hizo que algunos jueces y fiscales se erigieran en una especie de salvadores de la patria que consideran como misión personal y colectiva “parar los pies” a quien pretenda resolver de forma democrática y dialogada la llamada "cuestión catalana".

Se permite Marchena aseverar que la reforma penal aprobada por el Legislativo “desenfoca el problema”!!!, y advierte además que con esta reforma quedarán “impunes” futuros ataques a la Constitución

Ha decidido como ponente Manuel Marchena, presidente de esa Sala Penal, junto al resto de magistrados que dictaron la sentencia del procés, que la reforma legal aprobada por el Legislativo no debe aplicarse en el sentido que este pretendía. Sostiene Marchena (como previamente hizo su colega Pablo Llarena) que el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” no es aplicable a los hechos ocurridos en octubre de 2017 previamente calificados como “sedición”, y que tampoco es aplicable a los principales dirigentes independentistas la “malversación atenuada” al no existir ánimo de lucro, sino que por el contrario se mantendrá la “malversación agravada”, de forma que, por ejemplo, Oriol Junqueras no podrá ejercer ningún cargo público hasta el año 2031 (ver aquí).

La carga política del fallo del Supremo no se queda ahí. Se permite Marchena aseverar que la reforma penal aprobada por el Legislativo “desenfoca el problema”!!!, y advierte además, en una combinación de vaticinio apocalíptico o de mensaje nada cifrado para las huestes independentistas, que con esta reforma quedarán “impunes” futuros ataques a la Constitución que no se ejecuten "con violencia e intimidación". Como si no existieran otras fórmulas legales ya comprobadas de frenar cualquier asalto a la legalidad constitucional (empezando por la aplicación del 155).

Desde la atalaya de la sabiduría técnico-jurídica, es evidente que se está torpedeando el intento político de favorecer la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el resto del Estado. Si la impopular y discutible reforma de la malversación (“arriesgadísima”, como reconoció el propio presidente del Gobierno) tenía como principal objetivo desjudicializar el problema y evitar que se incendiara de nuevo con el ingreso en prisión de varias decenas de excargos independentistas, ni siquiera dirigentes del procés, veremos ahora cómo evoluciona. Frente al “ibuprofeno” aplicado por el Gobierno para “desinflamar” el conflicto, llega el Supremo repartiendo anfetaminas. 

Sobran a estas alturas los motivos para que los socios del Gobierno de coalición adquieran conciencia de la magnitud de los obstáculos que el sistema político, judicial, económico y mediático está dispuesto a poner en estos próximos meses para que no se repita la experiencia de un ejecutivo de izquierdas. De modo que sobran también los esfuerzos que desde algunos sectores del PSOE y de Unidas Podemos se dedican a provocar la fractura de la coalición, con la excusa de la gestión del sí es sí, con la disputa por demostrar quién es más feminista o con el pulso por colgarse las medallas de los anuncios sociales. Por ese camino no se moviliza a un electorado exigente que sí sale a la calle cuando se trata, por ejemplo, de defender la sanidad pública. Conviene, y mucho, no "desenfocar el problema".

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